Noviembre 7 de 2008
Embajador de EE.UU. aclara que no ha apoyado a guarniciones militares que violaron Derechos Humanos
Unidades militares tendrán un oficial que recibirá quejas sobre irregularidades
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Fuerzas Armadas: reconocidas, pero con problemas en Derechos Humanos
Desde la ciudad de Cartagena, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, dijo que, las tres guarniciones militares involucradas en ejecuciones extrajudiciales nunca han recibido ni recibirán ayuda militar de ese país.
El diplomático aseguró que en su país hay una ley que prohíbe darle ayudas a unidades que violen los Derechos Humanos, además, le pidió disculpas al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por la confusión causada por este tema.
"Le debo al ministro de Defensa Nacional una gran disculpa. Le dije ayer que no habíamos tomado ninguna decisión relacionada con el caso de Soacha", dijo Brownfield.
En horas de la mañana, un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos retiró que este país retiró la ayuda a tres guarniciones por violación a los Derechos Humanos.
En una comunicación oficial dirigida a la cadena radial Caracol el vocero asegura que la decisión de suspender la asistencia se tomó "con base en la información proporcionada por el gobierno de Colombia de que estas unidades estaban involucradas en la violación de derechos humanos".". Afirma, además, que les será retirado el apoyo son aquellas relacionadas con la investigación de los jóvenes desaparecidos en Soacha.
El documento indica que "así se hizo para garantizar que las unidades que participaron en los homicidios de Soacha, no recibieran la asistencia de EE.UU., de acuerdo con las leyes de Estados Unidos. Cualquier asistencia que pueda haber sido dirigida a estas unidades, fueron redirigidas a las unidades elegibles bajo las leyes estadounidenses".
Ministro Santos había negado la versión
Tras un informe publicado en CNN, en el que se revelaba el retiro del apoyo militar a tres unidades, el Ministro de Defensa había afirmado que, tras conversaciones con la Embajada de EE.UU., podía negar la información.
El ministro Juan Manuel Santos aseguró al ratificar a la cúpula militar en sus cargos, que habló sobre el tema con el embajador de EE.UU. en Colombia, William Brownfield, y él le aseguró que ese hecho no es cierto.
Fue una mala interpretación de Washington: MinDefensa
"Yo recibí esa información de un periodista, verifiqué con el señor embajador y me dijo que no era cierta, que había habido una mala interpretación de algo que se dijo en Washington", expresó el funcionario.
La situación actual de certificaciones por derechos humanos de Estados Unidos a Colombia "es exactamente la misma que teníamos ayer o hace unos meses, o sea que esa información no es cierta", aclaró Santos.
El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales se remonta a septiembre pasado, cuando se conoció la ejecución de 23 jóvenes que desaparecieron en enero pasado y que días después fueron reportados como "bajas en combate", cuando al parecer habían muerto a manos de militares.
Estos adolescentes fueron supuestamente reclutados por el Ejército y enviados desde Soacha hasta una región rural de Ocaña, Norte de Santander, donde fueron dados por muertos como guerrilleros caídos en combate.
CNN anunció la versión
Un documento enviado por un delegado oficial de la embajada de Estados Unidos en Bogotá a varios medios transcribe una entrevista de un funcionario de Washington, que no identificó, con CNN en el que asegura que no se suspenderá la ayuda militar a Colombia, pero sí se decidió que tres unidades militares "ya no califican para recibir la asistencia".
"Una medida que hemos tomado con base en información proporcionada por el Gobierno de Colombia de que estas unidades estaban involucradas en la violación de derechos humanos.
Así se hizo para garantizar que las unidades que participaron en los homicidios de Soacha no recibieran la asistencia de EE.UU.", dijo el entrevistado.
Además, agregó que 15 de los 27 militares destituidos, entre ellos tres generales, por las ejecuciones extrajudiciales recibieron "algún tipo de capacitación individual en los últimos años" por parte de Estados Unidos".
"Varias de las brigadas involucradas habían recibido asistencia en algún momento, pero esta había sido suspendida por sospecha de abuso a los derechos humanos", añadió.
El escándalo llevó a que el presidente Álvaro Uribe, anunciara que en cada unidad militar y policial habrá un oficial para recibir quejas sobre posibles abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por la fuerza pública.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que agrupa a diversas ONG, reveló hace pocos días que entre enero de 2007 y junio de 2008 se cometieron en total 535 ejecuciones "extrajudiciales" en las que estarían involucrados "directamente" miembros de la Fuerza Pública.
Terra Colombia / EFE
