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| Para algunos, fortalecer el Estado es garantía para proteger los derechos humanos. |
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Pretender un "orden sin Estado", como parecerían exigirlo quienes se oponen a los esfuerzos de fortalecer al Estado en Colombia, no es sólo utópico, sino también la mejor receta para un mayor desastre humanitario, de proporciones aún insospechadas.
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Por Eduardo Posada Carbó
Fortalecer el Estado para la paz
La noción no es del todo novedosa. Ni se trata de un discurso exclusivo entre los círculos gubernamentales en Colombia. Pero existen aún entre nosotros amplias resistencias intelectuales a esa propuesta básica y elemental que resumió el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez hace ya algún tiempo: es necesario contar con más Estado "para que hayan más garantías para el ejercicio de la democracia".[1] En algunos círculos de la llamada "comunidad internacional" se tiene al respecto mucha claridad.[2] Sólo en algunos, sin embargo. La tendencia moderna ha sido la de sospechar tradicionalmente de los Estados, como principales agentes abusadores de los derechos ciudadanos.
El origen de tal sospecha no es gratuito. Una breve ojeada a la historia del siglo XX basta para confirmar la dolorosa experiencia para la humanidad bajo tanta tiranía estatal. La historia también nos revela otra lección, similarmente dolorosa: sin Estado, a merced de la violencia desatada por las guerras internas, las poblaciones también han sufrido en trágicas dimensiones. El dilema es, pues, evidente. Aunque algunos subvaloran o ignoran su significado: en una sociedad cada vez más globalizada -se nos argumenta-, donde la soberanía sería un anacronismo, los vacíos del Estado los supliría la "intervención humanitaria" de la llamada "comunidad internacional". Tal vez. Pero los Estados nacionales modernos, como garantes de la seguridad ciudadana, están aún muy lejos de perder relevancia.
Así se desprende del excelente análisis de Michael Ignatieff en su libro más reciente, Human Rights as Politics and Idolatry Princeton y Oxford, 2001). En textos anteriores, Ignatieff ya había reflexionado sobre la necesidad de revalorar el papel del Estado, en un mundo donde la proliferación de "guerras civiles" nos remite a la época medioeval.[3] En este nuevo libro, Ignatieff -Director del Carr Centre for Human Rights en la Universidad de Harvard-, afina y expande sus argumentos desde la perspectiva de de los derechos humanos. Son dos ensayos complejos, dirigidos a discutir serios interrogantes sobre la validez universal de nuestros valores, y a buscar respuestas prácticas a los conflictos que enfrenta la defensa de los derechos humanos.
Me interesa destacar, en particular, unos de sus planteamientos fundamentales: el Estado nacional sigue siendo el marco principal para la protección de los derechos. Abandonar la soberanía, un principio que parecería pasado de moda, sería "utópico". Por el contrario, la soberanía estatal es todavía la base del orden mundial. Más aún, "los regímenes constitucionales nacionales representan la mejor garantía para los derechos humanos" -afirmación sin dudas controvertible entre el movimiento de derechos humanos que, en palabras de Ignatieff, "durante cincuenta años ha percibido al Estado como el principal peligro para los derechos humanos de los individuos". Pero hoy la mayor amenaza proviene "no sólo de la tiranía estatal sino de las guerras civiles y la anarquía".
Sobre la anterior consideración, Ignatieff establece su propuesta central: el redescubrimiento del orden estatal para proteger a los ciudadanos. El fortalecimiento de los derechos humanos exige fortalecer a los Estados, por supuesto Estados legítimos que, con el monopolio de la violencia, logren "imponer el orden y crear el imperio de la ley". Para algunos, sus planteamientos son quizá anatemas: "Puede decirse con certeza que las libertades ciudadanas están mejor protegidas por sus propias instituciones que por las buenas intenciones de la intervención extranjera"; "el fracaso de los Estados no puede ser rectificado por el activismo de los derechos humanos por parte de las ONGs (Organizaciones no gubernamentales)"; "los gobiernos que ofrecen a sus ciudadanos seguridad sin democracia son preferibles a la falta absoluta de gobierno".
Los conflictos internos que proliferan en el mundo contemporáneo proveen suficientes evidencias para respaldar las propuestas de Ignatieff: en Africa, en los Balcanes, en Asia. La falta de estabilidad es el anticipo de la "guerra civil", con todos sus horrores. La desintegración de los Estados puede tener resultados catastróficos que no deberían ignorar impunemente los interesados en la defensa de los derechos humanos. Ignatieff es insistente: la forma más importante de protección para los derechos humanos de los individuos se encuentra en los regímenes nacionales de derechos, y éstos son más posibles de estructurar bajo Estados estables.
Hay en la argumentación de Ignatieff una visible influencia del pensamiento de Isaiah Berlin, sobre todo en su preocupación por resolver los problemas de valores en apariencia antagónicos. La política de derechos humanos, según él, "debe reconciliar fines morales con situaciones concretas, y debe estar preparada para hacer dolorosos compromisos no sólo entre fines y medios, sino entre propios fines". Su tarea le lleva a examinar varios dilemas: entre la soberanía estatal y el intervencionismo (que desemboca en imperialismo); o entre los derechos de los individuos y los de las comunidades; o el ya señalado entre la estabilidad estatal y los mismos derechos humanos. Su objetivo final es identificar unos criterios que permitan resolver estos dilemas.
Las preocupaciones de Ignatieff están particularmente motivadas por la guerras de origen étnico o nacionalista, con fines de secesión -como en el caso de la antigua Yugoeslavia-, y por aquellas experiencias -como la de Sri Lanka-, donde las aspiraciones separatistas se encuentran asociadas con movimientos terroristas "con un gran montón de sangre en sus manos". Aunque no hay referencias directas a Colombia, sus reflexiones sobre la necesidad de fortalecer el Estado como la mejor garantía para proteger los derechos humanos, son ciertamente relevantes.
En días pasados, Eduardo Pizarro Leongómez volvió una vez más sobre el tema, al advertirle a la "comunidad internacional" la imperiosa necesidad de "comprender los verdaderos dilemas que enfrenta la sociedad colombiana".[4] Su mensaje central es muy similar al de Michael Ignatieff: sólo con el fortalecimiento del Estado podrán darse las debidas condiciones para "la gestación de un orden público democrático". Pretender un "orden sin Estado", como parecerían exigirlo quienes se oponen a los esfuerzos de fortalecer al Estado en Colombia, no es sólo utópico, sino también la mejor receta para un mayor desastre humanitario, de proporciones aún insospechadas.
Referencias bibliográficas
[1] En foro virtual entre intelectuales colombianos, organizado por Semana.com, noviembre de 2000. Véase también mi ensayo "El estado y la democracia frente a la violencia y el proceso de paz en Colombia", en Carta Financiera, Anif, julio-septiembre de 2001, pp. 77-80.
[2] Por ejemplo, Toward greater peace and secutiry in Colombia. Forging a constructive US policy. Report of an independent task force sponsored by the Council on Foreign Relations and the Inter-American Dialogue (Washington, 2000).
[3] Véase su libro de ensayos The warrior's honor. Ethnic war and the modern conscience (Londres, 1998). Ignatieff fue uno de los 12 miembros del International Commission on Intervention and State Sovereignty, convocada por el gobierno canadiense, que produjo el informe The Responsibility to Protect, reseñado en mi anterior colaboración en estas páginas. Véase mi artículo en www.ideaspaz.org.
[4] Eduardo Pizarro Leongómez, "Reconstrucción estatal y orden democrático", El Tiempo, mayo 27 de 2002.
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