¿Y las cuentas?

Cada vez es más difícil hacerle seguimiento a las finanzas de los candidatos para evitar la entrada de dineros ilícitos.

Por Maria Fernanda Moreno

La teoría dice que los ciudadanos deben saber quiénes financian a sus candidatos antes de votar por ellos. Así podrán saber cuáles son los hilos que se moverán detrás del poder de este congresista, alcalde, concejal o presidente, en caso de su eventual elección.

Pero la realidad colombiana no puede estar mas lejos a este ideal. No solo porque la organización electoral no exige que los partidos publiquen sus cuentas antes de la elección, sino porque el seguimiento que les hace a estas finanzas es tan vago, que financiamientos interesados o ilegales pueden pasar prácticamente desapercibidos.

Ni antes ni después

En Colombia, el organismo encargado de hacerle seguimiento a las finanzas de los partidos es el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del Fondo de Financiación de Partidos y Campañas Electorales. En la época postelectoral, el Fondo se debate entre revisar las cuentas de los partidos para reposición de votos (el pago a los partidos a partir de los votos que sacaron en las elecciones, -tienen cuentas pendientes desde 1997-) y verificar que éstos no hayan sobrepasado los topes contemplados por la ley.

La revisión minuciosa de donantes pasa a un segundo plano. Sobre todo, después de la Reforma Política de 2003, cuando la ley dejó en manos de los partidos la constitución de las listas y el contacto directo con los candidatos. Antes de entrar en vigor, eran los candidatos quienes mandaban al Fondo unos formularios extensos con la relación de donantes, ingresos y egresos de sus campañas. Ahora, la responsabilidad de rendir cuentas recae en los partidos, que tienen que contratar auditorías y recibir las cuentas de todos sus candidatos y, un mes después de las elecciones, enviar un formulario de no mas de cuatro hojas con la relación de ingresos y egresos consolidados de todos los candidatos. Las cuentas minuciosas, de donante por donante, reposarán para siempre en el Partido.

Para descartar irregularidades en el proceso interno de cada partido, el CNE contrató una auditoría externa que revisará lista por lista. Si los auditores encuentran irregularidades o reportan al CNE que los partidos no quisieron dar información, el organismo puede iniciar una investigación. Por ley, este examen puede terminar en sanciones que van desde 8 a 80 millones de pesos (antes de la Reforma, las sanciones le eran impuestas al candidato; ahora, al partido). Pero fuentes consultadas por Votebien aseguraron que estas investigaciones pocas veces concluyen.

La auditoría de las elecciones del 12 de marzo comenzará una vez se certifiquen las cuentas. Pero el proceso puede tomar varios meses, pues las cuentas no están ni siquiera en el Fondo. Los partidos tenían hasta el 12 de abril para mandar sus contabilidades. Pero el Fondo las devolvió todas por errores de procedimiento. Hasta ahora comenzaron a ser regresadas. Esto, para evitar violación de topes, entrada de dineros ilícitos y otras anomalías.

Antes, si un ciudadano quería saber quién financió a equis candidato, tenía que dirigirse al Fondo y pedir una copia de las cuentas. Aunque podían demorarse varios días, semanas o meses, las cuentas llegaban. Pero ahora, los ciudadanos tienen que someterse a la buena voluntad (y organización) de los partidos, en libertad de decidir si permiten que este ciudadano conozca la información. La ley dice que esta información es pública, pero no establece ninguna sanción para los candidatos o partidos que no la hagan pública. “Lo que podemos hacer es pedirle a los partidos que hagan públicas las cuentas. O, que los ciudadanos diligencien su petición a través nuestro”, le dijo a Votebien Clelia América Sánchez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, contemplando posibilidades aun inciertas.

Sánchez habla de lo que sí contempla la ley para que los ciudadanos conozcan las fuentes de financiamiento de sus candidatos. Una vez el Fondo certifique las cuentas, los partidos tienen que publicarlas en un medio impreso de circulación nacional. Veinte periodistas consultados (las voces mas autorizadas para hablar de lo que aparece o no en los medios) dijeron no haber visto nunca una publicación de este tipo. Pero como ésta tiene que llevarse a cabo para recibir el dinero de la reposición, la conclusión entre los consultados fue que aparece en el diario de menor tiraje, un día de poca circulación, en una sección poco leída. Por ese lado, esa “platica” también se perdió.

Cambio de papeles

Ante todos estos impedimentos, la responsabilidad recae entonces en la sociedad civil, que tiene que presionar a sus candidatos para que hagan pública esta información. El argumento podría ser: el que nada debe, nada teme.

Antes de las elecciones legislativas de 2006, la ONG Transparencia por Colombia, que lucha contra la corrupción y que forma parte de la alianza de Votebien, armó toda una plataforma para que los partidos publicaran sus ingresos antes de las elecciones, en tiempo real, a medida que los fueran recibiendo. La convocatoria solo fue atendida por Cambio Radical y el Polo Democrático. Igual sirvió de poco, pues las normas cambiaron justo antes de las elecciones. El CNE, a través de la resolución 157 de 2006 cambió los formularios de rendición de cuentas y otras reglas del juego, por lo que la plataforma de Transparencia quedó inservible. Otra vez, los ciudadanos fueron obligados a votar por un candidato sin saber qué o quién estaba detrás.

Para el futuro

Clelia Sánchez, presidenta del CNE, le dijo a Votebien que algunos de estos problemas pretenden solucionarse en el nuevo Código Electoral, que espera presentar antes del 20 de julio. “Planeamos cambiar la dinámica de la rendición de cuentas y que el financiamiento de los partidos pueda hacerse público antes de las elecciones. También pretendemos reformar la estructura del Fondo de Campañas, fortalecer su equipo y organizar las normas electorales”. Este podría ser un gran avance.

Mientras esto se concreta, por parte de la sociedad civil llegan otras propuestas. Transparencia por Colombia ha puesto a disposición del CNE la asesoría del IFES, una organización estadounidense para el fortalecimiento de la democracia que trabaja con tecnología para mejorar los sistemas de control. “Una primera forma de evitar el pago de favores con el uso de los proyectos sociales, es transparentando uno a uno los nombres de los contribuyentes individuales de la política y cruzando esa base de datos con las de las personas contratadas para implementar los programas de lucha contra la pobreza, así como con los nombres de las personas dueñas/miembros de Directorios de las empresas contratistas del Estado”, explica Transparencia en un informe en el que habla de esta medida.

Pero en Colombia, ni lo uno, ni lo otro. Pareciera que, en lugar de avanzar, se retrocede en el papel que se le delega a la ciudadanía. Por falta de recursos y tiempo y vacíos de la ley, pareciera que los partidos están blindados en su rendición de cuentas. Y que los ciudadanos están cada vez mas impedidos para ejercer cualquier tipo de control. Por eso, el CNE -que tiene en sus manos mejorar el sistema electoral- debe tratar de solucionar todos estos errores antes de las elecciones locales de octubre próximo, todo un reto en cuanto a fiscalización y transparencia.