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Promoveremos los proyectos de transporte masivo urbano semejante a TransMilenio, para las ciudades de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y la ampliación de sus rutas en Bogotá.
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Propuesta contra el desempleo
Reactivación del sector de la construcción
Para construir las 100.000 viviendas sociales por año debemos eliminar intermediarios, contratar el manejo de todos los subsidios del Estado con las Cajas de Compensación, liquidar el Inurbe, cuyo costo de funcionamiento asciende aproximadamente a $13.700 millones, y dedicar esta suma a dar garantías de créditos que rebajen tasa de interés y permitan presencia de nuevas modalidades, como las titularizaciones.
El análisis de la construcción revela que para diseñar una política de reactivación del sector es indispensable enfocarse en el subsector de la vivienda social. Según el censo de 1993, el déficit habitacional del país ascendía aproximadamente a 1.2 millones de unidades, de las cuales el 90% se concentraba en hogares con ingresos de menos de 5 salarios mínimos legales mensuales. Para el 2001 el déficit de vivienda de interés social asciende a 1.500.000 hogares.
Vamos a ser más agresivos con acciones de corto plazo que reactiven la vivienda de interés social y nos permitan generar nuevos empleos en el sector. Para ello proponemos:
a. Hacer los ajustes presupuestales necesarios para garantizar un mínimo de 100.000 subsidios anuales de vivienda social. En el año 2000 en el país se construyeron cerca de 20.000 viviendas de interés social, mientras que la capacidad de la ingeniería y las fábricas de producción de materiales es para más de 150.000 unidades por año.
b. Agilizar los programas de titularización de cartera hipotecaria, con fondo de garantías, a fin de que inversionistas con recursos como los Fondos de Pensiones puedan financiar vivienda.
c. La garantía adicional a la hipoteca disminuye el riesgo para el inversionista y debe reflejarse en una menor tasa de interés para el usuario del sector social.
d. Impulsar programas de Renovación Urbana en ciudades con dificultades de disponibilidad de tierras que permitan un mejor aprovechamiento de las instalaciones de servicios públicos. Los propietarios de inmuebles deberían aportarlos en calidad de socios de los proyectos renovadores.
Para construir las 100.000 viviendas sociales por año debemos eliminar intermediarios, contratar el manejo de todos los subsidios del Estado con las Cajas de Compensación, liquidar el Inurbe, cuyo costo de funcionamiento asciende aproximadamente a $13.700 millones, y dedicar esta suma a dar garantías de créditos que rebajen tasa de interés y permitan presencia de nuevas modalidades, como las titularizaciones.
En el caso de la infraestructura, tanto para su ampliación, como para el mantenimiento de la existente, es necesario identificar las obras inconclusas y aquellas que cuenten con diseños definitivos, con el fin de acelerar su ejecución, propiciando, cuando ello sea posible, la utilización de trabajo asociativo.
Los proyectos de infraestructura deben preferir la ampliación y funcionamiento de servicios públicos, con equilibrio entre el campo y la ciudad, y el fomento a pequeñas y medianas urbes que desaceleren el crecimiento de las grandes. Aprovecharemos la infraestructura existente en las ciudades para desarrollar programas de renovación urbana, esquema consistente en realizar proyectos urbanísticos de alta calidad en zonas residenciales, comerciales o industriales que se encuentren en desuso o con problemas de deterioro. Con ello reordenaremos las ciudades, aprovecharemos al máximo las zonas urbanizadas y racionalizaremos en ellas el uso del suelo.
Las concesiones recuperarán su viabilidad en la medida que la seguridad y la dinámica de la economía restablezcan los tráficos que las sustentan.
Promoveremos los proyectos de transporte masivo urbano semejante a TransMilenio, para las ciudades de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y la ampliación de sus rutas en Bogotá. En Cartagena, con integración tierra-mar. Estamos estudiando la mejor colaboración del Gobierno Central, a pesar de sus dificultades fiscales. Una alternativa es la exención tributaria para que los concesionarios realicen la infraestructura y aporten los equipos.
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