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| La balanza de la guerra y la paz se inclinará más hacia una confrontación abierta. |
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El analista Jaime Jaramillo Panesso dijo que la decisión es una respuesta a los últimos ataques, que fueron "una agresión injusta al centro del poder del Estado", por lo que la posición del Ejecutivo "es una actitud de defensa más que una declaratoria de guerra".
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Análisis | 13-08-2002
La prioridad es la seguridad nacional
La declaratoria de conmoción interior, además de ser una consecuencia del programa sobre seguridad nacional es la certificación, a juicio de analistas consultados, de que, por ahora, la balanza de la guerra y la paz se inclinará más hacia una confrontación abierta.
Es también la reacción al desafío de la guerrilla, en especial de las Farc, manifestado en los ataques del siete de agosto, en los que dejaron ver el pulso de fuerza que proponen para atacar al Estado y, de paso, para ganar terreno en otra negociación.
Para el politólogo León Valencia, la principal motivación del Gobierno es el dinero, "porque lo necesita de manera urgente", debido a que su trámite por la legislación ordinaria demoraría hasta 2003.
Valencia sostuvo que la decisión es también un mensaje del presidente Álvaro Uribe a sus electores, de ser consecuente con su política de mano dura; "por eso, la reacción casi instantánea a los hechos del siete de agosto".
A su juicio, el Gobierno tendrá cierta "carta blanca" para tomar medidas frente al tema, porque contará con el respaldo nacional e internacional, sobre todo de Estados Unidos, "que será su principal sostén económico", debido a que los 2 billones que aspira a recaudar para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas "equivalen casi al aporte estadounidense de US$1.000 millones".
El analista Jaime Jaramillo Panesso dijo que la decisión es una respuesta a los últimos ataques, que fueron "una agresión injusta al centro del poder del Estado", por lo que la posición del Ejecutivo "es una actitud de defensa más que una declaratoria de guerra".
"Esos ataques sí fueron una declaratoria de guerra", aunque las decisiones que se tomen en torno de la seguridad son, en opinión de Jaramillo Panesso, el anuncio de que la guerrilla tendrá que negociar con un Estado fortalecido.
"En una sociedad en guerra, el problema no son los derechos humanos sino la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH)", dijo, por considerar que es ahí donde debe estar el centro de la discusión y de las acciones del Gobierno.
El politólogo Jaime Rafael Nieto, profesor de la Universidad de Antioquia, sostuvo que la Conmoción plantea un escenario de confrontación, en el que el Gobierno dispondrá de toda la institucionalidad y, sobre todo, de su aparato de guerra para delimitar una franja de seguridad "que le pueda salvaguardar o, por lo menos, delimitar las acciones terroristas, así sea a través de medidas que restrinjan las libertades públicas.
"Lo del siete de agosto es algo episódico, algo que en nada altera la concepción y la estrategia de confrontación", pues al Gobierno le llega como anillo al dedo el hecho de que la seguridad sea la principal preocupación de la comunidad internacional, en especial de E.U. Por eso, habrá respaldo a la aplicación de medidas coercitivas, orientadas a aumentar más el aparato de fuerza y su capacidad ofensiva para enfrentar fenómenos terroristas y el peligro que representan para el Estado las guerrillas y el narcotráfico.
Votebien/El Colombiano
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