Aparecieron los dueños de las cédulas
Con la devolución de las cédulas decomisadas en Barranquilla, queda al descubierto toda la maquinaria política para la compra de votos.
Por Tadeo Martínez*
El pasado martes, dos días después de las elecciones, la Fiscalía General de la Nación comenzó a entregar las cédulas incautadas el 8 de noviembre del 2005 en un apartamento en Barranquilla (ver nota anexa).
La mayoría de los dueños son habitantes de barrios construidos hace menos de diez años y en zonas subnormales como Siete de Abril, Por Fin, Santuario, Lipaya, Pueblito, Los Olivos, Cuchilla de Villate, Hipódromo, Carrizal y otros históricamente vulnerables como Revolo, La Chinita, La Manga, Las Nieves, Ciudadela 20 de Julio Simón Bolívar y Barranquillita.
Al preguntarle a las personas que salían de reclamar la cédula en la Fiscalía por quién habrían votado en caso de que hubieran podido hacerlo, muchos contestaron no saber y otros prefirieron no responder. La respuesta la tenían los líderes de sus barrios encargados de comprarles el voto.
Un líder de barrio puede llegar a ponerle a los políticos que lo contratan entre 150 y 190 votos. Por cada uno le pagan $7.000 y debe asegurarse que cada votante ‘suyo’ quede zonificado en sectores definidos y acordados con el candidato comprador de cédulas, que el día de las elecciones contará con esos votos para salir elegido a la Cámara o al Senado.
Cuando la Registraduría abre el proceso para inscribir las cédulas, los líderes los llevan a registrarse en mesas cercanas a sus residencias y les retienen los documentos hasta que termina el proceso de zonificación con el fin de que no las ‘vendan’ a otros políticos. Luego le entregan al candidato el reporte de dónde quedaron registrados sus futuros votos.
El día de la zonificación, los líderes le pagan al ciudadano $10.000 pesos, que bien pueden ser en especie (tejas de eternit y bolsas de cemento), o en efectivo. El saldo, $20.000, se los pagan el día de las elecciones. Otros, más ambiciosos, no quieren ni plata ni tejas, tampoco cemento. Quieren un puesto en la administración, una beca o un auxilio para estudiar ellos o para sus hijos. Sin incluir los costos por publicidad, el precio total que paga un aspirante por cada voto es de $37.000 pesos.
Los líderes adquieren dos compromisos: uno con el candidato beneficiario de los votos y otro con la gente, en su mayoría vecinos a los que lograron zonificar. Es un mano a mano, un trueque: la prenda es el voto y el precio por lo que se paga es para tener un peso en la política.
En la mayoría de los casos la base de las clientelas responde a un líder que suele ser un familiar o un vecino muy cercano, residentes en una misma cuadra, y estos son los responsables de que el aspirante les responda por el pago. En cada barrio, un aspirante a Senado o Cámara puede tener tres o cuatro líderes, que sumados le podrían estar poniendo más o menos 650 o 700 votos. En muchos de estos barrios marginales de Barranquilla, la cédula tiene algún valor sólo ese día.
Lo que ocurrió en Barranquilla en noviembre del año pasado, cuando agentes del CTI de la Fiscalía incautaron a la señora Patricia Judex Bomphersiere 4.034 cédulas en un apartamento al norte de la ciudad, tuvo una consecuencia que los líderes de barrio y los políticos no habían previsto: se vieron privados del documento de identidad y como consecuencia de ello, muchos no pudieron cobrar un cheque, obtener un trabajo (o perderlo), ingresar a una oficina pública, adelantar diligencias notariales y lo peor de todo, se quedaron sin votar. Así, perdieron la única promesa política que les habían planteado ($30.000 pesos por su voto) y estuvieron indocumentados durante cinco meses.
¿Qué ha pasado en estos cinco meses a esos ciudadanos?
A Salcedo, un líder del barrio Revolo, que desde hace 17 años trabaja con Jorge y Roberto Gerlein Echeverría, le dio un infarto el pasado lunes 13 de marzo. Sus conocidos dicen que fue porque los vecinos que le habían confiado sus cédula, no sólo le han estado reclamando el documento de identidad, sino también exigiendo el pago así no hayan podido votar.
Salcedo está internado en el Hospital de Barranquilla en un pabellón múltiple donde hay otras personas con tumores y derrames. Salcedo, que había logrado reunir 150 cédulas y no ha podido movilizar a sus clientes desde Revolo hasta la calle 53 con carrera 46 para que puedan reclamarlas ante la Fiscalía, necesita, mínimo $2.000 pesos por cada elector fallido, en total $300.000.
Una colega suya de la política barrial, conocida como la Pitufa, vecina de Revolo, dice que entregó a Patricia Yudex 192 cédulas. La Pitufa no se ha enfermado como Salcedo. Pero ha tenido que soportar durante todos estos meses la agresión de sus vecinos que no sólo le reclaman la cédula, también la acusan de haberse quedado con la plata de sus votos.En la misma situación de Salcedo y la "Pitufa" se encuentran otros líderes que responden a los alias de "La China", "La Mella" y "El Mocho", capitanes políticos de barrio que también habían entregado las cédulas de sus "clientelas" y cayeron en la redada del CTI.
El ex ministro de comunicaciones y columnista de El Heraldo, Armando Benedetti Jimeno, en su columna del jueves 17 de marzo, calcula que el 50 por ciento de los elegidos en el Atlántico recurrió a la compra de votos y que lo que era una práctica porcentualmente minoritaria, para redondear unos guarismos, terminó convirtiéndose en la regla general.
Si esa mitad en realidad fue elegida de esa manera y gastó $37.000 por cada voto y se depositaron aproximadamente 670.000 votos, los candidatos pudieron haber invertido casi 25 mil millones en compra de votos. Atlántico eligió siete senadores y siete representantes. ¿Cuáles fueron?
* Corresponsal de Semana en Barranquilla
