El Gobierno ofrece 66 mil millones de reajuste salarial, pero eso representa el 10% de lo que exige Asonal Judicial. El paro lleva 21 días.
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Septiembre 25 de 2008

Paro judicial ha dejado en libertad a 1.026 personas


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Según cifras divulgadas por el Gobierno Nacional, 1.026 personas han sido dejadas en libertad en los últimos 21 días debido a que no han sido judicializados a raíz del paro nacional de trabajadores de la rama Judicial.

El cese de actividades de trabajadores judiciales a nivel nacional, motivado por los congelamientos salariales anunciados por el Gobierno en los primeros días de septiembre, ha generado que 1.026 personas hayan quedado libres pese a los crímenes que les imputa, anunció el Gobierno.

El informe divulgado cuenta con la colaboración de la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Policía Nacional y alerta sobre los perjudiciales efectos secundarios que ha dejado el cese de labores de los trabajadores de juzgados en la gran mayoría del país.

Entre las 1.026 personas que han quedado en libertad, se destacan casos de violencia intrafamiliar, como también otros de mayor gravedad, como homicidio.

El segundo problema más complicado que divulga el Gobierno apunta hacia unos 250 mil ciudadanos a quienes no se les ha tramitado más de 65 mil providencias en curso.

Este anuncio se produce después de varias rondas de negociación sostenidas entre emisarios del Gobierno y los miembros de Asonal, y tras las cuales no se ha llegado a un acuerdo conjunto que ponga punto final al paro.

Buscando culminar el cese de actividades de los trabajadores judiciales, el Gobierno anunció que ha hecho todos los esfuerzos fiscales para lograr la nivelación salarial que solicitan los huelguistas, pero su propuesta final de 66 mil millones de pesos no ha sido suficiente para llegar a un acuerdo, pues constituye apenas una décima parte de la demanda de Asonal Judicial.

El Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio ya había alertado sobre este fenómeno de impunidad al señalar que "la policía ha tenido que liberar a muchos delincuentes peligrosos (…) todos debemos entender que la justicia es un servicio público que la ciudadanía reclama".

Ante esta situación, el jefe de la Cartera de Interior y de Justicia ha solicitado a la Fiscalía que inicie investigaciones “contra los funcionarios y empleados que persistan en el cese e incurran en violaciones de la ley penal".

El paro es legal: Cortes

Por su parte, las altas cortes y consejos judiciales consideraron justa la exigencia de nivelación salarial de los miles de empleados de la administración de justicia del país, que desde el pasado 3 de septiembre están en una huelga nacional indefinida.

"Las pretensiones sobre la dignificación de los salarios son justas (y) es necesario que exista una programación gradual, en cantidad y tiempo", afirmaron los portavoces de la rama judicial en un comunicado público.

El documento fue elaborado durante una reunión en Bogotá por la Comisión Interinstitucional de la rama judicial, conformada por los presidentes de las cortes Suprema de Justicia y Constitucional, los consejos de Estado y Superior de la Judicatura, y los tribunales superiores y contenciosos administrativos del país.

El encuentro se centró en el análisis del paro que mantienen cerca de 40.000 funcionarios, por convocatoria de la Asonal Judicial, que reclaman mejores salarios y respeto a la autonomía e independencia del sector, entre otros asuntos.

Según la Comisión Interinstitucional, "el Gobierno nacional se debe comprometer a negociar en un plazo razonable" las peticiones salariales de los huelguistas por cuanto, dijo, "la baja remuneración desestimula la calidad, la estabilidad y la dignificación de la justicia".

El comité de la rama judicial también advirtió de que los jueces y magistrados no aceptan y condenan que "se utilicen posiciones de fuerza para impedir que se desempeñen con normalidad las sagradas responsabilidades asignadas como administradores de justicia.

"Los jueces estamos para resolver conflictos, no para generarlos", enfatizó la misma fuente, que solicitó a los responsables de la administración judicial que ayuden a garantizar el ingreso en los palacios y despachos judiciales de los funcionarios que no comparten el método de la huelga.

A partir de este jueves 25 de septiembre, los huelguistas comenzarán a no recibir sueldo hasta que no reanuden actividades, agregó el Gobierno.

Terra Colombia / Agencias
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