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Encuesta Votebien.com - Semana - El Colombiano e Invamer
Qué piensa el Congreso
El pulso entre el nuevo Congreso y el gobierno de Álvaro Uirbe Vélez está empezando y, por lo que revela esta encuesta, se va a prolongar. El tema principal, la revocatoria del Legislativo, tiene poca acogida pues se opone el 84% de los 153 parlamentarios encuestados. Hay espíritu reformista, pero no a costa de sus curules. En otros temas claves como la reforma económica hay mayor concenso en torno a sacar los proyectos claves. Pero en materia de seguridad, Uribe Vélez se enfrenta a un Congreso poco afín a que se establezca un impuesto de guerra. Parece inevitable el choque de trenes. Aquí les mostramos por qué.
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¿Qué piensa el Congreso colombiano? ¿Cuáles son sus temas prioritarios, su visión de las reformas necesarias, del conflicto y sus posibles salidas, de la crisis económica, y qué tanto le va a colaborar al nuevo gobierno? Por primera vez en el país se realiza una encuesta con los Senadores y los Representantes a la Cámara para conocer los intereses y prioridades de esta corporación y así poder delinear el futuro comportamiento de sus miembros y, por lo tanto, el de las reformas que los colombianos esperan se realicen con la llegada del nuevo gobierno.
La encuesta, realizada por la firma Invamer-Gallup y contratada por Votebien.com, la revista Semana y el diario El Colombiano, fue realizada entre el 4 y el 30 de julio, días en los cuales fueron consultados 153 congresistas (40 senadores y 113 representantes) sobre temas que van desde la revocatoria del mandato, pasando por el Plan Colombia, la reforma pensional, el ATPA, el aborto y la privatización de empresas estatales, de forma tal que los colombianos puedan tener una información más cercana sobre cómo piensa el Congreso sobre estas y otras materias.
Es un documento revelador, contradictorio en algunos puntos y esperanzador en otros, que seguramente se convertirá en pieza de estudio y seguimiento de las labores parlamentarias y de los cambiantes intereses que las motivan. Un punto de partida para que los ciudadanos le tomen el pulso a una de las instituciones más polémicas y cuyo futuro marcará también el futuro del país.
¡A trabajar!
Por lo visto, el espíritu de madrugarle a la crisis colombiana también está presente en el Congreso. Así se deduce del la distribución del tiempo que los congresistas dicen le van a dar a su agenda legislativa: el 41% estará dedicado a estudiar y aprobar proyectos de ley; un 31,2% al control político del Ejecutivo, y un 27% a la gestión de recursos para su región.
Y dentro de los temas prioritarios de estudio, ganan los políticos con un 48%, seguidos por los de orden público (34%), dejando relegados los temas económicos y sociales, a los cuales los encuestados les dieron una prioridad del 16%. Esto indica claramente que para los congresistas la reforma política y el futuro del Legislativo es tema de interés principal. Y en este aspecto hay un contraste interesante: diferenciando porcentualmente entre Senadores y Representantes, para los primeros (un 53% vs. 46%) es más importante el tema político, mientras para los Representantes (37% vs. 25%) es más importante el del orden público. Esto refleja, especialmente en el tema de seguridad, la diferente relación que presenta una circunscripción nacional frente a quienes tienen una departamental, y también evidencia que es para los Representantes, quienes son elegidos localmente, a quienes más los toca el tema de seguridad, tal vez porque los Senadores dependen hoy más del voto urbano.
Y retomando el tema prioritario de trabajo, el político, sorprende también que, pese a los choques que ya hay con el gobierno entrante sobre el tema de la reforma, un 76% de los encuestados se definieron como "colaboracionistas", mientras un 18% no se identificó ni a favor ni en contra del gobierno, y sólo un 5% se declaró en abierta oposición. Esto indica que, un poco más del 20% del Congreso –sumados los indecisos con los opositores- podrá hacer el contrapeso al unanimismo que se proyecta en la bancada afin al gobierno de Uribe Vélez.
