Propuestas para acabar la corrupción
La tendencia internacional es a preservar la independencia de las entidades responsables de producir y divulgar las estadísticas oficiales. ¿Cómo garantizar la independencia del DANE teniendo en cuenta que la confianza del público en éstas es fundamental en una democracia?
A.M: Otorgar independencia o autonomía al DANE no garantizaría por si solo la calidad, veracidad y pertinencia de las estadísticas oficiales. Estas condiciones dependen de quien tenga a su cargo la entidad. La dirección del DANE, como la de todos los demás departamentos administrativos y entidades de la Administración Pública, estará a cargo de personas designadas, luego de un cuidadoso proceso de selección meritocrática, tal como lo he hecho en las oportunidades en que he tenido a cargo equipos de trabajo con altas responsabilidades. Las personas que estarán al frente de éste y todos los demás cargos que me correspondería designar, serán seleccionados por mi en forma totalmente independiente, sin importar su género, tendencia política o creencia religiosa. Tendré en cuenta su formación académica, experiencia previa, habilidades y competencias para desempeñar el cargo y, sobre todo, sus condiciones éticas y compromiso con el país.
De otra parte en el tema de la información oficial, algo que es muy importante y que el país está en mora de hacer es la creación del Sistema Nacional de Información, el cual bajo la dirección de un cuerpo colegiado, deben hacer parte no solo el DANE, sino también entidades públicas como el INAC, el IDEAM y todas aquéllas que produzcan información sectorial.
¿Cómo va a garantizar la transparencia en las próximas elecciones territoriales del 2007, considerando las debilidades de nuestro sistema electoral y los riesgos de intervención de grupos regionales y locales al margen de la ley que participan del actual proceso de desmovilización?
A.M: Los máximos esfuerzos del gobierno nacional deben asegurarse para capacitar y explicar todos los procesos electorales. Las pasadas elecciones de Senado y Cámara demostraron que los ciudadanos no tenían claro el mecanismo de votación, lo que resultó en confusiones en el diligenciamiento del tarjetón.
Los testigos electorales son un mecanismo que se debe incentivar. Es fundamental contar con observadores internacionales a quienes se debe invitar a participar con suficiente anticipación.
Apoyaría movimientos de sociedad civil que como la reciente iniciativa del Movimiento de Observación Electoral MOE, el cual ha propuesto un Código de ética a ser suscrito por todos los candidatos a la Presidencia de la República.
Obviamente todo lo anterior apoyado con la presencia de Estado en el marco constitucional y un llamado a toda la ciudadanía para que cada uno se convierta en un guardián de las elecciones. Los mecanismos de denuncia ciudadana deben estar abiertos para atender en la medida de lo posible y proponer soluciones en tiempo real.
¿Qué medidas adelantará usted para profundizar en la reforma política, considerando que ésta atraviesa estratégicamente la lucha contra la corrupción por su relación con los riesgos que genera el clientelismo, la ausencia de responsabilidad política de los partidos, la falta de un verdadero estatuto de oposición, y la aún débil cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía?
A.M: Las recientes elecciones parlamentarias, así como el actual debate para las presidenciales, estrenando la reforma política y la figura de la reelección, han demostrado que la normatividad fue expedida sin prever una serie de circunstancias, que existen vacíos, que se ha reglamentado sobre la marcha.
La organización electoral debe hacer una evaluación de todas estas circunstancias y proponer o expedir, en el marco de su competencia, la normatividad necesaria para evitar que se repitan situaciones que generen desigualdad o parcialidad. Debe impulsarse la expedición del Código Electoral, la simplificación y racionalización de las normas electorales, de manera que su fácil interpretación y comprensión propicien el ejercicio de los derechos políticos y la participación activa de movimientos y partidos en las decisiones democráticas.
Específicamente se propone una reforma que asegure la equitativa participación de todos los candidatos. Propondría la modificación del actual sistema de financiación estatal asegurando espacios equitativos para todos los candidatos sin realizar desembolsos a las respectivas campañas. Así mismo, buscaría que se prohibiera la financiación privada de campañas presidenciales, tanto de personas naturales como públicas. En resumen, toda la actividad electoral se financia en igualdad de condiciones por parte de Estado.
