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| Programa antisecuestro de Noemí Sanín |
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Política antisecuestro
El Estado tiene que tener una política criminal contra el secuestro. Una política que involucre a la fuerza pública, a la Fiscalía, a la rama judicial, y el sistema penitenciario y carcelario.
"El secuestro no puede seguir desgarrando y enlutando vidas en Colombia. Este crimen atroz hoy afecta a familias de todos los estratos sociales. Frena la inversión y genera pobreza. Pero, por sobre todo es un drama humano. Por cada persona secuestrada, 10 o más son torturados. Torturados por el chantaje grotesco e insensible de los secuestradores. Torturados por la incertidumbre y en muchos casos, por el dolor de no ver regresar jamás a un ser querido.
El número de secuestros se ha triplicado en los últimos tres años, pasando de 1200 a 3000 al año. De acuerdo con la información colectada por País Libre, el año pasado se registraron cerca de 3000 secuestros. Los grupos armados, las FARC, el ELN y las Autodefensas son responsables del 81% de los secuestros con autor conocido. El estado tiene que concentrar su acción contra esas organizaciones que han hecho del secuestro y el dolor ajeno una forma de enriquecimiento personal y de financiación de más violencia.
Este incremento es el resultado directo de la pretensión de las FARC de generalizar la extorsión y el secuestro, lo cual además de incrementar los secuestros que ellos ejecutan directamente, le ha dado carta blanca a los criminales comunes para que secuestren y extorsionen a nombre de las FARC, y después negocien los secuestrados con esa organización. Además, como resultado de la ausencia de controles y de la renuncia del estado a cumplir sus funciones de perseguir el delito en la zona de distensión, la guerrilla ha logrado multiplicar su capacidad para mantener secuestrados en su poder. En efecto, antes se requerían en promedio en cinco guerrilleros para vigilar un secuestrado, ahora en la zona de distensión basta uno para cuidar a cinco secuestrados. Por último, el Estado ha carecido de una verdadera estrategia nacional para combatir este crimen atroz.
Los colombianos tenemos que ponerle fin a estas cifras aterradoras. El Estado tiene que tener una política criminal contra el secuestro. Una política que involucre a la fuerza pública, a la Fiscalía, a la rama judicial, y el sistema penitenciario y carcelario.
Esta política debe contar también con el compromiso y la cooperación de los medios de comunicación y de la sociedad colombiana en su conjunto para acabar con este flagelo.
La política debe contener una estrategia de prevención, de investigación, de operaciones de rescate, de judicialización y penalización y de atención a las víctimas y sus familiares. Los siete pilares de la propuesta son:
Más acción más coordinada del Estado. Hay que fortalecer los Gaula de la Policía y del Ejército, pero garantizando que trabajen de manera coordinada y compartan la información que sobre las bandas de secuestradores tiene cada uno. Cada uno de ellos debe tener un grupo de fiscales especializados asignados de tiempo completo para garantizar que los culpables sean detenidos y sentenciados.
Todos los cómplices son igualmente responsables. Es un delito cometido por organizaciones creadas y especializadas. Por lo tanto todos son igualmente responsables. Quien ayuda a un secuestrador es tan culpable como el primero. Cuidar un secuestrado, dar información sobre una persona que permita su plagio, negociar el pago del rescate, son sólo eslabones de una misma cadena delictiva. Todos ellos deben responder ante la justicia.
Pena máxima de perpetuidad para los secuestradores.
Penas mínimas irreducibles para los secuestradores. La rebaja de penas por colaboración con la justicia no puede convertirse en impunidad. Aparte de aumentar las penas mínimas y máximas previstas en los códigos, debe crearse la figura de la pena irreducible, que garantice que el condenado no pueda salir libre antes de 10 años, independientemente de cualquier rebaja por colaboración, estudio o trabajo.
Cárceles de máxima seguridad para los responsables.
Cooperación y tribunales internacionales. El secuestro es un acto terrorista. Cumple con los tres elementos centrales que definen ese tipo de actos:
1. Uso de la violencia extrema (muerte o peligro real de muerte)
2. Está dirigido contra la población civil o combatientes inermes o fuera de combate
3. Tiene un contexto político, busca intimidar a la población por medio del terror que genera
Tenemos que buscar y obtener cooperación internacional para combatir el pago de secuestros en el exterior y el lavado de los recursos. Además, no debemos olvidar que secuestrar no es sólo una violación de código penal colombiano. La Corte penal Internacional podría constituir mecanismo para hacer frente a la comisión de delitos de lesa humanidad, en particular respecto del secuestro y muy especialmente del secuestro de menores de edad, actividad que está en notable aumento debido a las ganancias económicas que reporta a los grupos armados al margen de la ley. Este tipo de conductas podrán ser juzgadas por la Corte Penal Internacional. En efecto:
Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad.
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
(...)
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
No al pago de rescates. Debemos tener una política preactiva para evitar el pago de rescates y así proteger a los ciudadanos."
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