Uribe, segundo tiempo (Parte 2)

En materia económica, las prioridades también han perdido fuerza, por el afán reeleccionista y porque se ha quedado corto en el calado de las reformas.

Cuando Uribe llegó a la Presidencia su mandato en materia fiscal era claro: poner la casa en orden. Eso significaba resolver los apuros de plata de la Nación en el corto plazo y avanzar en soluciones de fondo a problemas viejos, como el de la megadeuda pensional que había acumulado el país en las últimas cuatro décadas. Ambas tareas resultaban fundamentales para sanear las maltrechas finanzas públicas, pero implicaba pisar muchos callos.

Nadie puede decir que en el primer frente, el de tapar el hueco fiscal de cada año, el gobierno haya dejado de hacer la tarea. Con tres reformas tributarias a cuestas y una más en el horno, ha logrado mantener el déficit fiscal bajo control y cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. Así, a cuenta gotas, ha enviado un mensaje de confianza a acreedores locales y extranjeros, quienes reconocen que al mando de la difícil situación fiscal colombiana está un gobierno serio.

Sin embargo, en su afán por conseguir recursos a través de las sucesivas alzas en los impuestos, dicen algunos de sus críticos, el gobierno ha entrado en contradicciones. "Hoy propone un IVA de 4 por ciento a los alimentos, que recaería sobre las personas más pobres, cuando hace menos de seis meses llenó de exenciones y regímenes privilegiados a las empresas y los grandes capitales", afirma el ex ministro Juan Camilo Restrepo. En las dos últimas reformas, el gobierno impulsó una docena de exenciones tributarias para sectores como el hotelero o el de los cultivadores de palma y una gran zanahoria para las empresas que reinviertan sus utilidades.

En cambio, en el segundo frente, el de los ajustes estructurales, al gobierno le ha faltado una visión de largo plazo. El gobierno dio un primer paso con la presentación, a comienzos de 2004, de un proyecto de ley que busca mejorar el diseño del presupuesto de gastos de la Nación. Pero el gobierno parece empantanado en el propósito de acabar con los costosos regímenes especiales de pensiones o desenredar la maraña de normas que conforman el estatuto tributario.

El primer atraso se produjo por el rechazo al referendo. Uribe le apostó a conseguir por esa vía algunas de las reformas económicas pendientes y perdió. Y en el primer semestre de 2004, cuando se suponía que iban a comenzar a debatirse en el Congreso los temas de fondo, el gobierno decidió aplazar la presentación de la reforma pensional. Argumentó que no había suficiente tiempo para aprobarla en esa legislatura. Algunos escépticos señalaron, no obstante, que tomaría el mismo tiempo que la aprobación de la reelección presidencial, que sí se presentó.

Ahora el gobierno se alista a dar la pelea en el Congreso y sacar adelante un acto legislativo que elimina los privilegios pensionales y una reforma tributaria que propone aumentar la base del IVA y gravar las pensiones altas. El forcejeo promete ser difícil. Ni echarle mano al IVA ni poner a pagar impuestos a los pensionados son medidas populares. En el tire y afloje, además, estará atravesado el proyecto de reelección, que compite con las reformas económicas y que podría terminar aplazándolas otra vez.

El talón de Aquiles

Sin duda la política de seguridad democrática, en lo que a las Farc se refiere, es la que muestra mayores resultados. El Presidente ha dicho, y lo reiteró en el foro sobre el tema que realizaron varios medios de comunicación el pasado miércoles, que su objetivo es llevar el Estado a todo el territorio nacional para que la gente pueda vivir en democracia. En efecto, el gobierno ha puesto a las guerrillas a la defensiva, y como consecuencia han disminuido sus ataques a la infraestructura y a la población. Ese no es un logro menor, y no sería exagerado decir que sobre él se fundamenta su enorme popularidad. Sin embargo, se vislumbran algunas alertas sobre la necesidad de ajustar esta política, para que sea sostenible. Entre ellas, la urgencia de que, valga la redundancia, la política sea más política y no sólo militar. (Ver artículo siguiente con las conclusiones del foro de seguridad).

Pero el mayor problema de coherencia que ha tenido la política de seguridad democrática ha sido la manera como el gobierno está enfrentando al paramilitarismo. Y esto también ha contribuido a desvertebrar las instituciones democráticas. El Presidente sostiene que no hace diferencias entre guerrilla y paramilitares: que a ambos los está atacando en el plano militar y a los dos les ha ofrecido diálogo, con la condición de que previamente cesen el fuego. Esto lo ha cumplido con los guerrilleros a rajatabla, y es verdad que en el campo de batalla ha atacado a los paramilitares con más dureza que los gobiernos anteriores.

No obstante, en el plano político el tratamiento a las autodefensas es incongruente con la premisa de tratar a todos los violentos por igual. El gobierno puso como condición para negociar con los grupos ilegales armados el cese de hostilidades, pero aun cuando el propio Presidente ha reconocido que este cese no se ha dado con los paramilitares, les concedió una zona de concentración e instaló la mesa de diálogo en Santa Fe de Ralito. De otra parte, dijo en el citado foro que el proceso sufre de falta de credibilidad porque los paramilitares no han dejado de traficar coca, y sin embargo apoyó la visita de tres de sus jefes al Congreso de la República.

El futuro

Estas alertas advierten de los riesgos que puede tener el gobierno Uribe si deja que la ambición y la microgerencia sigan debilitando las instituciones. Las decisiones del gobierno no siempre son coherentes con el discurso del Presidente, que se centra en la necesidad de restaurar la democracia en todo el territorio nacional para que retorne la confianza, el crecimiento sólido, y se puedan así enfrentar los problemas de pobreza.

La reelección y el estilo de microgerencia han frenado la capacidad transformadora del gobierno. Con todo el capital político que ha acumulado tiene la posibilidad de hacer transformaciones de fondo, en lo fiscal por ejemplo o en las relaciones con el Congreso. En cambio, se está enredando, cediendo sin necesidad demasiado terreno a los grupos politiqueros o de intereses particulares, a cambio de reformas tributarias de corto vuelo, o parches al problema pensional, o 'atajos' para ganar la guerra más rápido.

Según la experiencia del encuestador Jorge Londoño, ese es el primer síntoma de que pronto comenzarán a ser más críticos del gobierno en otros aspectos. Es una percepción que empieza a expresar no sólo la opinión calificada, sino también la gente corriente. Como lo señaló la encuesta de Gallup, en las últimas semanas, el porcentaje de hogares que dice estar económicamente mejor dejó de crecer y se estancó en cerca del 30 por ciento, una cifra de todos modos baja. Además ya una mayoría de la gente desaprueba cómo Uribe está manejando el costo de vida, lo que quiere decir que las personas empiezan a sentir que el dinero no les alcanza.

Dice Londoño que la popularidad de Uribe llegó a su tope. Por eso es tan importante que no pierda su impulso reformador, que se sostenga en su objetivo de defensa de la democracia y, como el mismo Uribe lo prometió la semana pasada, no se deje tentar por el populismo, en aras de la reelección. Es mejor que se retire como un buen ex presidente a que sacrifique semejante oportunidad histórica.