Ex paras en la política de las comunas de Medellín
En la comuna seis de Medellín, una de las zonas más violentas durante los noventa, son evidentes las acciones de los desmovilizados para participar en política. Las organizaciones comunitarias y la Administración se están organizando para asegurar un debate transparente.
Por Cristina Vélez
El Picacho es el cerro más alto del occidente de Medellín. Sobre sus laderas se sostienen como un milagro cinco de los barrios que componen la llamada comuna seis. Las casitas parecen atadas a la montaña por hilos invisibles. Lo caminé en diciembre con Jesús, un reconocido líder comunitario que nació en esta comuna. “Este camino para mi es sinónimo de muerte. Aquí se dieron los enfrentamientos más violentos del barrio, cuando niño alcance a ver más de treinta víctimas aquí tiradas”, dijo Jesús, interrumpiendo nuestro recorrido. “Pero las cosas han cambiado. Ahora podemos caminar, hacer actividades comunitarias y políticas. Ayer por ejemplo hicimos una novena y en los próximos meses pensamos recorrer este sendero con algunos candidatos al Congreso para que la gente los conozca”.
Hace unos años hacer política en estos barrios para las personas que no contaban con el visto bueno de los paramilitares era impensable. En las elecciones locales del 2003 amenazaron a los líderes comunitarios de esta zona que apoyaban la candidatura del actual alcalde Sergio Fajardo Valderrama. “Incluso les decomisaron la publicidad que estaban repartiendo”, aseguró uno de los simpatizantes de Compromiso Comunitario movimiento que cuenta con varios líderes jóvenes y adultos que como Jesús simpatizan con la izquierda democrática.
Ese mismo año, los paramilitares intervinieron en la conformación de las planchas para la elección de las Juntas de Acción Comunal y presionaron a la población para que votara por sus candidatos. “Los paras en el 2003 sacaron gente que llevaba años en las Acciones Comunales para meter a los suyos, legitimados por la “paz de mentiras” que habían logrado construir”, afirmó un miembro del Instituto Popular de Capacitación, una ONG que promueve la participación ciudadana. “Involucrarse en la micropolítica les permite a estos grupos consolidar apoyo de base” añadió.
Pero en las elecciones del 2006 parece que habrá más libertad para los votantes. Gracias a la desmovilización de setenta jóvenes de esta comuna, entre líderes y soldados rasos, y a algunos programas de la Alcaldía y de ONG´s que han debilitado el control de los paramilitares en estos barrios.
Para muchos esto hará que la contienda electoral sea más transparente, pues este proceso está permitiendo que estas figuras salgan a la luz y puedan ser identificadas y controladas por la comunidad y la Administración Municipal. “El debilitamiento de estos grupos le da más garantías a la comunidad para votar”, opina Gustavo Villegas, director del programa de reinserción de Medellín. Incluso plantea que sería interesante que hicieran política, siempre y cuando respeten las reglas.
Ahora en la legalidad, un jefe paramilitar o un soldado raso tiene la posibilidad de aspirar a la Cámara o al Senado. Sólo deben cumplir dos condiciones: el grupo al que pertenece tiene que estar totalmente desmovilizado y el ex militante no puede estar investigado o condenado en procesos por delitos de lesa humanidad.
El proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y las AUC también ha abierto la posibilidad de que las organizaciones comunitarias, especialmente las de izquierda, tengan espacios para expresar sus posiciones políticas en las próximas elecciones.
Pese a que organizaciones comunitarias del barrio Progreso N°2 recibieron amenazas durante una actividad lúdica realizada a comienzos del año 2004 por parte de personas cercanas a los desmovilizados, organizaciones como Corporación Construyendo, Corfaso y Picacho con Futuro,todos miembros del movimiento Compromiso Comunitarios, dijeron a Votebien que llevarán candidatos a caminar por el barrio y colgar alguna publicidad. Incluso tienen entre sus planes invitar al precandidato del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, y apoyar a la Cámara a Teresa Muñoz Lopera.
Los líderes de los reinsertados, por su parte, dicen que los desmovilizados están más dedicados a la actividad comunitaria que a la política. “De los setenta que yo manejo a ninguno le gusta eso, son militares”, mencionó uno de ellos. Sin embargo, contradiciéndose, contó que varios de sus muchachos están vinculados a la Corporación Democracia. Esta ONG, compuesta por desmovilizados cercanos al jefe paramilitar Don Berna recluido en la cárcel de Itagüi, ha expresado abiertamente su interés en participar en la contienda electoral, a través de la eventual candidatura a la Cámara de Giovanni Marín.
Otros ex paramilitares simpatizan con Carlos Moreno, un político barrial que está consolidando su red política repartiendo subsidios de vivienda a través de su organización Fundaures. Moreno se defendió de estás acusaciones, "son producto de una persecución política. Yo lo único que he hecho es trabajar por la paz en estos barrios, esto lo demuestran mis obras".
La participación política de los ex combatientes de las AUC genera posiciones encontradas. Los más escépticos, como el IPC, consideran que la contienda del 2006 no será tan democrática como lo anuncian las autoridades. Según algunos de sus miembros, el proceso de desmovilización no ha desestructurado completamente las organizaciones criminales. Sus cabezas, ahora sin armas, podrían utilizar la actividad política como una estrategia para mantener el control de sus territorios. Como se mencionó anteriormente, la Administración es más optimista y cree que habrá un cambio.
El debate sigue, pero por lo menos existe la certeza de que en el 2006 en el Picacho se va a dar una contienda electoral sin candidatos únicos, donde habrá espacios para debatir diversas posiciones. Para confrontar el miedo –aún latente- las organizaciones comunitarias del sector deben seguir unidas, y llevar a cabo un proyecto de veeduría ciudadana.
