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Arturo Sarabia Better
Radiografía del fraude electoral
Ex Ministro de Estado y autor del libro: Reformas políticas en Colombia: Del Plebiscito de 1957 al Referendo de 2003, Bogotá, Editorial Norma
En los últimos días, a raíz de lo episodios registrados en Barranquilla, ha vuelto sobre el tapete el tema del fraude electoral. Sobre este asunto me referiré con detenimiento en esta nota, atendiendo la invitación que se me ha hecho. Comienzo pues con una advertencia: no hay sistema electoral infranqueable. Todos son susceptibles, en mayor o menor medida, de ser vulnerados por algún tipo de fraude. Que son mutantes, como los virus en las computadoras. No acaba uno de descubrir el antídoto para combatir alguno, cuando aparece uno nuevo tanto o más pernicioso que el anterior. No en vano se sostiene que en esta materia, como en tantas otras, hecha la ley hecha la trampa.
Pero este diagnóstico, por descarnado que parezca, no debe llevar a nadie a la desesperanza. Ni mucho menos utilizarse para descalificar a las democracias afectadas por estos vicios, como con tanta frecuencia y con ese tono tremebundo que les es propio, lo hacen sus más enconados enemigos. El reconocimiento de estas lacras electorales y de su naturaleza camaleónica, a lo que debe conducirnos, por el contrario, es al diseño de renovados instrumentos para combatirlas. Sin caer jamás en la ingenuidad, eso sí, de suponer que una vez adoptados estos controles, los fraudes serán erradicados para siempre. Aquí no cabe sino perseverar en la continua búsqueda de soluciones. Unas veces a través de reformas políticas, y otras mediante simples medidas administrativas.
Los sucesos recientes en Barranquilla, por tanto, deben mirarse con esta perspectiva. Allí lo que se detectó, básicamente, fue que buena parte de las cédulas que se inscribieron en el año 2003, lo fueron en forma fraudulenta. En unos casos, porque se violó la norma que establece que el ciudadano debe inscribirse personalmente. Y, en otros, porque quienes sí lo hicieron, señalaron una residencia que no correspondía a la verdadera, lo que configuraba un típico caso de trashumancia electoral.
Estas extendidas anomalías, verificadas casi al detalle por una comisión de investigadores encabezada por el magistrado Marco Emilio Hincapié, fue la que llevó posteriormente al Consejo Nacional Electoral, a anular en forma unánime la inscripción de la totalidad de las cerca 230.000 cédulas que se inscribieron en esta capital. Una determinación drástica y sin precedentes, que sí se complementa con las otras acciones que están pendientes, contribuirá a desmontar la sofisticada y fraudulenta operación que estaba en curso.
¿Y en qué consiste esta clase de operación? Veámosla con cuidado. El proceso fraudulento comienza desde el mismo momento en que sus promotores, generalmente candidatos o grupos políticos interesados en elegirse a toda costa, recomiendan a los amigos que ya tienen dentro de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que les nombren como supernumerarios -para adelantar las tareas de inscripción de cédulas- a reconocidas y experimentadas fichas suyas.
A este contingente de supernumerarios tramposos, habría además que agregarle aquellos que, habiendo sido nombrados por otras razones,terminan al final vendiendo igualmente sus servicios al mejor postor.
Una vez asegurada la complicidad de estos funcionarios, el paso siguiente consiste en suministrarles unos listados con los nombres y las cédulas de los posibles votantes, o incluso en remitirles las cédulas mismas, para que aquellos procedan a inscribirlos sin necesidad de su presencia física. El pago por hacerlo, hasta donde he sabido, se tasa por cada cédula inscrita.
Para adelantar esta faena el supernumerario debe falsificar la huella dactilar del ciudadano suplantado. Y no deja de llamar la atención que lo haga por lo general poniendo la suya. Como si le importara un bledo, dada la impunidad hasta ahora reinante, dejar expresa y flagrante constancia de su propio ilícito. Esta desfachatez denota hasta qué punto estas conductas han terminado por ser vistas como lo más natural del mundo.
Con estos listados en poder de los cerebros de la operación, me refiero a los que contienen los nombres de las personas que han sido irregularmente inscritas, lo que viene después es lo siguiente: quienes terminan votando son los jurados y no los electores. Para que esta filigrana pueda ser posible, sin embargo, se requiere que todos los jurados de una misma mesa de votación se pongan de acuerdo. Un arreglo difícil y poco probable si no fuera por la ausencia, el día de las elecciones, de muchos de los jurados debidamente designados. Sus “espontáneos” reemplazos son los que posibilitan la conformación de estas protervas alianzas.
Para poder armar estas trincas se requieren, por supuesto, algunas movidas previas. La más común, según se comenta, es falsear los listados de posibles jurados que las empresas privadas envían a la Registraduría. Por esa vía los autores de estas patrañas consiguen incluir dentro de la base de datos de los jurados, a aquellos previamente fletados para cometer el fraude. Este cambio, como es obvio, altera su posterior distribución aleatoria. Y aumenta las posibilidades de que los jurados terminen siendo homogéneos. Que es el quid de esta operación.
