IV. SALIR DEL BARRO DE LA POLITIQUERÍA CON PARTICIPACIÓN

57. Prohibir la reelección presidencial inmediata.

58. Reafirmar el Estado Social de Derecho consagrado por la Constitución de 1991 mediante el fortalecimiento de los mecanismos de la democracia participativa, la reforma profunda y democrática del sistema electoral, el fortalecimiento de los partidos y su participación equitativa en el Consejo Nacional Electoral. Y si la votación de los colombianos en el exterior sobrepasara los 200.000 votantes para elegir el representante a la Cámara por la Circunscripción Internacional, se ampliaría a tres el total de representantes elegidos por dicha circunscripción especial.

59. Erradicar el régimen bipartidista en las instituciones del Estado y garantizar la participación de nuevos partidos en las cortes, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Televisión, la Procuraduría y la Contraloría.

60. Aplicar de manera generalizada los concursos de méritos para nombrar tantos servidores públicos como sea necesario, para evitar las cuotas políticas y promover las carreras administrativa, consular y diplomática.

61. Promover la participación ciudadana en la definición de las inversiones regionalizadas del presupuesto nacional a través de cabildos abiertos con poder de decisión, en los que participen las organizaciones sociales y ciudadanas, los gobernadores, los alcaldes y los congresistas de la región, y garantizar que la ejecución de lo decidido en ellos tenga control ciudadano obligatorio.

62. Reformar radicalmente la Ley de Contratación y Compras Estatales, que no contemple excepciones a la obligación de licitar públicamente y realizar la selección objetiva.

63. Despolitizar los organismos de control. Se nombrarán los contralores de las entidades territoriales mediante concurso público organizado por la Contraloría General de la Nación.

64. Financiar estatalmente de manera completa las campañas a la Presidencia, a las gobernaciones y las alcaldías.

65. Regular los medios masivos de comunicación para garantizar el acceso ciudadano y de los sectores organizados y controlar la posición dominante, de monopolio u oligopolio.

66. Ampliar las inhabilidades relacionadas con sanciones por corrupción y crear un bloque de búsqueda anticorrupción.

67. Ampliar la democracia participativa y el control social desde los consejos ciudadanos, las constituyentes sociales regionales y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y hacer más eficaces los procedimientos de revocatoria del mandato.

FINANCIACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO

Para financiar los costos excedentes de los programas sociales enunciados, se tomarán medidas como la eliminación de la deducción por reinversión de utilidades creada por la ley 863 de 2003, se gravarán los dividendos de acciones percibidos por personas naturales con una tarifa del 10%, se gravarán las propiedades rurales mayores de cien hectáreas con un impuesto nacional –implantado mediante reforma constitucional-, y se mantendrá una sobretasa moderada a las rentas más altas por un período de cinco años.

Todo ello supone un recaudo un poco mayor de dos billones de pesos adicionales por año.

Se emplearán 7.000 millones de dólares de las reservas internacionales para pre-pagar la deuda pública, financiar el subsidio de vivienda y el programa de desarrollo rural integral, y desarrollar inversiones productivas tales como distritos de riego, adecuación de tierras, vías de conexión interna, vías de conexión con los puertos, investigación y desarrollo tecnológico, y política industrial.

Será necesario reorganizar las finanzas estatales y la tributación para terminar la era de improvisaciones y de las reformas coyunturales. En el mismo sentido se buscará reducir el déficit del gobierno central y promover una reforma duradera que elimine exenciones, controle la evasión y elusión, reorganice el predial rural y urbano, y centralice cobros sin perjuicio de la descentralización.