Noviembre 4 de 2008
Crímenes de Guerra: verdad, justicia y reparación vs. procesos de paz
INFOGRAFÍA: ¿Cuáles son los Crímenes de Guerra en el Estatuto de Roma?
La entrada en Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar Crímenes de Guerra abre la puerta para que se impongan sanciones drásticas a las atrocidades cometidas por los diferentes actores del conflicto, pero también podría cerrar las puertas para que más adelante se puedan realizar procesos de paz con grupos ilegales; en los que se les ofrezca bajas penas y prebendas para que depongan las armas (al estilo Ley de Justicia y Paz).
En la última semana, el Partido Liberal solicitó al Gobierno que se levante la reserva (disposición de transición) para que la CPI pueda juzgar los Crímenes de Guerra en el país.
De entrar a regir la totalidad del Estatuto de Roma, en cuanto a los Crímenes de Guerra, significaría la entrada de la CPI como organismo que garantice una justicia poco indulgente con los victimarios.
Claro ejemplo del papel que ejercería la Corte, se encuentra en la condena hasta 18 años a tres ex carceleros del campo de concentración Celebici, activo centro de torturas contra serbios durante la guerra de Bosnia-Herzegovina (Ver recuadros).
“A partir del momento en que Colombia acepte que la Corte puede juzgar los Crímenes de Guerra, éstos serán de conocimiento de la Corte. Delitos como infracciones graves a los convenios de Ginebra, homicidio intencional o tortura" (Ver infografía de delitos de guerra), explicó a Terra Colombia Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.
Al levantarse esta disposición de transición, la Corte no hará distinción entre los protagonistas de los crímenes. Esto deja la puerta abierta para que los grupos armados ilegales, la delincuencia común y los crímenes de Estado puedan ser investigados por la CPI.
“Los Crímenes de Guerra son cometidos por parte de grupos armados ilegales y agentes del Estado. En el contexto actual en el que se han presentado estas situaciones en las que civiles han sido asesinados y luego son mostrados como muertos en combate (desaparecidos de Soacha), pueden ser llevados ante la CPI”, dijo a Terra Colombia Iván Cepeda, vocero del Movimiento de las Víctimas de Crímenes de Estado.
En El Congo:
Lubanga,
primer arresto de la CPI |
Thomas Lubanga Dyilo, ciudadano congolés líder de la ‘Unión des Patriotes Congolais’ (Unión de patriotas congoleses por sus siglas en francés) fue arrestado el 17 de marzo de 2006 en Kinshasa y transferido a la CPI, por presumirse que cometió crímenes de guerra consistentes en reclutar y alistar a niños menores de 15 años para participar en hostilidades en la República Democrática de Congo, donde fue jefe militar.
Lubanga es la primera persona arrestada y transferida a la CPI por crímenes cometidos a partir de julio de 2002, atendido el principio de la irretroactividad que inspira los procedimientos de la CPI en virtud del artículo 24 del “Estatuto de Roma”, en cuanto “nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”.
Como presunto fundador de la Union of Congolese Patriots (UPC) y Comandante en Jefe de su ala militar, Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), Lubanga es acusado de alistar y reclutar a menores de quince años para participar activamente en hostilidades entre septiembre de 2002 y agosto de 2003.
Thomas Lubanga, un miliciano de la República del Congo que “ordenó entrenar niños para matar, los hizo matar y dejó que se murieran”, según sentenció durante la audiencia de acusación el abogado de la fiscalía de la Corte Penal Internacional”.
(*) Información tomada de la página de internet de la CPI.
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Condenas para torturadores de la
Antigua Yugoslavia |
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPI) impuso condenas de hasta 18 años de cárcel en total a tres ex carceleros del campo de concentración Celebici, activo centro de torturas contra serbios durante la guerra de Bosnia-Herzegovina (1992-1995).
En el juicio que se seguía en su contra desde 1996, el TPI les encontró culpables de atrocidades contra serbios cometidas en 1992, entre ellas múltiples asesinatos y violaciones.
