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| Los paramilitares, también están en la disputa territorial. |
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El conflicto colombiano ha renovado un viejo dispositivo de la clásica movilización estratégica de la guerra de guerrillas, que consiste en copar progresivamente territorios claves generando acciones que dejen huella en la conciencia de los pobladores.
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Por Fernado Estrada Gallego *
La anarquía que viene II
¿Qué nos puede aportar el reflejo teórico hobbesiano al análisis actual de crisis que vive Colombia? ¿Cómo interpretar las paradojas y dilemas de seguridad? ¿Qué hacer para reducir los niveles de temor creciente entre los ciudadanos? ¿Cómo co-gobierna la insurgencia armada y el paramilitarismo? ¿Qué preparación debemos tener frente a la creación efectiva de estados por parte de los grupos armados? Estas preguntas y sus posibles respuestas constituyen sin duda parte de la agenda más apremiante hoy en Colombia. El asunto espinoso será para cada caso, desde qué tipo de perspectiva, método o enfoque resulta relevante el análisis que se proponga. Más aún, interesan las proyecciones que pueda tener el estudio sobre cada problema en términos de la solución formal y sustantiva de los mismos.
Aquí, segunda parte de un análisis sobre el problema de la anarquía y las implicaciones que esta tiene para el desarrollo económico y político de Colombia.
Regiones de la anarquía
Han crecido en los últimos años las ofertas de organizaciones paraestatales ofreciendo seguridad y servicios de protección. Empresarios, políticos, ganaderos, artistas, deportistas y periodistas, pagan por quien proteja sus vidas y sus intereses. El fenómeno de seguridad privada se ha extendido geográficamente hacia todas las regiones del país. ¿Qué sucede cuando en un municipio varios grupos se disputan la competencia de sus clientes? Sencillo, no hay problema si el cliente provee la tributación a cada grupo. Pero sabemos que no funcionan así de simple las cosas. Si en un territorio de predominio paramilitar, como está sucediendo, la insurgencia decide competir militar y políticamente, pueden pasar por lo menos tres cosas:
Primero. Paramilitares e insurgencia entran en confrontación. Una de las agrupaciones despliega mayor fuerza y mejores estrategias de intimidación sobre los pobladores. Como los simpatizantes de la agrupación contraria están indefensos frente la fuerza dominante, dejarán su preferencia y entrarán en arreglos con los ganadores. Este fenómeno tiene fuerte apoyo empírico, principalmente en el paramilitarismo, que ha incorporado durante los últimos años a muchos miembros desertores de la guerrilla.
Segundo. Una agrupación ejerce control y poder militar en una región o municipio; otras agrupaciones hacen lo mismo pero en regiones y municipios separados. Cada confrontación que se lleve a cabo dentro de su ámbito de dominio irá expandiendo el área de poder de cada agrupación, estableciéndose una suerte de espiral creciente. Los ciudadanos o pobladores que se reconocen bajo el control de uno de los grupos pero que simpatizan con otros tenderán a solicitar el apoyo militar y la protección de la agrupación más fuerte, causando con ello el incremento multiplicador de los factores de conflicto e inestabilidad. Existen regiones en disputa como los Montes de María, Puerto Boyacá, el Urabá antioqueño, el norte del Valle, por mencionar sólo algunos, en donde la escalada de dominio territorial se ha adelantado con las características previamente reseñadas.
Después de la ruptura de las negociaciones con las Farc y de los evidentes fallos en los acercamientos de paz con el ELN, el conflicto colombiano ha renovado un viejo dispositivo de la clásica movilización estratégica de la guerra de guerrillas, que consiste en copar progresivamente territorios claves generando acciones que dejen huella en la conciencia de los pobladores. Se agrega un manejo oportuno de la intimidación radical con la amenaza a todos aquellos funcionarios que representen el sistema de gobierno. En ninguno de los casos va quedando mucho territorio ni espacio geográfico entre los diferentes bloques de la insurgencia, el paramilitarismo y las fuerzas armadas. Asistimos a un fenómeno bastante peculiar de opacidad entre los grupos que se disputan el predominio de zonas y regiones claves de la guerra. Con esta siguiente consecuencia.
