A. ESTABLECER UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INCLUYENTE SIN RESTRICCIONES
Nuestro compromiso consiste en realizar todas las acciones legislativas y administrativas necesarias para que Colombia, en cumplimiento de la Constitución, emprenda un camino cierto hacia la construcción de un Sistema de Seguridad Social que
ASEGURE a todos los colombianos la prestación eficiente y oportuna de servicios de salud
ASEGURE una pensión de vejez para todas las personas y
ASEGURE a los trabajadores contra la pérdida de ingreso causada por desempleo.
El sistema debe, además,
GARANTIZAR un mínimo nivel de bienestar a la población que aún no tenga acceso a los seguros de salud, de pensión y de desempleo. Me refiero a la niñez desamparada, a los ancianos sin pensión, a los discapacitados, a los desplazados por la violencia.
El sistema de Seguridad Social debe
- Ser realista frente al actual nivel de desarrollo económico, y frente a las posibilidades financieras del Estado.
- Ser Moderno y Democrático. ¿Qué quiere decir “moderno y democrático”? Quiere decir que se apoye en un ambiente laboral en el que se defienda la figura del contrato formal de trabajo, con todas sus implicaciones salariales. Dicho ambiente laboral debe defender la figura de la porción social del salario, es decir, el conjunto de aportes patronales y de asalariados al sistema de salud y al sistema de pensiones, lo mismo que los aportes patronales al SENA, al ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar.
Nos oponemos a la llamada “flexibilización laboral”, por dos razones: La primera, porque afecta el ingreso y el consumo de los trabajadores; y la segunda, porque hace imposible, desde el punto de vista financiero, que el Estado cumpla con el deber de lograr que todos los colombianos y todas las colombianas, por el hecho de serlo, tengan un adecuado cubrimiento en salud y tengan acceso a una pensión de vejez.
No podemos permitir que sea el Estado el que tenga, infructuosamente por razones financieras, que tratar de financiar el sistema de seguridad social en una proporción que vaya más allá de cualquier posibilidad realista.
Nuestra estrategia de acción pública impedirá que continúe el deterioro del contrato de trabajo formal, del salario, y de la porción social del salario como las hemos definido. Hay que elevar el porcentaje de la población trabajadora con contrato formal de trabajo hasta el máximo posible. Hay que disminuir la informalidad en las relaciones salariales, para que haya más aportes a los sistemas.
Pero hay empleadores especialmente débiles, que son las microempresas. Estableceremos un sistema tripartito en el que las microempresas generen una tercera parte del aporte por trabajador a los sistemas de salud y pensiones. Los trabajadores aportarán una tercera parte, y el saldo será aportado por el Estado. Hay sectores, como el de la construcción, en los que predomina fuertemente la informalidad. Estableceremos en esos sectores sistemas similares a los de las microempresas. Y tenemos los llamados independientes y por cuenta propia que viven en condiciones de pobreza. Hacia allá enfocaremos los subsidios plenos del Estado.
B. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACIÓN
1. Lograr que Colombia sea territorio libre de analfabetismo. La educación pública será gratuita y obligatoria para la población entre 3 y 15 años.. Ampliación de la cobertura de educación preescolar. Mejorar la calidad de la formación básica, secundaria y universitaria hasta alcanzar niveles comparables con los países latinoamericanos.
2. Reducir drásticamente la inasistencia, deserción y repitencia escolar, . Este problema, que perpetúa la pobreza y la desigualdad, tiene múltiples causas, pero la principal es la falta de ingresos de las familias, que genera desnutrición , hambre y abandono de sus actividades escolares entre niños y jóvenes. Trabajaremos con las autoridades territoriales en el fortalecimiento de los programas que hoy se adelantan en muchas ciudades, e incidiremos desde el gobierno nacional para que haya en todas partes una adecuada estrategia de asistencia social para combatir la deserción escolar.
3. Coordinar estrechamente los programas de educación con los de nutrición y salud a cargo de las respectivas entidades del Estado.
4. Instaurar, en coordinación con las autoridades locales un sistema que permita que los niños y niñas pobres tengan acceso a un servicio de transporte a tarifas costeables para sus familias.
5. Dotar de computadores e internet a todos los centros educativos públicos. Crear un sistema de salas comunales de computadores en los sectores urbanos de bajo estrato, cuya administración se hará bajo acuerdos con las Juntas de Acción Comunal. El acceso a la comunicación es un derecho ciudadano y no un privilegio. El mundo virtual es un espacio público.