Dos de los condenados son musulmanes y el tercero un croata. El primer juicio del TPI contra un musulmán por atrocidades contra serbios se realizó en octubre de 2001 contra Zdravko Mucic, ex jefe de un campo de concentración, quien fue condenado a siete años de cárcel.
Su mano derecha, Hazim Delic, fue condenado a 20 años por graves crímenes contra la humanidad, y su subalterno Esad Landzo, a 15 años de prisión.
Después de que los acusados apelaron en primera instancia, el juicio fue trasladado a una cámara especial del TPI, en la que se limitó la pena para Delic a 18 años y la de Mucic se aumentó a nueve años. La de Landzo se mantuvo en 15 años. En segunda instancia, el TPI confirmó esas penas. No se sabe en qué país cumplirán la condena.
(*) Información tomada de la página de internet de la CPI.
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Las víctimas celebran la eventual entrada en rigor la potestad de la CPI para investigar esta tipificación criminal: “Es un paso necesario la entrada en vigor de la CPI, pero lo ideal hubiera sido que esa reserva no se hiciera y que se pudiera a tener acceso a justicia en relación a Crímenes de Guerra desde el momento en que Colombia se adhirió y entró en vigor el Estatuto”, dijo a Cepeda.
Además, Cepeda celebra que entre en rigor el Estatuto, pues “ahora quienes hayan cometido esos crímenes, tendrán una razón para pensar en lo que ha hecho a los no combatientes y civiles”, anunció.
Gobierno estudia levantar la reserva o disposición de transición
En octubre de 2007, cuando el fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, visitó el país, el presidente Álvaro Uribe “había dicho que iba a levantar los Crímenes de Guerra y no se ha levantado. Dice unas cosas que nunca cumple”, dijo Abello.
Sin embargo, ahora el Gobierno, en voz del canciller Jaime Bermúdez, afirmó que se está estudiando levantar la reserva solicitada en 2002, y que entró a regir a partir del 1 de noviembre de ese año.
El Canciller respondió así a una solicitud expresada por el liberalismo que, en la Comisión Primera del Senado, pidió que se levantara esa reserva antes de que acabe 2008, al considerar que en el país no se están juzgando delitos de guerra.
Sin embargo, Abello aclaró que no es necesario esperar a que se levante esa disposición de transición, porque “muchos de los Crímenes de Guerra puede ubicarlos dentro de lesa humanidad. No hay una escapatoria para esos crímenes porque sólo quedaron exentos los Crímenes de Guerra”. Por eso, la Corte tiene potestad para investigar otros crímenes sin necesidad de esperar que el Gobierno la levante o se terminen los términos de esa disposición de transición.
La entrada en vigencia de la totalidad del Estatuto de Roma no tiene retroactividad, es decir que sólo podría investigar y juzgar los delitos que se cometan en el futuro. “La Corte podría conocer desde la entrada en vigor de Estatuto de Roma en genocidio y la lesa humanidad, pero luego de que se culmine el periodo o se levante la transición, podrá juzgar los delitos de guerra”, explicó Abello.
La entrada del Estatuto pondría trabas a cualquier proceso de paz futuro
El clamor de justicia es claro: “los tres derechos de todas las víctimas son verdad, justicia y reparación. Tienen que ser ejercidos de manera plena, y por eso el Movimiento ha apelado a todos los mecanismos de justicia disponibles. Esta situación implica que se utilicen los sistemas de derecho y justicia tanto en el país como en el exterior”, explicó Cepeda.
Por eso las víctimas reclaman que las condenas y el esclarecimiento de la verdad sea ejemplar. Sin embargo, la entrada en vigencia del Estatuto de Roma trae algunas implicaciones al país que se hace necesario analizar:
Los procesos de paz en Colombia y la Ley de Justicia y Paz han sido laxos frente a los grupos armados ilegales, para que dejen las armas, se desmovilicen, reparen y paguen sus penas, según han afirmado constantemente voceros de las víctimas.
Pero en toda negociación, cada una de las partes tiene que ceder. El Gobierno, con el fin de lograr la masiva desmovilización de los grupos paramilitares –por ejemplo- ofreció la Ley de Justicia y Paz, en la que se les dio a los paramilitares condenas más bajas con el fin de que contaran toda la verdad y reparar a sus víctimas.
