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Informe especial
Cali adolece de control político ciudadano
En estos veinte años de vigencia de un nuevo pacto social, en Colombia, calificado por analistas y expertos como un paso significativo hacia el avance de la democracia participativa y el pluralismo socio político y cultural, la apropiación ciudadana de espacios de participación, como el control social sobre la gestión pública, ha sido lenta, difusa y en algunos casos cargada de contradicciones. No cabe duda que en términos reglamentarios han surgido espacios y se han fortalecido otros. Pero ello no significa que la cultura política dominante por más de cien años, desaparezca de manera casi mágica. Es un proceso que requiere erradicar la concepción patrimonialista del Estado, las limitaciones culturales y reales para el acceso a espacios de poder restringido a ciertos sectores o la manipulación política de los incluidos sobre los excluidos.
Cali, es ejemplo de ello y a ciertos aspectos de su dinámica en cuanto al control político institucional y social, hace referencia esta reflexión. En primer lugar, y a manera de síntesis, se alude a las condiciones de gobernabilidad y legitimidad política durante los tres últimos periodos de gobierno . En segundo lugar, al protagonismo político de los concejales, desde una perspectiva institucional y de la sociedad caleña desde los espacios constitucionales; ambos, para ejercer el control a la gestión de los gobernantes.
El gobierno, desde que aparece el Estado, es la institución central de una comunidad política, lo que le hace poseedora de atribuciones relacionadas con la gestión de lo público: realizar acciones que solucionen o modifiquen situaciones socialmente problemáticas, sea porque son identificadas y demandadas por la sociedad o porque el gobernante en su preocupación por el bien público reacciona proactiva y preventivamente a aquellas, convirtiéndolas en asuntos de interés general.
Con base en esa dinámica, que ha de cumplir cualquier gobierno en una sociedad democrática y participativa, se cumplen dos condiciones esenciales para su existencia: la legitimidad y la eficacia. La primera tiene que ver con la aceptación social que justifica y explica el ejercicio del poder. Se sustenta en el principio de negociación, consenso disenso y participación ciudadana; es consecuencia de la segunda. Por su parte la eficacia, hace referencia a los resultados de las acciones del Estado: técnicamente formuladas y políticamente concertadas, cuyos resultados benefician el desarrollo socioeconómico en términos de calidad de vida. En síntesis, la gobernabilidad se refiere a la manera como el Estado ejerce el poder y es el resultado de la efectiva representación de intereses diversos y la existencia de espacios de mediación y concertación.
La gobernabilidad en Cali se detuvo o entró en crisis desde 1996 hasta nuestros días. Esto incluye ya tres períodos de gobierno sin que se observe opción política real que saque a Cali del hueco; aunque por este tiempo se leen slogan de campaña con ese contenido. Entre las manifestaciones de la crisis de gobernabilidad que ha caracterizado este período se revelan la crisis fiscal que llegó en el 2000 a manejar 107 mil millones de déficit; la educación, base fundamental para la construcción de capital social, incremento de la productividad, mejores ingresos y mayores oportunidades de empleo productivo, quedó relegada a segundo plano en las políticas públicas locales. La corrupción institucional llevó a Bancali entidad financiera creada por la Reforma Administrativa (decretada en el Acuerdo 01 de 1996) a su inviabilidad y las Empresas Públicas afectadas por el mismo síndrome, otrora líder en la prestación de los servicios públicos, aún negocian su viabilidad.
La reforma administrativa, importante agenda de gobierno desde el Gobierno de Mauricio Guzmán: “Hacia un Gobierno que funcione mejor y cueste menos” ha seguido siendo objeto de ajustes para la reducción del gasto; inicialmente como un propósito de política pública local, finalmente como una exigencia de la ley de ajuste fiscal promovida por el Gobierno Central en el año 2000 . Esta reforma se ha caracterizado por la irracionalidad técnica y política. Su primer avance, durante el Gobierno de Guzmán, “amplió la planta de cargos creando una serie de jerarquías y conservando otras: secretarías generales, subdirecciones, subsecretarías, unidades y divisiones de libre nombramiento y remoción” Seguidamente, el Gobierno de Cobo continuó la tendencia improvisadora y sin compromiso de cambio en las estructuras políticas y en la cultura burocrática. Dilató el proceso, que ya era una exigencia del Centro y el acuerdo 70 del 2000 pasó a ser una colcha de retazos del Acuerdo 01 de 1996: “cortar aquí y cortar allá; agregar aquí para reducir allá”. Todo esto con el fin de disminuir burocracia y ajustarse a la Ley de Saneamiento Fiscal.