¿En qué se diferenciará la política de lucha contra la corrupción de su gobierno de la que existe actualmente? ¿Cuál será su propuesta institucional para hacer viable y efectiva su política anticorrupción?
A.M: Como lo he anunciado en mi Programa de Gobierno: "Colombia Legal, Justa y Productiva", si bien debe combatirse todo tipo de corrupción mediante la acción estatal pronta y cumplida, la sanción no es suficiente, las acciones preventivas deben profundizarse.
Para lograrlo trabajaré para promover y practicar una ética civil de transparencia, claridad y consecuencia. La transparencia permite el examen público. La claridad ayuda a ver si los resultados guardan correspondencia con causas y finalidades. La consecuencia se refiere a que las prácticas corruptas o que privilegian los intereses particulares sobre los de carácter público puedan sancionarse legal y socialmente.
Aseguraré que el gobierno y las instituciones muestren resultados sostenidos en los diferentes campos de la actividad estatal y que, para obtener esos resultados, actúen siempre conforme a la ley. Haré que los organismos estatales sean más responsables y receptivos frente a las voces de la sociedad civil y al control político.
Promoveré la rendición de cuentas de todas las instituciones públicas, incluidos los órganos de control, la fiscalía y la rama judicial con procedimientos claros e invitaré a la ciudadanía a ejercer control sobre las acciones de la administración pública en sus diferentes niveles, y sobre la actividad de sus representantes en el poder legislativo
Ofreceré información confiable y oportuna para que la ciudadanía conozca los resultados de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales, y de sus representantes en el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.
Construiré cultura de legalidad (coherencia entre reglas formales y reglas informales) y trabajaré en el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano en todos los niveles y entidades. Está demostrado que un servicio deficiente, inoportuno y lento genera desconfianza en la administración.
Así mismo, propiciaré la simplificación y racionalización normativa y de trámites para facilitar el cumplimiento de deberes y la exigencia de los derechos por parte de los ciudadanos.
¿Usted mantendrá en el plan de desarrollo partidas globales para ser distribuidas regionalmente (antes "auxilios parlamentarios") que ascendieron a 1 billón de pesos en el presente cuatrienio? Si la respuesta es afirmativa, qué mecanismos prevé para la distribución y ejecución transparente de dichos recursos?
A.M: No estoy de acuerdo con partidas globales, auxilios o como quiera que se defina que no se ajusten a criterios objetivos, transparentes, públicos y basados en criterios de priorización que tengan un fundamento de análisis en rentabilidad social, técnica y económica.
Es innegable que es Estado requiere redistribuir los ingresos nacionales para apoyar las regiones con más atrasos en su desarrollo. Las transferencias de la Nación deben darse en el marco de las normas constitucionales y legales bajo criterios objetivos y técnicos y solo por parte de una entidad técnica del orden nacional. La fuerza de las regiones es uno de las cinco líneas de acción de mi Plan de Gobierno.
La descentralización no es un fin en sí mismo. Está al servicio del ciudadano. La descentralización se justifica si consigue hacer valer los derechos del ciudadano en su territorio, si permite organizar mejor y de manera más productiva y sostenible la acción colectiva y si premia el aprendizaje social.
El disfrute de los derechos se materializa en las entidades territoriales donde vive la gente. No es posible imaginar avances importantes en derechos como nutrición, salud, educación, seguridad, medio ambiente sano y empleo, sin acciones complementarias o conjuntas entre el gobierno nacional y las autoridades, las empresas y las comunidades locales.
La Constitución prevé un proceso de creciente descentralización que es preciso construir gradualmente. Para ello conviene reconocer la coexistencia de grados muy diversos de responsabilidad y de autonomía locales.
Propongo seis orientaciones básicas para lograr unas regiones fuertes: corresponsabilidad, potenciación de ventajas, aprovechamiento del patrimonio y de transformaciones culturales pasadas, sostenibilidad ambiental, capacidad territorial para garantizar derechos y apropiación social y estatal del territorio.
En la relación de la Nación con las entidades territoriales habrá una definición más clara de roles y responsabilidades, un reconocimiento de mayor autonomía a las entidades territoriales que lo ameriten de acuerdo con criterios objetivos cuya definición y aplicación se estudiará, y estímulos a proyectos conjuntos emprendidos por municipios y departamentos.
