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"Por principio rechazamos toda forma de violencia y compartimos toda solución no violenta al conflicto armado ...".
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Movimiento Comunal y Comunitario:
Guillermo Cardona: Diez temas prioritarios (1)
Estos son los diez puntos centrales del programa de gobierno que propone Guillermo Cardona, candidato del Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia.
Vea también:
- Segunda parte
1. Situación socioeconómica del país
Nunca antes en Colombia había existido tanta gente en el limite de la supervivencia, sin posibilidad de ingresos. Según el Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, Cambio para Construir la Paz, en 1998 más del sesenta por ciento de la población estaba en la pobreza (unos 25 millones), y según el informe más reciente del Banco Mundial (noviembre de 2000), en Colombia existen alrededor de 14 millones de personas en la miseria.
Esto es inadmisible en un país con tanta potencialidad humana y con tantas posibilidades materiales para garantizar el bienestar y la prosperidad para todos.
Esta situación tiene unas causas estructurales y otras coyunturales.
Entre las causas estructurales están la inequidad en la distribución de la tierra y del ingreso, la intervención extranjera en los asuntos internos, el intercambio comercial inequitativo, el saqueo extranjero de los recursos naturales, el modelo de desarrollo centrado en la prevalencia de los intereses del capital especulativo sobre el trabajo y la economía productiva, y la irresponsabilidad como se ha gobernado el País -sin un modelo educativo para el desarrollo científico y tecnológico-, situación agravada durante los últimos diez años con la apertura indiscriminada del mercado nacional a los capitales y a las mercancías extranjeras, destruyendo la débil economía productiva nacional de la ciudad y del campo.
Estas causas estructurales se agravan con otras coyunturales del actual gobierno, con unas políticas de desarrollo que profundizan la apertura y el sometimiento a los norteamericanos, principalmente con el Plan Colombia y los compromisos con el FMI, a la vez que adopta presupuestos recesivos, pues en medio de la crisis de demanda que afecta a la economía nacional, reduce el gasto público, los salarios, la inversión social, las transferencias a las entidades territoriales y el apoyo al sector productivo del campo y de la ciudad. Tampoco adopta una posición patriótica con relación al servicio de una deuda pública ilegítima y creciente que consume ya más del 40% del presupuesto nacional.
De otra parte, tenemos una clase política nacional y territorial indolente y mediocre, que a pesar de las angustias de la población y de los problemas nacionales, solamente se ocupa de su supervivencia política a base de la manipulación del poder y de la corrupción, a costa de la institucionalidad y del patrimonio públicos.
Ni de manos de la clase política ni del gobierno existen posibilidades para recuperar la unidad nacional, la soberanía ni para encontrar la solución a las reivindi-caciones y demandas históricas de la población.
2. Proceso de paz
Nuestra naturaleza es la tramitación organizada y pacífica de las necesidades y aspiraciones de la población. Por principio rechazamos toda forma de violencia a la vez que compartimos toda solución no violenta al conflicto armado. Son positivos los pasos que se adelantan con los actores armados, sin embargo consideramos que es un proceso excluyente de otros actores y principalmente de las organizaciones sociales y comunitarias, pues una paz verdadera y duradera solamente es posible mediante un proceso de reconstrucción y desarrollo socioeconómico nacional en beneficio de toda la población, para lo cual es imprescindible la participación de todas las organizaciones políticas, sociales y gremiales. Por eso, los acuerdos a que pudiera llegar el Gobierno con los actores armados deben pasar previamente por la aprobación de nuestras organizaciones y en general de la sociedad. Estos acuerdos a mediando y largo plazo se deben alcanzar en el marco de un plan nacional de desarrollo que incluya el pleno acceso de toda la población a la ciencia, a la técnica y al mercado y a los medios masivos de comunicación, lo mismo que la redistribución de la tierra y del ingreso en el marco de nuestros principios solidarios y de equidad.
Una paz con los actores armados desconociendo a la sociedad civil y sus organizaciones, es un camino hacia nuevas frustraciones.
Declaramos nuestra independencia de todos los actores armados y nuestra plena autonomía frente a ellos. Reiteramos nuestro propósito de construir una opción política alternativa para Colombia en el marco del Estado Social de Derecho.
3. Plan Colombia
Expresamos nuestra preocupación y nuestro desacuerdo por el énfasis militar que se ha dado al Plan Colombia. Este Plan pretende combatir el cultivo de coca por las vías militares aunque éste es un problema principalmente social y económico.
Todo recurso nacional o internacional para la sustitución de cultivos ilícitos se debe ejecutar en el marco de los planes de desarrollo departamentales y municipales. Ni el Gobierno nacional ni las entidades de cooperación multilateral pueden desconocer nuestro Estado Social de Derecho, el que da autonomía a la planeación municipal, departamental y regional estableciendo que todo recurso, programa o proyecto se debe ejecutar en correspondencia con los respectivos planes de desarrollo.
Los países consumidores deben asumir sus propias responsabilidades y costos frente al narcotráfico, como son el control a los precursores químicos y al consumo.
Colombia no puede seguir siendo el conejillo de indias de un problema originado en los países desarrollados. Por eso, rechazamos la represión salvaje contra el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, como es el productor de hoja. Igualmente rechazamos las fumigaciones, y aún más si es con químicos que destruyen la naturaleza y causan enfermedades irreparables a la población.
La principal solución a la producción de hoja de coca o de amapola debe ser social, garantizando recursos permanentes para que los campesinosrecuperen los bosques y establezcan producción sana, con plena garantía para la comercialización de sus productos en el mercado nacional e internacional a precios justos, todo lo cual exige la concertación de un plan estratégico de desarrollo a largo plazo para estas regiones.
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