Tercero. Las agrupaciones insurgentes, Farc y ELN, han entrado en alianzas específicas para llevar a cabo determinados movimientos en las zonas bajo influencia de las agrupaciones paramilitares. A su vez, las acciones de confrontación entre los paramilitares y la insurgencia ha tenido la asistencia y el apoyo del Ejército, con lo cual veremos hacia el inmediato futuro la agudización y opacidad de conflictos en zonas estratégicas como el Norte de Antioquia, el Cesar, Valle y el Magdalena Medio, amén de otros sectores del país que por tradición han sido corredores geográficos bajo el mando de la insurgencia o el paramilitarismo.
Gobernabilidad sin Estado
La dinámica del proceso de contienda militar y política presentará un cierto equilibrio de fuerzas y unas relaciones de solapamiento entre agrupaciones no fácil de especificar en toda su dimensión. Insurgentes desertores, paramilitares desertores y alianzas no previsibles, constituirán el fondo dentro del que se va a desarrollar la guerra en Colombia. Después de continuas confrontaciones en el terreno militar y la imposibilidad de un dominio absoluto por una de las partes, veremos acuerdos parciales que reducirán los costos y las bajas del conflicto. Dependiendo del margen de maniobra que los operativos militares permitan sobre el terreno, la insurgencia estará en disposición de reversar su propósito hoy contundente de crear la mayor zozobra posible.
Evidentemente la anarquía en algunas regiones y departamentos del país se acentuará en la medida en que el Estado no cuenta con los suficientes recursos de fuerza y apoyo para garantizar la estabilidad. En cada uno de los casos estratégicos a los que hacemos alusión, casi toda la población se encontrará bajo algún sistema común que juzgará sus pretensiones contradictorias y aplicará su Ley.
De la anarquía en estos territorios bajo el régimen insurgente o paramilitar surgirán modalidades de gobierno peculiares con una determinada división del trabajo, presión del mercado y la producción, economías privadas con capitales rentables cuya procedencia será por supuesto ilícita. Tendremos dentro del Estado la coexistencia de Estados en miniatura, Estados mínimos o grupos de Estados mínimos geográficamente diferentes. ¿Por qué hablar de esta economía es diferente? ¿Por qué surgirá un virtual monopolio en este mercado sin la intervención gubernamental que en otro lugar lo crea y lo mantiene? No se especula aquí sobre el vacío, por supuesto, la economía de la guerra en Colombia ya presenta estas distinciones desde hace algunas décadas.
Pero esta economía de la protección contra los enemigos en contienda es relativa: siempre va a depender de lo fuertes que sean las demás agrupaciones. Sin embargo, a diferencia de otros productos que pueden ser comparativamente evaluados, no pueden coexistir unos servicios de protección máxima en competencia. Las agrupaciones en armas no sólo competirán por el predominio de las poblaciones y los territorios sino también por las posibilidades de combatir duro a los contendores. El conflicto armado tendrá intensificación militar y política.
Esta representación del presente inmediato de la guerra en Colombia, supone que cada agrupación en armas dispone por ahora de operaciones estratégicamente adaptadas al estilo del nuevo gobierno que asumirá plenas funciones este próximo 7 de agosto. Todo este panorama sobre las condiciones de gobernabilidad de un país en crisis dependerá también de la legitimidad, o las pretensiones de la misma que tenga el Estado. Dependerá de cómo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez induzca a una mayoría de ciudadanos a creer que ellos tienen cierto deber de respaldar sus políticas, pagando las tributaciones propias de la guerra, entregando voluntariamente su apoyo para constituir un cinturón de seguridad en el caos reinante. Se trata, sumando, de saber que tan dispuesto está hoy el país nacional a cooperar en la construcción de un modelo de sociedad cuyos conflictos violentos no sigan desbordando las capacidades de respeto y dignidad de la vida humana en un Estado de Derecho.
Ponerse de parte del Estado no es una obligación moral y política incondicional pero resulta preferible a mantenerse bajo la protección particular de una agrupación armada para la cual, en lugar de ciudadanos, seremos víctimas.
* Fernando Estrada Gallego, director del Seminario Problemas Colombianos Contemporáneos, Escuela de Economía, UIS.
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