Las investigaciones ordenadas contra Ómar Díazgranados y Joaco Berrío representa el origen de la anticipada 'DMG-Política'.
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Diciembre 2 de 2008

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar a los Gobernadores de Magdalena y Bolívar por su presunta vinculación con la intervenida firma DMG.

Según medios locales, la medida cobija al gobernador del Magdalena, Omar Ricardo Díazgranados Velásquez, y al de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal, quienes tendrían vinculaciones con DMG, del detenido empresario David Murcia Guzmán, detenido en La Picota, y que se encuentra procesado por lavado de activos, captación ilegal de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho.

Las cuentas bancarias y en general todas las operaciones financieras de los dos presuntos implicados serán sometidas a una rigurosa inspección por expertos.

El gobernador Berrío Villarreal es mencionado en varias conversaciones telefónicas en las que funcionarios de DMG hablan sobre la forma en que el político podría facilitar la devolución de un dinero incautado por la policía colombiana a esa "pirámide".

En cuanto a Díazgranados, la Fiscalía tiene grabaciones en las que Murcia Guzmán y su cuñado William Suárez dialogan sobre el supuesto triunfo del candidato de DMG para la gobernación del Magdalena.

Adicionalmente, Díazgranados estaba en la casa de Daniel Ángel, relacionista público de la firma DMG, cuando autoridades colombianas cumplían las órdenes de arresto contra las directivas de esa captadora ilegal de dinero.

La crisis económica generada en varios departamentos del país obligó al Gobierno del presidente Álvaro Uribe a decretar el pasado 17 de noviembre la emergencia social, la misma fecha en que fue intervenido el emporio DMG, del detenido empresario Murcia Guzmán.

Toque de queda por nuevos saqueos en Mocoa

En el departamento de Putumayo, donde se generó DMG en el año 2003, las autoridades se han visto obligadas a emitir nuevas órdenes se toque de queda ante la proliferación de saqueos y protestas.

En los últismo días, las sedes de dos 'pirámides' financieras en Mocoa fueron saqueadas y por decenas de ahorradores defraudados que previamente incendiaron varios vehículos de la Fiscalía General y bloquearon la carretera de acceso a esa ciudad del sur colombiano, informaron las autoridades policiales de la región.

Al menos 14 personas resultaron heridas en los choques con la Policía, y 120 vehículos y 200 motocicletas que habían sido incautadas por la Fiscalía a esas "pirámides" fueron incineradas por los saqueadores.

El comandante de la policía regional, el general Luis Alberto Pérez, dijo que los desórdenes comenzaron a primera hora con el corte del tráfico entre Mocoa, la capital departamental del Putumayo, y Pitalito, localidad en la región vecina del Huila.

El comandante de la policía regional, el general Luis Alberto Pérez, dijo que los desórdenes comenzaron a primera hora con el corte del tráfico entre Mocoa, la capital departamental del Putumayo, y Pitalito, localidad en la región vecina del Huila.

La movilización fue obstruida por ahorradores de entidades ilegales de captación de dinero que se quebraron o cuyos directivos desaparecieron, como Proyecciones Dfre (Dinero Fácil, Rápido y Efectivo) y Euroinversiones.

Ambas tuvieron gran presencia en el Putumano junto a DMG, comercializadora de productos y servicios a partir de tarjetas prepago que entregaba a sus inversionistas y que fue intervenida el pasado 17 de noviembre.

La firma, creada en Mocoa, era presidida por David Murcia Guzmán, quien fue detenido la semana pasada en Panamá, desde donde se le deportó a Colombia.

El general Pérez dijo a medios periodísticos locales que tras el desalojo policial de quienes bloqueaban el tráfico, unos "vándalos" se dirigieron al estacionamiento de la fiscalía e incendiaron varios vehículos, sin precisar el número.

Otros se desplazaron hasta las oficinas de las "pirámides" intervenidas y, en medio de forcejeo y enfrentamientos con la Fuerza Pública las saquearon, agregó la misma fuente.

El desplome de estas entidades ilegales llevó al Gobierno del presidente Álvaro Uribe a declarar, el mismo día 17, el estado constitucional de "emergencia social".

Uribe justificó la medida por la "perturbación social" causada por la crisis, por efecto de la cual cientos de miles de colombianos perdieron su dinero, en una cuantía que no ha sido calculada de manera oficial.

Terra Colombia /EFE
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