Contra el fraude

En este momento hay 27 municipios en la mira por anomalías en las pasadas elecciones legislativas. A pesar de los esfuerzos de la Registraduría para evitar el fraude, el sistema sigue teniendo grandes vacíos. ¿A dos semanas de las elecciones presidenciales qué esta haciendo la organización electoral para corregirlos?

Por Cristina Vélez

Las elecciones legislativas del 2002 fueron unas de las más cuestionadas en la historia reciente del país. Después de tres años de investigación, el Consejo de Estado anuló el acta que aprobó los resultados electorales, dictaminó que hubo fraude en 5.665 mesas ubicadas en distintas zonas del país, y determinó que tres senadores no contaron con los votos necesarios para lograr la curul. La senadora Piedad Córdoba, Gabriel Acosta y José Renán Trujillo, tuvieron que devolver sus credenciales a mediados del 2005.

El mecanismo más común mediante el cual se hizo el fraude implicó la complicidad de los jurados. Una hipótesis sostiene que muchos de los jurados seleccionados por la Registraduría no asistieron el día de la elección y fueron reemplazados por suplentes escogidos a última hora, que pertenecían al candidato u organización criminal que estaba orquestando el delito.

Estos funcionarios manipularon el formulario de registro de los votantes de cada mesa, el llamado E11, el cual para las elecciones de 2002 fue modificado para evitar fraude. Antes el formulario venía con nombre y cedula del votante inscrito, y los jurados sólo debían subrayar con un resaltador cuando el ciudadano que aparecía en la lista sufragaba. Así era más fácil suplantar al elector, pues sólo con introducir un tarjetón y resaltar el nombre se podía fingir que esa persona había votado.

Desde las elecciones del 2002, el E11 viene sólo con las cédulas, sin los nombres correspondientes. De esta manera, los jurados de la mesa, al llegar el votante, deben ver su identificación para completar los datos con el nombre y los dos apellidos. A pesar de estos controles, lo que hicieron en esa ocasión, entre otras cosas, fue llenar el E11 con nombres falsos al frente de las cédulas e introducir los tarjetones marcados con el candidato que querían beneficiar.

También se identificaron irregularidades con el E14, el formulario donde se escribe el resultado de los escrutinios de cada mesa. Se encontraron varios con enmendaduras y borrones.

Todas estas fechorías pudieron ser detectadas por las autoridades al comparar los nombres que los jurados escribían al lado de las cédulas con la información disponible en el Archivo Nacional de Identificación (ANDI). Los nombres de 26 mil votantes no coincidían con las cédulas. Con esta información el Consejo de Estado identificó las mesas con anomalías, repitió el conteo –después de más de tres años- y anuló a las 5.665 en las que vio claras incoherencias.

En muchos municipios estas irregularidades se hicieron con presión paramilitar, lo que agravó la situación. Hay sospechas de que los actores armados adquirieron, mediante la “fuerza”, las cédulas de los votantes para llenar directamente el E11 con los nombres correctos. No era muy difícil puesto que cada registrador municipal recibió de la Registraduría el listado con los votantes de las mesas, y como todo el mundo sabe, en las zonas bajo influencia paramilitar, los funcionarios locales son fácilmente intimidados o coptados. Esto hizo que en la mayoría de estos casos no haya sido posible demostrar legalmente el fraude.

La analista Claudia López en sus columnas publicadas en Semana.com mostró cómo en las elecciones del 2002 pudo haber influencia paramilitar en departamentos como Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y Antioquia dada la evidente la concentración atípica de votaciones por parejas de candidatos, los cuales obtienen votaciones entre el 60% y el 90%. Lo que muestra un tipo de organización y resultado electoral deliberado. Estas denuncias se vieron confirmadas cuando ad portas de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, cinco de los congresistas que habían obtenido este tipo de patrones de votación fueron expulsados del Partido de la U y de Cambio Radical por presuntos vínculos con paramilitares.

La misma registradora nacional, Almabeatriz Rengifo, admitió en una carta al Ministro del Interior y al Director de la Policía Nacional que en esos municipios, durante las elecciones para Congreso del 2002, “hubo incidencia de fuerzas extrañas y anormales en la democracia, debido a la presencia de actores armados que afectan los resultados con porcentajes que no correspondes con la normalidad electoral”.

Los correctivos

La Registraduría desarrolló una serie de correctivos para evitar que el desastre del 2002 se repitiera durante este año electoral. Estos son los principales:

- Se fortaleció el acompañamiento que los organismos de control hacen al proceso electoral, involucrándolos en todas las etapas. Por ejemplo, para las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, la Procuraduría y la Fiscalía inspeccionaron el listado de selección, nombramiento y reemplazo de jurados de votación. También colaboraron en la elaboración y distribución del Kit electoral y vigilaron los escrutinios.

