EL TERRITORIO: PATRIMONIO PARA TODOS
La ocupación integral, inteligente y apacible del territorio es fundamental para el desarrollo colombiano. El proceso de descentralización que se ha impulsado en el país es insuficiente y no ha logrado los resultados perseguidos. La concentración geográfica de los beneficios económicos y sociales del crecimiento así lo indica. Han aumentado las distancias en el desarrollo social y económico inter-regional.
Nuestra propuesta es impulsar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) que teniendo en cuenta factores geográficos, demográficos y culturales establezca la base política y jurídica de uso del territorio para el desarrollo armónico y equilibrado, tal como lo contempla la Constitución Nacional.
Proponemos que dicha Ley:
- Articule y armonice adecuadamente todos los elementos del ordenamiento territorial del país que han sido legislados sin lógica en leyes independientes. En efecto, los municipios, los departamentos, las transferencias, la distribución de recursos y competencias, las regalías han sido organizados en normas dictadas en diferentes fechas y legislaturas. El resultado no es el más adecuado ya que se ha profundizado el Centralismo.
- Impulse la Autonomía Regional a través de la aparición de la Región como Entidad Territorial (RET) que permita un mayor desarrollo económico y social, con la fuerza jurídica necesaria para el ejercicio de la autodeterminación. Para evitar el crecimiento de la burocracia estatal, es imperativo racionalizar la estructura de gobierno central. Hay que adelgazar el ente territorial Nacional adaptándolo a sus nuevas competencias.
- Desarrolle formas de gobierno más cercanas al ciudadano con más responsabilidad sobre su propio futuro y de su autogobierno.
- Logre la financiación adecuada de la estructura territorial mediante un sistema de transferencias más justo y estable y que los proyecto regionales se financien con el Fondo Nacional de Regalías.
A. UN SISTEMA LEGÍTIMO Y EFICAZ DE JUSTICIA es vital para la fortaleza de un Estado democrático. Nuestros compromisos son los siguientes:
- Evaluar los sistemas de trabajo de la justicia en general y de cada una de las jurisdicciones en particular, a fin de asegurar la calidad de la justicia, agilizar sus trámites y superar los graves niveles de congestión en que se halla.
- Rediseñar la estructura y el sistema de nombramiento del Consejo Superior de la Judicatura con el objeto de que este responda más a la experiencia y a las necesidades de la justicia.
- Extender la carrera judicial a la Fiscalía y, por lo menos, a la mitad de los Magistrados de las altas Cortes.
- Asegurar una suficiente provisión presupuestal para las necesidades de la rama judicial de manera que esta esté en capacidad de desempeñar cabalmente sus funciones.
- Recuperar el Ministerio de Justicia como entidad administrativa específica a fin de que adelante la política del ejecutivo con relación al Derecho en general, a la rama judicial y a la aplicación efectiva en todo el territorio nacional de los Derechos Humanos.
En síntesis, proponemos un Gobierno comprometido con el fortalecimiento del Estado en cuatro dimensiones básicas:
1. El Imperio de la Ley, de una sola Ley, sin desafíos armados.
2. La Seguridad Social Integral, Moderna Y Democrática.
3. La ocupación apacible del territorio con base en una fuerte autonomía regional.
4. Un sistema de Justicia legítimo y eficaz.
B. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN SALUD:
1. Instaurar un Plan de Salud igual para todos los colombianos, de modo que no se restringirá la atención de unas u otras enfermedades a los pobres, como ocurre actualmente con los subsidios parciales.
2. Para hacer efectivo este derecho ciudadano, destinar el impuesto del 4 por mil a las transacciones bancarias a financiar la salud, de modo que este gravamen beneficie finalmente a todos los colombianos y tenga una verdadera función social. Los recursos del aseguramiento en salud para la población subsidiada serán manejados descentralizadamente, en fondos departamentales y Distritales, mediante encargos fiduciarios. Serán recursos intocables, destinados con exclusividad a pagar cuentas de atención a pacientes a los hospitales y otras instituciones de salud. El asegurador será el Estado a través de los fondos departamentales. el gobierno regulará las funciones de aseguramiento y agencia de los servicios a los afiliados, así como el manejo del riesgo para enfermedades de alto costo o interés en salud pública.
3. Los recursos públicos del aseguramiento en salud no se entregarán a los particulares, aunque invitaremos entidades como las Cajas de Compensación Familiar y el Instituto de Seguros Sociales, a administrar, agenciar y organizar competitivamente los servicios a los asegurados sobre la base de una ganancia racional por esta administración. El asegurador será el Estado a través de los fondos departamentales.
4. Los hospitales, clínicas y centros de salud tendrán su financiación totalmente garantizada, puesto que recibirán un pago oportuno, a tarifas razonables, por todas las atenciones que realicen, dado que toda la población estará asegurada y no habrá planes parciales de salud.