La pregunta que surge entonces es si el Gobierno, a través del manejo de recursos para las regiones, va a poder manipular a su favor al Congreso. En tal sentido, sorprende también que el 63% de los encuestados está en desacuerdo con que el Ejecutivo facilite recursos a las regiones para así lograr el paso de sus iniciativas de ley ante el Legislativo. Pero no hay que olvidar tampoco que el 36% ve no ve con malos ojos que se haga esta "compra" del Congreso. Cabe notar también que proporcionalmente son los Representantes quienes en mayor desacuerdo están frente a este esquema de entrega de dineros para las regiones a cambio del voto a favor de los proyectos de ley (65% vs. 58% del Senado).
¿Reforma por cuenta propia?
Aunque es evidente que el Congreso no está de acuerdo con la revocatoria de su mandato (84% en contra), como tampoco con que se torne en unicameral (89% se opone)ello no significa necesariamente que esté dispuesto a que las cosas sigan iguales. Al contrario: hay un amplio acuerdo en la necesidad de modificaciones sustanciales, muchas de las cuales, sin perder la curul, sí los afectará directamente.
El cambio se ve, principalmente, en el interés por reformar los partidos políticos y las actividades propias del Legislativo. Por ejemplo, el 96% de los encuestados está de acuerdo con que se debe reglamentar el ejercicio de la oposición, y organizar y reglamentar las bancadas es apoyado por un 94%. Pero además, en materia partidista, el 72% está de acuerdo con la elección de los congresistas con listas únicas de partido. Sin embargo, tal afirmación sorprende pues no hay que olvidar que en las elecciones del 10 de marzo se presentaron más de 70 partidos y movimientos, fraccionamiento que les permitió a buena parte de los congresistas obtener una curul. ¿Es una voluntad real de los encuestados o un repetir lo que la opinión pública quiere oir?
Esta duda también se presenta ante otras afirmaciones. Por ejemplo, el 87% está de acuerdo con que la no asistencia a comisiones implique la pérdida de investidura; un 89% respalda el total voto público de los proyectos tanto en comisiones como en plenarias; y el 86% está de acuerdo con que se aplique el mismo régimen pensional a todos los colombianos, lo cual sería un golpe a su propio bolsillo.
Y aunque la mayoría está en contra de un Congreso unicameral (89%), las opiniones están casi divididas frente a la reducción del número de congresistas: la medida la apoya el 48%, y está en contra el 50%.
Estos temas, en especial, reflejan claramente el pulso que hoy día se está dando entre el gobierno entrante y el Congreso. De mantenerse firme esta tendencia, las propuestas centrales del presidente Uribe Vélez, que fueran motivo de sus 100 puntos de compromiso, de respaldo electoral y de unidad de bancada, se verán fuertemente confrontadas en el Legislativo y serán claro motivo de desgaste entre las dos ramas del poder.
Pero la reforma política no se reduce a la reforma del Congreso. De acuerdo con la encuesta, el 61% respalda la fusión de algunos municipios y departamentos (37% en contra); el 97% apoya una mayor descentralización de la inversión social; el 80% respalda la fusión o eliminación de algunos ministerios, institutos descentralizados, procuradurías regionales, entre otras entidades; el 65% rechaza la privatización de empresas del Estado; el 59% apoya la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura (el 30% se opone y el 11% está indeciso); hay un pulso entre recortarle o no las funciones a la Corte Constitucional (53% a favor y 41% en contra). En lo que parece que hay consenso es en la necesidad de reducir la nómina oficial: 77% lo aprueba.
Y si no apoyan la propia revocatoria, ¿qué tanto apoyan la reelección de otros? Depende: si es reelección de autoridades departamentales y municipales, la balanza se inclina favorablemente (64% a favor), pero si es reelección presidencial las cifras cambian: 53% en contra y 46% a favor, aunque el margen no es muy amplio.
