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| La prensa colombiana ha tendido a la autocensura. |
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En lugar de que los medios sean escenarios de debate, han optado por una información esquiva que no coloque en riesgo su seguridad y la de sus periodistas.
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Informe especial de la FLIP (I)
Elecciones y libertad de expresión
Mucho se ha hablado del papel de los medios de comunicación durante las jornadas electorales. Y las de 2002 no han sido la excepción. Aquí, como primicia en Votebien.com, el balance sobre el derecho a la información y la libre expresión durante los meses de campaña electoral a la Presidencia de la República, preparado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Proyecto Antonio Nariño para la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Las elecciones presidenciales del 26 de mayo 2002 se realizan en medio de la mayor polarización política de los últimos años, situación resultado en gran parte por las acciones violentas de los grupos guerrilleros y paramilitares, que han constreñido las libertades democráticas de los habitantes en varias regiones para que no puedan decidir libremente sobre su preferencia electoral.
Este informe llama la atención específicamente sobre las limitaciones de la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.
La intimidación que producen la hegemonía militar y política de los grupos armados ilegales en algunas regiones ha llevado a que la campaña transcurra, en gran parte del país, "sin pena ni gloria" como dice una periodista de Barrancabermeja. Es decir, en lugar de que los medios sean escenarios de debate, han optado por una información esquiva que no coloque en riesgo su seguridad y la de sus periodistas. Aunque existen pocas denuncias por parte de la prensa sobre amenazas directas por informar o recibir avisos publicitarios de algunos candidatos, es claro que muchos incidentes, que a continuación se reseñan, han "enrarecido" el ambiente de la libre información.
Denuncias de las campañas
Dos de las campañas presidenciales revelaron que fue restringido su derecho a emitir información y publicidad electoral.
La campaña del movimiento Primero Colombia (Álvaro Uribe presidente y Francisco Santos vicepresidente) denunció que en 33 emisoras del país no pudieron emitir avisos de su campaña porque dichos medios alegaron correr peligro en caso de hacerlo. El listado de las emisoras se dio a conocer de manera exclusiva al Ministerio de Comunicaciones y al Consejo Nacional Electoral y a la Ministra de Comunicaciones. Con la denuncia se buscaba determinar si en la actual campaña electoral se están respetando "los criterios de equilibrio, equidad e igualdad contemplados en la Ley para la divulgación de las propuestas políticas de los candidatos".
La denuncia añade: "Las emisoras que se han abstenido de recibir publicidad política pagada de la Asociación Primero Colombia están ubicadas en los departamentos de Valle, Cundinamarca, Atlántico, Tolima, Caquetá, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cauca, Caldas, Casanare, Huila, Bolívar y Guainía". También anotan que "importantes estaciones independientes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla" no recibieron sus avisos publicitarios.
De igual manera, el Partido Liberal Colombiano (Horacio Serpa presidente y José Gregorio Hernández vicepresidente) denunció que por lo menos en siete departamentos y 250 municipios ha visto entorpecidas sus posibilidades de hacer proselitismo y publicitar a sus candidatos.
La Red de Alerta y Protección de Periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP-, que actúa en diez regiones del país, reportó dos casos concretos de amenazas contra la prensa por publicar información electoral.
Aurelio Gómez Jiménez, periodista y director de Radio Sincelejo en la capital del departamento de Sucre, recibió en los últimos días numerosas llamadas telefónicas anónimas en las que amenazaban con matarlo y destruir su emisora si no retiraba del aire las 12 pautas publicitarias de la campaña de Horacio Serpa que emite diariamente. En la tarde del martes 16 abril, mientras se movilizaba en su vehículo, recibió amenazas verbales por parte de dos individuos que se transportaban en una motocicleta.
Otro caso ocurrió en Neiva, capital del Huila, el pasado 21 de mayo. El canal 2 de televisión local, que se trasmite por cable, recibió una llamada anónima durante la emisión de su noticiero, en la que advertían que de seguir transmitiendo información sobre Uribe tendrían que atenerse a las consecuencias.
De otra parte las campañas denunciaron que dos hechos violentos contra la prensa habrían sido motivados por informaciones relativas a sus candidatos. Según la campaña de Horacio Serpa, la muerte de un locutor en Aguachica-departamento de Cesar fue producto de la lectura de un comunicado del candidato.
No obstante, las organizaciones de libertad de prensa que trabajan en Colombia recogieron versiones que no coinciden con la de la campaña liberal y que desestiman un vínculo entre la difusión de información electoral y el crimen del comunicador. (Ver nota IPYS-CPJ, El Tiempo, anexo 1, descargando el documento completo).
Otro de los hechos sucedió en Villavicencio, departamento del Meta. En esta oportunidad la campaña de Álvaro Uribe aseguró que el atentado dinamitero que dejó 12 muertos, más de 70 heridos y destrozos millonarios fue en contra de la cadena radial Super, por haber trasmitido información política del candidato. Esta versión fue rechazada por directivos de la cadena radial quienes aseguraron que, pese a haber recibido amenazas por el motivo expuesto por la campaña, el atentado no era contra sus instalaciones. (ver nota IPYS- Anexo 2, descargando el documento completo).
Regiones al margen de la información
En los reportes de las regiones hechos por los corresponsales de la red de la FLIP, se informó que la libertad de prensa se ha visto afectada en algunos departamentos por la imposibilidad de que los periodistas se movilicen hacia las zonas donde existen problemas de orden público. En zonas como el oriente antioqueño, los medios no han enviado a sus corresponsales para cubrir la actividad proselitista dado que los ataques de la guerrilla dejaron incomunicada buena parte de la región y prefirieron evitar correr riesgos. Otro caso que se reporta como crítico es el del Cauca, donde los principales medios regionales consideran de alto riesgo el 80% de los municipios del departamento.
En Urabá, según periodistas de la región, las Autodefensas Unidas de Colombia han tomado partido por un candidato y "vigilan" que los medios no tomen una posición diferente a esa. Aunque en la mayoría de los departamentos no se han presentado presiones directas a los medios el ambiente de intimidación que reina, propio del conflicto armado, ha alimentado la práctica de la autocensura en los periodistas. Así se reporta en regiones como el Magdalena Medio, Nariño, Huila, Sucre y Cesar. Lo anterior las deja a la deriva de la información nacional ya de por sí diezmada por la crisis económica.
Segunda parte del informe FLIP.
Votebien.com
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