Conflicto
Negociación política del conflicto social y armado
- “Paz de carretera no es paz duradera”. Reconocemos la existencia en el país del conflicto social y armado interno. Entendemos la paz como un valor que va más a allá de la superación del conflicto interno y que debe propiciar la superación de la cultura de la violencia y el establecimiento de formas y métodos sociales de concertación de la diferencia. Teniendo en cuenta la historia reciente del país y la dinámica de los movimientos sociales reivindicativos y de resistencia, proponemos una política integral de paz que incluya: solución de las causas económicas, sociales y políticas más profundas del conflicto; negociación política con las organizaciones armadas y plena vigencia del Estado Social de Derecho.
- Solución política del conflicto. Convocaremos a los partidos políticos, las organizaciones y movimientos sociales, los empresarios, las centrales obreras, las organizaciones campesinas, indígenas y agropecuarias y demás agrupaciones de la sociedad para que, conjuntamente y de manera participativa, construyamos una política de diálogo con los grupos armados al margen de la ley; exigiremos a todos los sectores armados el respeto a la población civil, la naturaleza y el patrimonio público; nos empeñaremos en la realización de acuerdos humanitarios entre el Estado y los grupos armados al margen de la ley; presentaremos al Congreso de la República una iniciativa legislativa que cree mecanismos eficaces para garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de la guerra interna; adoptaremos una política nacional para superar la crisis humanitaria que atraviesa el país, teniendo especial cuidado en la atención de la población en condiciones de desplazamiento, emplazamiento y confinamiento forzados.
- Política de drogas. Plantearemos el debate sobre la despenalización de la producción y consumo de estupefacientes y llevaremos una iniciativa al Congreso que recoja los resultados del mismo; crearemos estrategias culturales y de salud pública orientadas a prevenir el consumo de drogas; atacaremos la oferta de drogas otorgando alternativas de producción para los campesinos; y apoyaremos la investigación sobre usos alternativos de los cultivos que sirven de insumo para la producción de estupefacientes e incentivaremos su industrialización.
- Democracia sin impunidad. Abogaremos por una administración de justicia imparcial, independiente, gratuita y eficaz; radicaremos en el Congreso de la República una ley en la cual se establezca la jurisdicción especial para la protección de los derechos sociales, económicos y culturales; incrementaremos el presupuesto asignado al sector de la justicia; adelantaremos un proceso, de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura, dirigido a mejorar la preparación de los fiscales y jueces y demás profesionales encargados de administrar justicia en el país.