Pero no sólo eso. El propio sistema de distribución aleatoria de jurados tiene asimismo algunos baches, que ayudan también a la armazón de estos contubernios. El primero de ellos, es que, dado el desorden partidista existente y la conformación de múltiples y exóticas coaliciones, la distribución que la Registraduría hace de los jurados no siempre consigue separar a los partidarios de un mismo candidato. El software que para estos efectos tiene ese organismo, en efecto, está lejos de interpretar la realidad política actual. Éste clasifica los posibles jurados en varios segmentos, dependiendo básicamente de factores cómo: su nivel educativo, su condición de empleado público o privado, o su militancia política.
Este último criterio, sin embargo, no cumple con su función, pues solo registra cuatro categorías: liberal, conservador, independiente y apolítico, y ello no es demostrativo de la realidad de nuestro disperso sistema de partidos y sus actuales 71 miembros. Con este caos resulta prácticamente imposible distinguir, al momento de la distribución aleatoria de jurados que debe darse, si los agrupados en cada mesa forman o no parte de una misma coalición.
El otro mecanismo, en este caso aún más pérfido, encaminado a conseguir estos fines, consistiría en notificar en forma errónea o tardía a los jurados escogidos. Así se consigue confundirlos y se garantiza que éstos no concurran el día de las elecciones a cumplir con su tarea. Logrado este objetivo, es decir, la inasistencia de los verdaderos jurados, una nube de voluntarios fletados de antemano aparece solícita en los puestos de votación para reemplazar a aquellos faltantes, que en muchos casos ni siquiera se enteraron de su designación.
No se descarta, asimismo, como de hecho ha sido ya denunciado, que algunos de los funcionarios encargados de manejar los sistemas en la Registraduría, incluyan subrepticiamente en las listas de jurados, nombres que no estén en ninguna de las relaciones suministradas
por quienes sí tienen la posibilidad de hacerlo.
No hay que olvidar que la imaginación de estos manipuladores es bastante fértil,
Pero ¿Y cómo es que votan estos jurados? ¿Cómo logran evadir la vigilancia de veedores y periodistas? Dos serían las modalidades, hasta donde he podido saberlo, que le permitirían a la delincuencia electoral cerrar el círculo y lograr sus objetivos, que no son otros que llevar a las corporaciones o a los cargos públicos a quienes el pueblo seguramente no habría elegido.
La primera modalidad consiste en que un grupo de aparentes votantes circula como un carrusel por los lugares de votación, le muestra a los jurados fletados cualquier cédula, recoge los tarjetones que éstos les entregan en cada pasada y proceden tranquilamente, una y otra vez, a marcarlos y depositarlos en las urnas, ante la mirada por lo general atónita de quienes, al advertirlo, no alcanzan sin embargo a comprender los entresijos de semejante maniobra. Una segunda variante radicaría en conseguir que esos jurados untados llenaran con antelación y sin mayor apremio en sus casas, otras planillas donde se registren los votos de sus patrocinadores, para reemplazarlas en su debido momento por las correspondientes a cada mesa. No en vano en las últimas elecciones se detectaron muchos de estos formatos escritos con impecable caligrafía.
La lista de las modalidades de fraude no acaba por supuesto aquí. Hay varias más, como el llamado “voto cantado”, que consiste en anotar al momento del escrutinio en la planilla respectiva, un número distinto al efectivamente contabilizado en la mesa. También deben mencionarse las variantes más rústicas, como son las de alterar físicamente, por lo general en el recorrido que va de la zona de votación al lugar donde se depositan los documentos electorales, los formularios que consignan los resultados de cada zona electoral. Pero esta es una especie poco sofisticada y al parecer en extinción. Ya no se usaría sino en poblaciones muy apartadas.
Para todas las troneras mencionadas, los organismo electorales, por cuenta propia o presionados por la sociedad civil, han identificado ya medidas orientadas a taponarlas. La distribución de los jurados, por ejemplo, está siendo vigilada con mayor cuidado, y su resultado está siendo objeto de posterior chequeo, para verificar hasta qué punto pudieron haberse dado esas convergencias nefandas de jurados cómplices. Igual ocurre con la práctica de notificar mal a los jurados. En estas elecciones ya no serán los funcionarios de la Registraduría los encargados de hacerlo, sino un concesionario privado, que habría por supuesto que vigilar.
Para evitar, a su vez, que los jurados reemplacen furtivamente los formularios de registro de votantes por unos previamente tramitados, lo que se ha dispuesto por parte del órgano electoral, es la entrega de planillas que lleven una secuencia numérica. En lo referente al “voto cantado” lo que se ha previsto, por su parte, es situar unas cámaras de televisión en los lugares donde se adelantarán los escrutinios, para de esa manera, al igual que ocurre en los casinos, lograr que estos conteos puedan vigilarse debidamente. Algo que no debería asombrar a nadie, pues en la política, como hemos podido verlo, también hay tahúres.
Pero en esta materia, como en otras, y aquí concluyo, nuestra democracia solo podrá perfeccionarse significativamente, si logra organizar a sus partidos políticos y limitar en forma razonable su número. Ello por cuanto la mejor vigilancia electoral que puede lograrse, será siempre la que entre sí puedan hacerse partidos competitivos y serios. Mientras tengamos 71 partidos y no pueda distinguirse siquiera cuáles son los que están en la contienda, cuáles sus alianzas, y quiénes sus candidatos, los esfuerzos que se hagan para controlar los fraudes serán siempre precarios.
Arturo Sarabia Better/Votebien.com
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