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| El presidente Pastrana deja buen balance en relaciones internacionales. |
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Conflicto armado interno sin resolver, alto nivel de desempleo, preocupantes índices de corrupción, una deuda externa que consume el 40% del presupuesto nacional y un déficit fiscal todavía fuera de control, algunos de los indicadores que recibirá el nuevo gobierno.
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Colombia elige
Los retos del nuevo gobierno
Con la elección presidencial de hoy, Colombia inicia una nueva etapa de su vida democrática en la que la mayoría de ciudadanos tiene centradas sus esperanzas en profundos cambios económicos,
políticos y sociales.
Pero el panorama que recibirá la nueva administración -se defina hoy o el próximo 16 de junio quién la liderará- no es el más alentador: un conflicto armado interno aún sin resolver después de cuatro décadas de confrontaciones; un
creciente nivel de desempleo, el más alto de América Latina; una clase política galopante en privilegios desmesurados; el tercer país puesto a escala mundial en cuanto a índices de corrupción administrativa; una deuda externa que consume el
40% del presupuesto nacional y un déficit fiscal todavía fuera de control, son apenas algunos de los indicadores que recibirá el nuevo gobierno.
Quizás, en medio de este sombrío panorama, las relaciones internacionales constituyen el único aliciente: el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos y una cada vez más estrecha colaboración con la Unión Europea serán las bases a consolidar en el próximo cuatrienio.
Relaciones internacionales
Los analistas de la política exterior colombiana sostienen que en esta materia el reto es grande para el próximo Gobierno, teniendo en cuenta que se trata de uno de los indicadores más altos que dejará la actual Administración.
Consolidar las relaciones con la Unión Europea; fortalecer las relaciones comerciales con Estados Unidos, Centroamérica, los países del Cono Sur y las cuencas del Pacífico y el Caribe, y mantener en buen nivel pero sobre todo de manera cordial las accidentadas relaciones con Venezuela, son apenas algunas de las prioridades que mencionan los expertos.
"Un eventual proceso de paz con las Farc demanda no sólo la cooperación de Estados Unidos. La Unión Europea será determinante en este propósito porque de tiempo atrás ha venido expresando su interés por ser mediadora", explica el
politólogo de la Universidad del Rosario Enrique Serrano.
En ese sentido, el catedrático agrega que con la Unión Europea el nuevo Gobierno debe intentar una especie de 'Plan Colombia Social' que facilite la reinserción de alzados en armas, cooperación más activa en el campo económico y reducir las deplorables condiciones de vida en las zonas de
conflicto.
Aspectos como la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional el próximo 1 de julio, tratado al que adhirió Colombia, no será impedimento para los asuntos internos, ya
que "los primeros juzgamientos se estarían dando dentro de dos o tres años, tiempo que debe aprovechar la nueva administración para adelantar contactos de paz con la guerrilla", añade Serrano.
Por su parte, el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo estima que "el clima de entendimiento con Estados Unidos es propicio" para continuar la búsqueda de la ampliación de los tratados comerciales tipo Atpa, proceso que está muy
avanzado.
Dice Ramírez que la gran tarea que tiene quien gane las elecciones será alcanzar el fortalecimiento comercial del país. "El tema de gran envergadura será el Alca -Area de Libre Comercio de las Américas-, pero además están la
integración con la Comunidad Andina, el fortalecimiento de los lazos comerciales con Ecuador y Venezuela y conseguir el ingreso de Colombia a los países de las cuencas del Caribe y
del Pacífico".
Proceso de paz
Los tres años largos que duraron los diálogos de paz del presidente Andrés Pastrana con las Farc le dejaron al establecimiento una lección clara: que antes de iniciar cualquier negociación se deben definir plenamente las condiciones bajo las que se desarrollará el proceso.
La tarea más importante para el nuevo Presidente de la República será restablecer la confianza no sólo de las partes, sino también de la ciudadanía que no vería con buenos ojos, por ejemplo, la creación de una nueva zona desmilitarizada.
"El nuevo Gobierno necesita replantear el proceso de paz, con una nueva naturaleza y una nueva agenda, pero ante todo bajo el compromiso de bajarle la intensidad al conflicto", sostiene el experto de la Universidad Javeriana, Enrique
Borda.
Borda, no obstante, insiste en que crear las condiciones necesarias para reiniciar negociaciones con la subversión demanda algunos pasos previos, de orden persuasivo y otros de
orden disuasivo.
Entre los primeros estarían enviarle un mensaje claro a los grupos al margen de la ley de que el Gobierno sí tiene voluntad de dialogar, y los segundos se refieren a utilizar todo el poder del Estado para presionar la negociación: presión política nacional e internacional, presión social y presión militar.