- Para evitar la suplantación de jurados que se presentó hace cuatro años, se renovó la base de datos y se hizo un sorteo electrónico para conformar el comité de jurados de cada mesa y seleccionar de antemano reemplazos oficiales, por si alguien faltaba no se “colaran” personas inescrupulosas .

- Se diseñó un software para que los jurados de cada mesa respondieran a corrientes políticas diferentes, del sector privado y del público. Esto asegura que entre ellos mismos se controlen el día de las elecciones. Antes era más fácil tener mesas homogéneas.

- Se estableció la política de rotar los funcionarios de la Registraduría entre los 1098 municipios del país, para evitar las formación de roscas. Pero, el Registrador municipal sigue siendo elegido a través de acuerdos políticos regionales, lo que lo mantiene atado a la dinámica electoral local. Para cambiar esto, la Registraduría colaboró en la presentación de un proyecto de ley que busca que la totalidad de los funcionarios de este organismo sean elegidos a través de carrera administrativa. El proyecto apenas va en primer debate.

- Se depuró en alguna medida el Censo Electoral, que es la lista que establece qué ciudadanos son aptos para votar en Colombia. Este registro tradicionalmente ha tenido graves problemas, pues no hay mecanismos para borrar automáticamente las personas fallecidas, condenadas y los militares. Como está inflado, los nombres son utilizados para “inventarse” electores que simplemente no existen.

- La Registraduría aplicó nuevamente la estrategia de la tinta indeleble para evitar que un mismo elector suplante a otros. Se conocen casos de personas que en una misma elección votaron hasta 20 veces con diferentes cédulas falsas.

- Para evitar la manipulación fraudulenta de los formularios, se estableció que deben ser llenados con un color de tinta que es bastante escaso en el mercado, para que fuera más difícil que manos extrañas los alteraran. Los expertos diseñaron una cinta aislante que los jurados deben pegar sobre el E11 apenas escriben los resultados. Si intentan quitarla para hacer enmendaduras el documento se rompe.

- Por último, se buscó que el proceso de escrutinio pudiera ser seguido en tiempo real por todos los ciudadanos, para que estos actuaran como veedores. Primero, los E14 donde se escriben los consolidados de resultados municipales y regionales en el preconteo se les saca inmediatamente una copia que es publicada en la página de Registraduría. A los dos días, cuando se hace el escrutinio oficial, los testigos electorales y la gente del común pueden comparar estos documentos locales con los resultados que salen a nivel nacional. En caso de anomalías estas copias escaneadas son una prueba para las investigaciones.

A pesar de las medidas hoy se prenden las alarmas

Pese a todos esos controles, en las recientes elecciones de Congreso al parecer se cometió fraude. Incluso en varios de los municipios de la Costa sobre los cuales había alertado la Registradora. En estas poblaciones se hace evidente un aumento exagerado del número de votantes.

Por mencionar algunos casos, una investigación de la Revista SEMANA, muestra que en la población de Rió de Oro, Cesar hace cuatro años votaron 1333 personas y este año 587. En este mismo departamento hay otros 8 casos llamativos. Por ejemplo, en González, en el 2006 sufragaron 1800 electores más que hace cuatro años y en Gamara 2000. También hay casos en Magdalena. En Santa Bárbara de Pinto este 12 de marzo votaron 1000 electores más. Ver cuadros de mayores variaciones, según SEMANA.

Además de este extraño aumento de la participación, Caracol Radio y Televisión descubrieron casos de suplantación de electores tales como los que ocurrieron en el 2002, cuando se hizo fraude a través del formulario E14. Por ejemplo, en una mesa de votación en Plato, Magdalena, se identificó que 85 de los votantes fueron ficticios, pues los nombres consignados no corresponden con el del titular del número de cédula. En este puesto había seis jurados y votó el cien por ciento de los electores registrados.

Las investigaciones están apenas empezando. Si somos optimistas el fallo se demorará varios meses, si no años. Mientras tanto, la cuenta regresiva para la elección presidencial ya empezó y la Registraduría y los demás órganos de control tienen menos de dos semanas para tomar medidas sin saber qué pasó en realidad y si estos aumentos inusitados en las votaciones son evidencia de una nueva modalidad de fraude.

Como primera medida, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al registrador municipal de Remolino, Magdalena, Carlos Eduardo Castañeda Altamar. Pues, al parecer le pidió a varios jurados que no llenaran los E14 y que los firmaran en blanco. Posteriormente, estos documentos aparecieron diligenciados en su totalidad con los resultados electorales.

La Registraduría para combatir las alarmas, sorteó en abril nuevamente los jurados de cada mesa y sus suplentes. Además se solicitó a la Fuerza Pública, a la Procuraduría y a la Fiscalía fortalecer su presencia en los municipios donde en las elecciones legislativas se vieron anomalías. Que en lo posible lleguen el día antes para comprobar que el kit electoral no haya sido manipulado. Esta entidad va mandar varios funcionarios a corroborar que esta presencia sí se haga efectiva.

Sólo con el tiempo se podrá evaluar si estas medidas fueron suficientes.