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| Sepelio del congresista Jairo Rojas |
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| Grupos armados tras congresistas |
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En privado y en voz muy baja, algunos congresistas reconocen que han tenido que "hablar con ellos" (sean Farc, Eln o Auc) para que les permitan hacer política. Otros admiten que tienen áreas vedadas porque no quisieron llegar a acuerdos con determinado grupo al margen de la ley, y otros tantos incluso prefieren no volver a hacer política.
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La política secuestrada
Congresistas, en la mira
18 secuestros y siete asesinatos en cuatro años son los índices violentos más altos contra los congresistas. Cinco parlamentarios siguen retenidos por las Farc.
A los siete días de su posesión, el Congreso que este año culmina su periodo empezó a sentir los golpes de los grupos armados. Ese día, 27 de julio, fue secuestrado el primero de los parlamentarios elegidos en 1998.
Esos comicios también estuvieron marcados por la intimidación y la presión de los grupos armados, guerrillas y paramilitares. Pero los nuevos congresistas lejos estaban de imaginar que este periodo (1998-2002) habría de ser el más violento, uno en el que ni siquiera su investidura fue respetada.
Con el secuestro por parte del Epl del representante a la Cámara de Santander Gerardo Tamayo Tamayo, ese último lunes de julio del 98, se inició una cadena de acciones de intimidación, que ahora suma 18 parlamentarios secuestrados, siete asesinados y decenas de atentados algunos frustrados, y otros ejecutados. El objetivo: conseguir apoyos, pasarles cuentas de cobro por sus actuaciones u omisiones, impartir instrucciones y realizar todo tipo de intimidaciones con el fin de "alinearlos" en sus bandos.
Las estrategias de las guerrillas (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Farc y Ejército de Liberación Nacional-Eln) y de los paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia-Auc)cambiaron en estos últimos cuatro años. Ya no sólo se trata de tener un control territorial en áreas del país que son estratégicas para su crecimiento militar, sino de extender su accionar político. Para ello, tanto insurgencia como autodefensas han cultivado durante años bases sociales en sus zonas de control y las áreas aledañas.
En las comicios regionales de 1997, para elegir alcaldes y gobernadores, se empezaron a sentir los efectos de estas prácticas violentas contra la clase política. Durante la campaña electoral de ese año, el promedio de alcaldes asesinados por los grupos armados ilegales fue de dos por mes. Y en uno de cada cuatro municipos del país el proceso electoral fue distorsionado por la presión armada de guerrillas y paramilitares, es decir, en estas localidades no hubo plenas garantías para los candidatos ni para los electores.
En palabras del analista Alfredo Rangel, "el resultado de las elecciones realizadas en esas circunstancias no fue otro que la porfundización de la fragmentación política del país en cuatro tipos de municipios: los controlados por las guerrillas, los manejados por los paramilitares, aquellos donde se mantiene soberanía del Estado y los que continúan en disputa".
En principio, el objetivo de los grupos guerrilleros fue impedir que miembros de la clase política tradicional, tachada por ellos como corrupta, llegaran al poder. Aprovecharon para ello el creciente desprestigio de los dirigentes políticos causado por los escándalos de corrupción y la falta de sintonía con las clases populares. Por eso, en las elecciones municipales y regionales de 1997 su accionar se dirigió a secuestrar y asesinar a los candidatos a alcaldías y corporaciones públicas que pertenecieran al Partido Liberal y Conservador.
Los grupos paramilitares también asumieron la misma estrategia, pero dirigida no sólo a representantes de la política tradicional, sino sobre todo a aquellos candidatos que tuvieran algún matiz de izquierda o algo que, a su juicio, se le pareciera.
En las elecciones regionales de 2000, la violencia fue protagonista otra vez: 19 aspirantes a alcaldías fueron asesinados entre enero y octubre de ese año y 15 a los concejos municipales. A esto habría que sumarle los cinco alcaldes que han renunciado a su cargo y los 25 que abandonaron sus respectivos municipios para despachar desde localidades cercanas.
Aunque no hay autoridades que tengan registros completos, por informaciones fragmentarias de diversas fuentes se sabe que no menos de 52 candidatos a alcaldías y concejos municipales renunciaron a sus aspiraciones por presión de grupos armados.
Al repasar los hechos de violencia que afectaron esas elecciones regionales de 2000, se observa que aproximadamente 264 municipios fueron afectados por la violencia política proveniente de grupos guerrilleros o de autodefensas (ver mapa).
En 2000, la guerrilla de las Farc asumió un cambio en su estrategia frente a las elecciones. Esta vez quiso hacer política más abiertamente y para ello anunció públicamente que permitiría la realización de las elecciones, pero aclaró que en sus áreas de influencia los candidatos debían ser elegidos en "asambleas democráticas, con elaboración ciudadana de sus programas".
El Eln, por su parte, realizó algunas retenciones de candidatos para que rindieran informes sobre sus programas de gobierno y aspiraciones electorales. Los grupos paramilitares, en cambio, anunciaron públicamente que permitirían las elecciones, pero que impedirían la elección de candidatos que tuvieran antecedentes de corrupción.
En la mira
Así, a punta de fusil, los grupos armados permearon poco a poco el poder local y luego de tener injerencia en administraciones municipales y regionales, quisieron llegar más lejos: el Congreso.