"Sólo así las Farc verán que están completamente aisladas y que la mejor opción que tienen es aceptar la negociación", sostiene el catedrático al insistir en que antes de cualquier otro paso "se necesita un acuerdo que comprometa a la
guerrilla a respetar el Derecho Internacional Humanitario".
Menos optimista se muestra el ex consejero de Seguridad Nacional, Armando Borrero. En su opinión, como mínimo se necesitarán dos años de la nueva administración para que la guerrilla entienda el mensaje que envíe el Gobierno sobre una eventual negociación política.
Borda y Borrero coinciden en dos aspectos. Primero, que ni hay condiciones ni se ve viable la posibilidad de llegar al 'canje' que quiere hacer la guerrilla para liberar a sus presos a cambio de dirigentes políticos y militares
secuestrados.
En segundo lugar, ambos son de la opinión de que son alentadores los avances que la administración Pastrana entregará a su sucesor en cuanto al proceso con el Ejército de Liberación Nacional.
Política interna
El panorama político que le espera al próximo Presidente es bastante complejo, especialmente por el nivel de gobernabilidad que pueda tener de acuerdo con la nueva composición del recién electo Congreso de la República.
Si bien la agenda legislativa y las prioridades nacionales serán las mismas, gane quien gane, la diferencia la marcará en buena parte el respaldo parlamentario que desde ya comienza a configurarse, es decir las relaciones Gobierno-
Congreso que hasta el momento han estado marcadas por el 'maridaje' denunciado por los organismos de control.
De ser Álvaro Uribe el nuevo Jefe del Estado, su respaldo estará fincado en una especie de 'Gran Alianza' similar a la que apoyó en los dos primeros años de su gestión a Andrés Pastrana.
"Esa es la gran incógnita: nadie sabe hasta cuándo le durará ese respaldo porque quienes hoy lo apoyan no integran una bancada sino que provienen de todos los sectores políticos",
advierte la directora del Proyecto Congreso Visible de la Universidad de los Andes, Elizabeth Ungar.
De ser Horacio Serpa el ganador de las elecciones, añade la analista, la situación es otra porque "la polarización política del país llevaría a una gran oposición al Gobierno,
aunque Serpa tiene mayor experiencia en el manejo del Congreso".
"Se espera que la oposición esté liderada por los
parlamentarios que lideran el Polo Democrático, pero que en cualquier caso no son mayoría", dice por su parte la decana en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Adriana Delgado.
Los retos sociales
Salud, Educación, Vivienda, Servicios Públicos y Cultura se perfilan como factores decisivos en el desempeño del futuro Ejecutivo.
La reforma pensional hay que hacerla, según el senador Eduardo Corssi. "Hay que evitar a toda costa que se sigan entregando fondos estatales al sector privado y más bien fortalecer el sistema oficial de pensiones para que toda la población se vea cobijada", asegura.
Su colega Gustavo Angarita agrega que es preciso reformar la Ley 100 para que durante el próximo cuatrienio el Gobierno se concentre en procurar una cobertura total.
De otra parte, urge una reforma a la apertura indiscriminada para que se proteja al sector agrícola y a la industria nacional. "Corregir este rumbo es primordial para la recuperación del país y la creación de empleo", afirma el economista Eduardo Sarmiento.
Pese a que el Ministerio de Salud se propuso concluir en lo que resta de esta administración la reglamentación de la Ley 715 en aspectos críticos como flujo de recursos, el sistema
de inspección, vigilancia y control, los fondos locales de salud, control a la evasión y a la elusión, quedaron pendientes las metas de cobertura en salud para la totalidad de la población. Y durante el 2002 y el 2006 se tendrá que unificar el Plan Obligatorio de Salud -POS- del Régimen Subsidiado con el del Contributivo.
En relación con los impuestos y servicios públicos, se impone, según el senador Juan Martín Caicedo Ferrer, la necesidad de cristalizar una equidad tributaria para que las tasas no se recarguen sobre las mismas espaldas de los menos
acomodados: "El gobierno entrante debe ser más drástico en el control de la elusión y evasión que sin duda le crea al Estado un hueco fiscal enorme".
En materia de educación las asignaturas pendientes tienen que ver con la educación básica y media, que requiere la aplicación de la Ley 715 de 2001, concluir su reglamentación y el proceso de certificación de los municipios mayores de
cien mil habitantes. Así también, poner en marcha el Nuevo Estatuto de la Profesión Docente y el Nuevo Sistema de Inspección y Vigilancia. Por otra parte, se debe continuar con el proceso de reorganización para ampliar la cobertura educativa hacia la educación preescolar, básica y media.
Respecto a la educación superior, las prioridades son:
- Continuar la aplicación de los exámanes de Estado para profesionales de último año (Eces).
- Darle carácter obligatorio al de Derecho y aplicarlo en otras carreras.
- A renglón seguido, no cejar en impulsar estímulos para la acreditación de calidad de programas institucionales.
Colprensa/Votebien.com
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