6. Idiomas Extranjeros: Uno de los grandes restos que enfrenta la globalización es el lenguaje. Menos del 3 por ciento de la población puede comunicarse, con un mínimo de comprensión, en un idioma extranjero. Se Implantará en todas las escuelas públicas el aprendizaje de un idioma extranjero; se intensificará en las Universidades Publicas el aprendizaje de una segunda lengua; se creará un departamento de idiomas en el SENA; se promoverán los acuerdos de intercambio pedagógico con otras naciones.
7. Utilizar metodologías y tecnologías de comunicación masiva, en particular la utilización del espacio electromagnético, para ejecutar desde los centros educativos programas de amplio impacto en comunidades atrasadas.
8. “Para empezar a hablar de educación hay que empezar a hablar de los maestros.” Nos comprometemos con el Estatuto Docente Único y con la solución al problema de los llamados miembros “provisionales” del Magisterio. Ello, entre otras cosas, permitirá restaurar la justicia en el tratamiento salarial de los maestros.
9. Fortalecer la educación a cargo del Estado en todos sus niveles y dar estímulos a las instituciones que, sin ánimo de lucro, debidamente supervisadas, contribuyan al desarrollo humano de los colombianos. Nuestro gobierno no cerrará ninguna Universidad Pública.
10. Poner el sistema financiero al servicio de la educación nacional para hacer viable, tanto a los padres como a los estudiantes, beneficiarse del sistema educativo a costos bajos.
11. Unificaremos los esfuerzos y recursos que hoy se aplican para permitir el acceso a programas de postgrado, maestría y doctorado en Universidades del exterior; crearemos un sistema nacional de becas-crédito con aportes públicos y privados.
12. La inversión pública en ciencia y tecnología llegará al 1% del PIB, y la inversión en educación al 6% del PIB.
C. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN VIVIENDA
Construir en los próximos cuatro años no menos de un millón de nuevas soluciones de vivienda de interés social, con especial énfasis en la atención de la población desplazada por la violencia, las mujeres cabeza de familia y los discapacitados Se hará uso de un nuevo sistema hipotecario sin los costos que significa la intermediación financiera y con la activa participación comunitaria y empresarial. Para las familias con ingresos mensuales entre 1 y 2 salarios mínimos, el Gobierno creará un programa para aumentar el subsidio de vivienda de interés social de modo que éste cubra el aporte esperado de ahorro familiar para acceder a los beneficios del sistema. Nuestro gobierno buscará dotar de activos a los pobres a través del programa de vivienda. Por ello, se abrirá una gama de opciones en el diseño de las VIS para incluir soluciones con taller o local como parte de la vivienda.
D. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
El régimen de servicios públicos domiciliarios continúa en crisis. Se trata de una crisis que toca todos los aspectos del sistema: Lo institucional, lo empresarial, lo financiero. Colombia ha construido un aparato regulatorio que se caracteriza por su candidez, por su simplismo y por la falta de democracia en el manejo de un tema de máximo interés nacional. La politiquería continúa imperando en muchas empresas y, por esta y muchas otras razones, reinan altos índices de ineficiencia y desperdicio de recursos.
Se le ha dado un peso exagerado y arbitrario al asunto de los ajustes de tarifas como solución a los desajustes económicos de las empresas.
Nuestro gobierno liderará la construcción de un nuevo orden que proteja los derechos de la gente al tiempo que garantice la viabilidad financiera y la capacidad de expansión del sistema de servicios públicos. El crecimiento de las tarifas guardará relación con el aumento de los ingresos de los sectores más pobres de la población y el ciclo de la economía. Ampliaremos sustancialmente la participación ciudadana en los procesos regulatorios y de establecimiento de tarifas. Un sistema de regulación moderno debe contener organizaciones ciudadanas cuyo objetivo sea el de proteger al público usuario de los servicios y contribuir a la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras. La Superintendencia de Servicios Públicos debe asumir, con amplia y fuerte participación ciudadana, la defensa integral y efectiva de los derechos de los usuarios. Nunca más tarifas desbordadas ni desmedidas, como las que hoy sufre la gente en Colombia. No más atropellos en cobros desmesurados de servicios públicos.