En el caso de los congresistas o los candidatos, la situación había sido diferente. De alguna forma estos dirigentes políticos estaban acostumbrados a convivir con los grupos armados, a verlos pasar, a hablar con ellos esporádicamente para explicar su presencia en una vereda o a soportar la supervisión de su gestión hacia la comunidad. Pero ahora la injerencia de estos grupos va más allá: buscan plegarlos a sus intereses y convertirlos en sus "fichas" dentro de la institucionalidad.
Pocos políticos reconocen públicamente que sea este el objetivo de los grupos armados y casi ninguno habla del tema con tranquilidad. Sólo se limitan a explicar la cantidad de restricciones que tienen para realizar su actividad proselitista, y a la pregunta "¿le ha tocado ir al monte a hablar con ellos?", todos responden igual: "Yo no hablo con grupos armados".
Son evidentes los cambios que en el accionar de los movimientos armados se han dado a lo largo de esta legislatura: por un lado, las Farc se dedicaron en los últimos dos años a secuestrar congresistas para presionar la ley de canje; y los paramilitares, a pasar cuentas de cobro por las actuaciones de los parlamentarios.
Por eso, Carlos Castaño, líder de las Auc, secuestró a Piedad Córdoba para reclamarle por su gestión con el Eln, y a siete parlamentarios más para presionar la no aprobación de la ley de canje pedida por las Farc. Además, ordenó asesinar a tres representantes a la Cámara a finales del año pasado: Jairo Rojas, el 6 de septiembre; Octavio Sarmiento, el 2 octubre; y Alfredo Colmenares, el 8 de octubre, todos bajo acusaciones de pertenecer o auxiliar a la guerrilla.
Pero no se quedaron ahí. Salvatore Mancuso, uno de los jefes paramilitares anunció con desparpajo que su organización colocará cerca del 35% de los congresistas que se elegirán este 10 de marzo.
El Eln y el Epl, por su parte, realizaron varios secuestros, en algunos casos con móviles económicos y otros por motivos políticos, más de carácter regional.
Por eso, en una actitud de resistencia, especialmente al secuestro, el Congreso decidió aprobar una ley que le permite a los cuatro parlamentarios actualmente secuestrados inscribirse y participar en las próximas elecciones. La Corte Constitucional está revisando el proyecto ya que hace parte de una ley estatutaria. Entre tanto, los familiares y copartidarios de los plagiados adelantan la campaña política sin el candidato, amparados en un concepto del Consejo Nacional Electoral, según el cual, los partidos políticos pueden inscribir a sus candidatos sin requisito adicional alguno.(Art. 108 de la Constitución Nacional)
Sin protección
Pero además de la intimidación a través de actos violentos contra los candidatos y actuales congresistas, el tema que más preocupa ahora al Gobierno y los dirigentes políticos es la posible infiltración de aspirantes que simpatizan con los grupos armandos en las listas que se pondrán a consideración de los colombianos el próximo 10 de marzo.
Ya el propio presidente Andrés Pastrana le hizo la advertencia a los directores de partidos y movimientos políticos y, según el Ejecutivo, las alarmas están prendidas también en los órganos de control y autoridades electorales. Pero las denuncias siguen y hasta el momento no es clara la acción del Estado para prevenir esta distorsión en la voluntad popular.
De otro lado está el drama personal de quienes se sienten objetivos militares de organizaciones armadas ilegales. "Nos disparan de todos lados", dijo en alguna ocasión un congresista, durante las exequias de uno de sus colegas asesinados, "por eso estamos dispuestos a armarnos", contestó otro, en una conversación que muestra la impotencia con la cual han recibido esta racha violenta.
Esta situación llevó a los presidentes de Senado y Cámara, Carlos García y Guillermo Gaviria, a solicitar al Ministerio de Defensa la entrega de 150 pistolas y 45 subametralladoras para protección de los legisladores, que fueron adquiridas por el Congreso hace cuatro años pero que no han recibido por escollos jurídicos.
Los parlamentarios se quejan de la falta de medidas de seguridad. En la Cámara de Representantes existen 36 carros blindados para 161 congresistas, es decir que un 70 por ciento de sus integrantes no tienen garantías para su movilización. Por eso, antes de terminar la legislatura pasada el Congreso aprobó una adición presupuestal de 8.000 millones de pesos para la adquisición de más vehículos blindados y, en general, para la protección de sus miembros.
El Gobierno, por su parte, creó un observatorio de seguridad electoral, encargado de trazar estrategias para proteger a los actuales congresistas que estén en campaña electoral. Este organismo está coordinado por la Dirección de Orden Público y la Dirección de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, y hacen parte de él los organismos de seguridad y las autoridades electorales.
También se pretende crear un mecanismo para que los aspirantes amenazados que estén por fuera del país o por fuera de su circunscripción electoral, en lo que se refiere a los candidatos a la Cámara, puedan entrar oficialmente a la contienda si que se presenten ante el Registrador Nacional o ante funcionarios consulares.
Pero las medidas serán insuficientes porque se prevé que este año se presenten cerca de 900 listas a Senado y Cámara, situación totalmente inmanejable para los organismos de seguridad, sin contar con que los mecanismos previstos por el Observatorio cobijan a los actuales congresistas que buscan reelección y no a los nuevos aspirantes.
Votebien.com
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