El Gobierno de John Maro ha contado con un reducido margen de maniobra presupuestal y legal . No obstante, su gestión no ha demostrado un norte claro y preciso para empezar a rescatar a la Ciudad del desmantelamiento gubernamental y recuperar credibilidad. Varias son las acciones que indican la falta de norte. En primer lugar, e iniciando su mandato, dilató por seis meses la toma de decisiones sobre el ajuste burocrático lo que significó para el erario público “25 millones, más 17 mil como sanción moratoria en el pago de cesantías a los funcionarios que se retiraron” . Adicionalmente, la racionalidad empleada para realizar estudios sobre la meritocracia que debería continuar, principalmente aquella con memoria institucional, llevó a que hoy, la Administración no tenga capacidad para atender los problemas de la Ciudad, los procesos se han dilatado y la anarquía cunde en las instalaciones del CAM.
En segundo lugar, no logró hacer equipo con el Concejo para coadministrar. En esa medida exageró su desconfianza, porque no todo es malo. Y sin desconocer las razones de su prevención y las dificultades que esa relación conlleva y ha conllevado en otras ciudades de Colombia (léase Bogotá), no se le exime de condiciones de liderazgo y de estadista que lo llevaran a concertaciones políticas “sin vender su primogenitura”.
El alcalde John Maro quiso conservar su independencia política del Concejo pero no demostró claridad para escoger su equipo de colaboradores. Por esta razón, a lo largo de 28 meses se han producido muchos movimientos, rotaciones e interinidades que han afectado a 82 funcionarios de 24 dependencias de primer nivel. En promedio, cada dependencia ha tenido 3..45 secretarios y cada secretario de despacho ha estado 8.1 meses en promedio. Esto sin mencionar los siete gerentes generales que ha tenido EMCALI, en momentos en que el Alcalde debería haber contado con un colaborador permanente, pero también técnica y políticamente efectivo, como razón fundamental para ofrecer una salida negociada con las distintas fuerzas que tienen intereses sobre la Empresa, pero principalmente con la Ciudad. En este caso, subordinó su autoridad y la autonomía local a la iniciativa de las instancias nacionales.
Su falta de claridad sobre el futuro de ciudad para Cali, está plasmado en el Plan de Desarrollo, su relación con el POT y su integración con el Sistema de Transporte Masivo. Respecto del segundo ha primado la rentabilidad del servicio, más que la recuperación de espacios y lugares comunes para la gente y la integración social. La exclusión entre dos ciudades sigue vigente en este proyecto. La relación entre el Plan de Desarrollo y el POT ha generado controversias e incertidumbres sobre las áreas de expansión, de equipamiento colectivo, de conservación, de densificación, de redefinición de los usos del suelo, etc. Navarro es un ejemplo de redefinición, como también de improvisación acerca del traslado y uso de las basuras que hoy se depositan en ese lugar de la Ciudad. En síntesis, hay más desaciertos que aciertos y la ciudadanía así lo ha percibido
El divorcio entre las dos instancias que administran la Ciudad: alcaldía y concejo, puede explicar el fenómeno de gobernabilidad que ha vivido Cali, principalmente este último período. Pero es necesario detenerse en el papel que ha jugado el Concejo para ejercer el control político que le corresponde. En realidad, parecen brillar por su ausencia, y la opinión de los caleños así lo demuestra. “El 69% no cree en la corporación edilicia. El 53% asignó 3 a su gestión (en un rango de 1 a 5), el 42% la calificó entre 1 y 2 y sólo el 7% le otorgó un 4 . Esta tendencia se repite en el estudio sobre Gobernabilidad en Cali que mostró al 48% de los caleños calificando de ineficiente la gestión del Concejo. Y si se concibe que la eficiencia contiene aspectos de coordinación entre la Corporación y la administración central para obtener resultados fundamentados en demandas ciudadanas, es decir, en políticas sociales, el porcentaje de ineficiencia pasaría al 80%.
Rosalia Correa Young, Socióloga. Docente Carrera de Ciencia Política - Pontificia Universidad Javeriana Cali, Docente Carrera de Administración Universidad del Valle. El contenido de este artículo en nada compromete a las Instituciones responsables del Proyecto Cali Visible ni a las entidades cooperadoras USAID y Casals Asociados.
Léase el Gobierno de Mauricio Guzmán, Ricardo Cobo y John Maro Rodríguez.
Vea también:
- Segunda parte Informe Especial
- Tercera parte Informe Especial
Universidad Javeriana/Votebien.com
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