La guerra y la paz
Si en materia de reforma política la relación Gobierno-Congreso va a ser conflictiva, no sucede lo mismo frente a los temas de guerra y paz. Digamos que en esta materia el presidente Uribe Vélez podrá ver el camino más despejado.
En la encuesta hay una serie de preguntas que no se reducen al contexto pues reflejan la presión que puedan estar haciendo los grupos armados al margen de la ley en las zonas de origen de los congresistas, así como su influencia en el Legislativo.
Los encuestados afirman que en la zona en donde se concentran sus votos un 40% del control militar está en manos de las Farc, un 29% en manos de las fuerzas armadas colombianas y un 10% en manos de las autodefensas. El Eln tendría una injerencia del 2%, y la combinación de Ejército, Farc, paras y elenos se daría en un 6% de los casos.
En cuanto a la influencia que ejerce la guerrilla sobre el Congreso, el 54% percibe que tiene alguna influencia, mientras el 24% de los encuestados afirmó que ésta no ejerce ninguna influencia. Con las Auc sucede algo similar, el 55% percibe su influencia, frente a un 24% que no la siente. Pero lo que no hay que descuidar, en ambos casos, es que el 22% de los encuestados optó por el "no sabe/no responde", seguramente para no comprometer una posición. ¿El silencio otorga?
Entonces, ¿cómo considera el Congreso que se debe manejar la posible negociación con los grupos armados? El 63% se declara en desacuerdo con el canje de guerrilleros por secuestrados y el 83% se opone a la creación de una zona de despeje para reiniciar los diálogos con la guerrilla. En cambio, la tendencia está dividida a la hora de darle o no reconocimiento político a las autodefensas: el 48% está de acuerdo, mientras el 44% se opone. Y discriminada esta respuesta, los Senadores son los que más se oponen a este reconocimiento (63%), mientras loe Representantes parecen más inclinados a reconocerles el estatus político (53%).
Teniendo en cuenta las anteriores percepciones frente a los grupos armados irregulares, la pregunta ahora es si el Congreso le marchará a Uribe Vélez en la medidas que quiere tomar para enfrentar el conflicto. La creación de un impuesto de guerra, para financiar la política de seguridad, divide la opiniones: un 52% lo respaldaría, mientras un 46% se declara en contra. En cuanto al Estado de Sitio, el 57% se opone y un 38% lo respalda, mientras que el control a la libertad de prensa es apoyado por un 52% vs. un 48% que lo rechaza. Cabe anotar, en este último punto que, preguntados sobre a qué le otorgan el que la opinión pública tenga una percepción negativa del Congreso, la principal razón se la adjudican a "la falta de objetividad de los medios de comunicación" (18%).
Frente al tema del narcotráfico, la percepción de los congresistas resulta similar a la que tienen de la influencia de guerrilla y paramilitares. Consultados, el 49% le dan alguna influencia en las actividades del Legislativo y un 30% dice no saber -o no quiso responder-, si tal hecho se da. Sin embargo, el 64% rechaza la legalización de la producción y el consumo de drogas, y el 81% le da su apoyo al Plan Colombia. En cambio las opiniones aparecen casi divididas frente al futuro de las fumigaciones del los cultivos ilícitos: 51% respaldan esta medida, mientras el 49% se opone.
Y de la economía, ¿qué?
Todo indica que hay consenso es en la necesidad de hacer las reformas económicas. El tema que mayor respaldo recibe es el de la creación de un seguro de desempleo, apoyado por el 88% de los congresistas encuestados.
En cuanto a la reforma pensional, el aumento del 1% en el aporte para la pensión de todos los colombianos es apoyado por el 74%. Y en materia laboral, un 72% apoya una mayor flexibilidad en la contratación. El aumento de impuestos va de la mano: un 80% apoya el aumento de penas para la evasión.
El concenso se empieza a fraccionar frente al aumento en 3 años en la edad de jubilicación, el cual es respaldado por el 52%. En cambio hay congluencia en el apoyo al Alca (80%) y en que se haga una mayor descentralización de la invesión social (94%).
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