Sin embargo, respecto a si la entrada en rigor de la CPI puede ser un obstáculo a un eventual proceso de paz, “el Estatuto tiene una especie mecanismos para que en determinadas situaciones de procesos de paz y resoluciones de conflictos se pueda negociar”, explicó Cepeda.
En medio ese proceso se descubrieron los resonados nexos entre grupos paramilitares y políticos, generando el fenómeno de la parapolítica, entre otras consecuencias que sirvieron para esclarecer el panorama nacional.
Las víctimas sienten que la justicia no ha sido lo suficientemente contundente, pues “creo que en Colombia hay una impunidad que alcanza una taza del 95 al 98 por ciento. Esa impunidad cubre crímenes de lesa humanidad, genocidio y Crímenes de Guerra. Es mucho lo que hay que hacer en esta materia. Las víctimas siguen esperando justicia, esclarecimiento y reparación integral”, afirmó el Vocero de las Víctimas.
Y aunque para las víctimas los castigos no han sido consecuentes con las atrocidades que se han cometido cometieron, algunos jefes paramilitares han reconocido varios de sus crímenes, han señalado los lugares donde existen fosas comunes y han entregado tierras para la reparación a las víctimas.
Y aunque se afirma que existe un rearme paramilitar motivado por el negocio del narcotráfico, el paramilitarismo se ha visto reducido según lo ha asegurado el presidente Uribe en varias de sus intervenciones.
Este tipo de negociación se dio también gracias a esa reserva que firmó el presidente Andrés Pastrana, justo antes de salir del cargo, que le dejó al mandatario Uribe un margen de maniobra para entablar negociaciones con grupos armados ilegales.
Desde 2002 la CPI no juzga los Crímenes de Guerra en Colombia
Pese a que Colombia hace parte de los 78 países que ratificaron el Estatuto de Roma, desde el 1 de noviembre entró en vigencia una reserva para que los Crímenes de Guerra que se cometan en el país, durante un periodo de siete años, sean juzgados por la justicia colombiana y no sean de competencia de la CPI.
La solicitud en 2002 fue hecha en la ONU por el entonces embajador ante ese organismo, Alfonso Valdivieso, quien hoy es senador por Cambio Radical.
Para el también ex Fiscal, “no es conveniente que el país se salga en estos momentos, de esa reserva de tiempo, pues aún hay una posibilidad de una salida negociada al conflicto y sigue siendo válida esa alternativa”, dijo a
Terra Colombia.
Valdivieso afirmó que “es importante y conveniente mantener esa reserva hasta que se agoten las posibilidades”.
Por su parte Abello recordó que “tanto el Congreso como la Corte habían sugerido en su momento que no se hiciera uso de esa disposición de transición (reserva) y el Gobierno decidió que sí. Lo que el Gobierno dijo (en 2002) es que buscaba dejar la puerta abierta para una negociación de paz con los grupos ilegales”, dijo.
Sin embargo, las Farc argumentaron que esa transición de siete años “dejaba la puerta abierta para que el Estado siguiera cometiendo Crímenes de Guerra”, según recordó Abello.
El Artículo de la reserva o disposición de transición
El Artículo 124 del Estatuto de Roma da esa reserva de siete años para que Colombia pueda estar exento del juzgamiento, por parte de la CPI de los Crímenes de Guerra.
Sin embargo, este artículo sólo excluye a la CPI de investigar los Crímenes de Guerra en Colombia, pero no los de lesa humanidad y genocidio.
“(…) durante un período de siete años contados a partir de la fecha (17 de julio de 1998) en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el Artículo 8 (Crímenes de Guerra) cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio”, dice el Estatuto.
Sin embargo, este artículo permite que esta amnistía “podrá ser retirada en cualquier momento” y esta es la alternativa que está solicitando el Partido Liberal, en voz de senadores como el vocero Héctor Elí Rojas.
Por Gabriel Murillo Rojas / Terra Colombia 