5. El Régimen Contributivo seguirá a cargo de las EPS públicas o privadas, pero el gobierno regulará las funciones de aseguramiento y agenciamiento de los servicios a los afiliados, así como el manejo del riesgo para enfermedades de alto costo o interés en salud pública.
6. Para recuperar la enorme crisis de la salud pública, fortaleceremos la capacidad técnica de las secretarías departamentales de salud y crearemos nuavemante unidades de planificación de acciones de salud pública al interior de los departamentos en cada provincia o subregión, para asesorar a los municipios en la formulación y ejecución de sus planes de salud. Si bien los municipios seguirán siendo los principales ejecutores, deberán sujetar sus planes a las decisiones técnicas en salud pública que formule el departamento y las correspondientes unidades de planificación en cada provincia o subregión.
7. Recuperar el Ministerio de Salud. No obstante, la función de articular la política de protección social del Estado corresponde directamente al Presidente y al Consejo de Ministros con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación. No es la política social función de un solo Ministerio, como tampoco lo es la política económica.
Velar por condiciones de trabajo dignas para todos los profesionales y trabajadores de la salud, e iniciar procesos de capacitación y educación continua.
COLOMBIANOS EN EL EXTRANJERO
Haremos realidad los anhelos de nuestros compatriotas que, por diferentes razones, viven en países extranjeros. Tendrán los mismos derechos, humanos, civiles, sociales, económicos, educativos, culturales y políticos de quienes residen en Colombia. Nos comprometemos con la defensa de sus derechos en naciones amigas, mediante adecuados servicios consulares y diplomáticos. Las remesas familiares, más importantes que los rubros tradicionales de exportación, son un recurso económico que deben servir de apalancamiento para programas de mejoramiento social como el de la vivienda popular.
Los colombianos residentes en el exterior podrán seguir haciendo aportes al sistema nacional de pensiones.
Rescate de la sociedad rural
La sociedad rural, tal como lo afirma la ONU, vive una auténtica tragedia humanitaria. Allí ocurre la peor desigualdad, la peor exclusión, la peor pobreza.
La sociedad rural será objetivo prioritario de las estrategias que proponemos para ejecutar nuestras políticas sociales contra la desigualdad y la pobreza.
El rescate de la sociedad rural empieza por atender el mandato constitucional de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, la especial protección del Estado a la producción de alimentos a fin de garantizar la seguridad alimentaria y la prioridad que debe dar el Estado al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agro-industriales y a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.
Mi Gobierno liderará la puesta en marcha de una reforma agraria integral que ha de comenzar con extinción del dominio de cuatro millones de hectáreas apropiadas ilegalmente por narcotraficantes y grupos armados ilegales., tanto para restituirlas a sus legítimos dueños como para distribuirlas a comunidades rurales.
La Política Ambiental
Un desarrollo ambientalmente sostenible sólo es compatible con una estrategia de reducción de la pobreza y la desigualdad. Debemos articular el nuevo modelo de desarrollo productivo con la política ambiental, considerando los costos y beneficios ambientales de las políticas de desarrollo y de las políticas de seguridad, así como los costos y beneficios económicos de las políticas ambientales.
Nuestras propuestas son las siguientes:
A. Recuperación de la jerarquía política del tema ambiental y reorganización de la estructura del Estado para el ejercicio de la autoridad ambiental. Las Corporaciones Autónomas Regionales recuperaran su función de autoridades ambientales, concretando su accionar y reduciendo su número, para convertirlas en entes técnicos especializados, que coordinen adecuadamente sus acciones con los departamentos y municipios.
El Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, volverá a tener un papel protagónico, expresado en la jerarquía política para la coordinación de las acciones de Gobierno y en la participación de la inversión ambiental en el Presupuesto Nacional. Ni el medio ambiente, ni la vivienda, han mostrado progresos concretos bajo el actual organigrama de la administración pública.
B. Consolidar la preeminencia del concepto de Desarrollo Sostenible, garantizando la preservación del patrimonio natural, pero aprovechando racionalmente sus recursos para generar alternativas a sectores vulnerables de la población y promoviendo la investigación y el desarrollo de nuevos negocios competitivos en el mercado internacional.
C. Fortalecimiento de la gestión ambiental regional y de su integración urbano-rural, como unidad indivisible, en consonancia con nuestra propuesta de ordenamiento territorial. El 75% de la población vive en zonas urbanas, y esta proporción será creciente. Por ello, el énfasis en la gestión ambiental urbana estará dirigido al cumplimiento de las Metas del Milenio y la obtención del hábitat sano, que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de la niñez. En este sentido, el fomento al uso de combustibles limpios, la energía renovable, el reciclaje y el tratamiento de aguas servidas serán la prioridad.
