Los estafados son 'víctimas de un delito y deben ser tratados como víctimas', asegura el Gobernador de Nariño.
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Diciembre 2 de 2008

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El gobernador de Nariño Antonio Navarro Wolf comenzó una huelga de hambre de 48 horas en busca de lograr una concertación entre el Gobierno Nacional y los ahorradores que invirtieron recursos en captadoras ilegales de dinero.

Una vocera de la oficina de prensa de la Gobernación de Nariño manifestó que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe sentó una posición y la comunidad de Nariño otra, sin que se llegara a un acuerdo, lo cual motivó a Navarro Wolf iniciar su simbólica protesta.

Según Navarro, los inversionistas que perdieron sus dineros son "víctimas de un delito" y en consecuencia "deben ser tratados como víctimas, pues no son culpables de ese delito".

Nariñenses estafados rechazan entrega de 'créditos'

Durante la última reunión entre la comunidad y el Ejecutivo, realizada en el municipio de Chachagüí, el presidente Uribe dijo que el Gobierno ofrecía créditos, mientras que la población afectada por la quiebra de las "pirámides", pide la devolución de la totalidad de los dineros invertidos.

"Lo que busca el gobernador de Nariño es que haya un punto medio entre las partes", señaló la fuente, quien agregó que la huelga de hambre es "del gobernador y la premisa es que haya un acuerdo entre las partes".

La iniciativa de Navarro recibió el apoyo de varios alcaldes regionales, al considerar que la situación por la que pasa el departamento por el fenómeno de las "pirámides" es muy difícil.

Gobierno promete devolver lo que cada nariñense invirtió

La propuesta contempla la adjudicación de créditos por valores iguales a los depósitos que hizo cada persona en las captadoras, descontando los intereses que haya recibido y sin incluir a quienes obtuvieron rendimientos iguales o superiores al capital inicialmente consignado.

Se busca que el 50 por ciento del crédito adjudicado sea no reembolsable y se pueda pagar por cada persona a través de trabajo social acordado con cada Alcalde.

El Gobierno colombiano decretó la emergencia social el pasado 17 de noviembre, el mismo día en el que también intervino el emporio DMG, del detenido empresario David Murcia Guzmán, procesado por lavado de activos y captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

Nariño ha sido el departamento más afectado por el desplome de las "pirámides", después del vecino Putumayo, cuna de DMG, grupo que extendió sus operaciones por el territorio nacional y otros países vecinos.

La captadora ilegal de dineros Drfe (Dinero rápido, fácil y efectivo) de propiedad del cautivo Alfredo Suárez, a quien ya se le dicto orden de captura, estafó a miles de usuarios en el departamento de Nariño tras el masivo colapso de varias de sus sucursales en el sur del país.

Terra Colombia / EFE
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