Propuestas contra el conflicto

Vea además:
-Propuestas para reducir la desigualdad

-Propuestas para combatir la corrupción

¿Piensa continuar con la estrategia de seguridad de Uribe? Si no, ¿por qué y en qué la cambiaría?

Farc
A.M: La estrategia atribuida a Uribe tiene varias componentes. 1) Fortalecer la policía y el ejército y hacer seguimiento al más alto nivel a sus acciones ha dado buenos resultados. Impide un cierto “amodorramiento” propio de los conflictos prolongados y deteriorados. 2) Por otro lado la llamada seguridad democrática se ha plasmado en una ley cuya constitucionalidad no está aún asegurada y cuya aplicación se ha pospuesto varias veces de manera no suficientemente justificada (ley de justicia y paz). La ley podría y debería llevar a una “avalancha” de verdad y de reparación. Pero para ello se necesita cooperación de los propios implicados. La aplicación más probable va a conducir a un mínimo de verdad y un mínimo de reparación con efectos muy limitados de reconciliación. 3) O los acuerdos con los paramilitares han sido secretos o ha reinado un alto grado de informalidad con ambigüedades cuya clarificación puede ser costosa. 4) Sin procesos de pedagogía hacia los involucrados, las víctimas y la sociedad que obliguen moralmente a los paramilitares a confesar y a adoptar como línea de conducta el “nunca más” es previsible que se incuben nuevos procesos de respuesta violenta (la solución irregular de conflictos irregulares no conduce al reconocimiento de la legitimidad del Estado de Derecho). Es ABSOLUTAMENTE urgente darle un marco pedagógico a la aplicación de la ley de justicia y paz. De otro modo una ley de justicia transicional que empieza a aplicarse durante el conflicto producirá un costoso fracaso por sus ambigüedades y por la frustración de las expectativas generadas.

Me comprometo a aplicar hasta donde sea humanamente posible los dos principios: construir sobre lo construido y defender el Estado de Derecho solamente con las herramientas compatibles con el Estado de Derecho.

Lo más representativo de mi propuesta de gobierno se resume en una política dirigida a toda la población colombiana, invitándola a una convivencia respetuosa y señalando que el camino futuro para Colombia es educarnos. Me refiero a educación formal e informal. Colombia legal, cumpliendo normas y respetando al otro mediante un cambio de comportamiento contará con el ambiente preciso para llevar a cabo las políticas y acciones para asegurar crecimiento económico, empleo, salud, educación, vivienda, infraestructura y en fin todas las áreas de trabajo que requiere el desarrollo social. Primero la conciencia sobre el respeto a la vida, la constitución y las normas. Con una sociedad que le juega a lo legal es más fértil la acción estatal y privada

¿Cree que una negociación con las Farc es posible? Si sí, en qué se diferenciaría del proceso en el Caguán. Si no, ¿qué va a hacer?

A.M: La negociación con las FARC no puede y no debe premiar la violencia. La lógica de la interacción estratégica lleva –como pasó en el Caguán– a mentiras, amenazas y demostraciones de fuerza.

Vía CCRI o países amigos estaría dispuesto a recibir y a responder de manera pública una propuesta reducida a lo esencial, sin preámbulos ni regateos. La primera reunión es la decisiva (y probablemente la única).

Por otra parte, creo que el dilema salida negociada o victoria militar es un falso dilema. Existe también la posibilidad de que el factor decisivo sea la presión social. La posición de la sociedad puede (tanto más cuanto más clara y más claramente expresada) llevar a las FARC a adoptar un camino como el adoptado por la ETA.

ELN
Con el grupo guerrillero ha habido algunos pasos y parece haber voluntad de ambas partes. Pero nadie ha dicho que se va a negociar. ¿Qué negociaría con el ELN?

A.M: Aquí vale la pena celebrar la buena voluntad. También debe ser claro desde un comienzo que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de negociar el ordenamiento constitucional. Me imagino que el ELN estará muy interesado en una relectura histórica que incluya las razones de su accionar y en una incorporación en condiciones razonables a la contienda política democrática. Para la desmovilización ya existe un marco jurídico (ver a continuación) que difícilmente puede ser más laxo. Y que si fuera más laxo lo sería también para los paramilitares.

PARAS
Hay 20 fiscales asignados y cerca de mil personas que el gobierno va a presentar para aplicar la Ley de Justicia y Paz y la correspondiente reparación de las víctimas. ¿Cómo va a funcionar eso?

A.M: Una de dos: o se produce una banalización total del proceso, convirtiéndose éste en una mera formalidad, restringiéndose la verdad a lo ya sabido y comprobado por la Fiscalía; o cunde por cruce de información una actitud de confesión con efectos sólo contenibles por un proceso de enorme generosidad recíproca, con mucha reparación y mucho perdón. Mi interpretación es que las obligaciones de los paramilitares adquiridas en la ley de paz y justicia son pocas y que en cambio el Estado se verá en calzas prietas para asumir sus obligaciones en materia de reparación. Dependemos mucho de un proceso de urgente pedagogía que lleve a los paramilitares a colaborar (por su propio interés de mediano y largo palzo).

¿Qué pasaría si los paras no se acogen a la Ley por miedo a la extradición? ¿los perseguiría?, ¿o haría una propuesta diferente frente al tema?

A.M: Tengo entendido que la gran mayoría (más de 25.000) se acogieron ya al Decreto que no involucra ningún juicio, apenas una verificación con la Fiscalía. Los cerca de mil casos que se tramitan actualmente ante la Fiscalía parecen haberse acogido ya a la ley. Donde realmente radica el problema es en la posiblemente baja capacidad del Estado a responder a una eventual re-movilización de los paras. Hay signos que muestran que algunos de los desmovilizados ya se están poniendo de ruana a la justicia colombiana y eso los podría poner en camino inmediato hacia la extradición.

¿Cómo piensa resolver el tema de la reinserción de los ex combatientes para que no haya nuevas olas de violencia?

A.M: Precisamente es aquí donde se necesita combinar ley, moral y cultura. La discusión ha estado trágicamente centrada en el tema económico. Se ha generado la curiosa pseudo-obligación (ausente en el caso del delito común, mucho más motivado por la necesidad y el interés) del Estado y de la sociedad de “darles alternativas” de ocupación a quienes delinquieron como paras o como guerrilleros. La reinserción significa el restablecimiento de la vigencia de la ley (aplicación justa de las sanciones legales), de la norma moral (sentimiento de culpa por lo que la amerita y sentimiento de deber cumplido frente a lo que resiste análisis ético) y de la norma cultural (reconstrucción del consenso en torno a la total inaceptabilidad de los crímenes atroces, independientemente de la nobleza mayor o menor de sus intenciones. Creemos que en su afán de resultados el gobierno nacional en los últimos años ha incurrido en la creación de expectativas (y posiblemente de derechos) muy difíciles de satisfacer. Hay fácilmente millón y medio de víctimas que por la ley de justicia y paz que reúnen las condiciones para reclamarle al Estado. Difícil imaginar una guerra más costosa en vidas y en indemnizaciones por parte del Estado. Si bien parece un tema de justicia es también un tema de presupuesto y de equilibrio fiscal.

Ojalá la señal de que el daño causado podría ser económicamente impagable ayude a elevar la presión social contra todos los grupos armados al margen de la ley.