PROPUESTA DE HORACIO SERPA PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN

1. La tendencia internacional es a preservar la independencia de las entidades responsables de producir y divulgar las estadísticas oficiales. ¿Cómo garantizar la independencia del DANE teniendo en cuenta que la confianza del público en éstas es fundamental en una democracia?

Contar con información veraz y oportuna, es uno de los fundamentos para el funcionamiento de un régimen democrático. Únicamente los gobiernos dictatoriales o autoritarios controlan la información, manipulan las cifras oficiales –valiéndose de múltiples subterfugios como por ejemplo, el cambio permanente de metodologías so pretexto de su mejora – y someten a la tutela a los servicios de información, los organismos encargados de producir las estadísticas.

El DANE a lo largo de las ultimas tres décadas, con altibajos, había logrado la confianza de los usuarios de las estadísticas –investigadores, analistas, académicos, funcionarios nacionales y extranjeros, organismos internacionales, el mundo de los negocios-, desafortunadamente, bajo la actual administración, la situación se ha modificado radicalmente, la ingerencia de altos funcionarios de la Presidencia de la República, para señalar qué y cuándo se publica la información, le han restado credibilidad. Se requiere, en consecuencia, devolverle la confianza a la sociedad sobre el manejo de este organismo garantizando su independencia y su solvencia moral. Aparte de nombrar un Director de las más altas calidades técnicas y éticas es necesario crear comités técnicos por áreas temáticas en los cuales participen representantes de los usuarios de las estadísticas.

2. ¿Cómo va a garantizar la transparencia en las próximas elecciones territoriales del 2007, considerando las debilidades de nuestro sistema electoral y los riesgos de intervención de grupos regionales y locales al margen de la ley que participan del actual proceso de desmovilización?

Las elecciones, tanto del 2002 como el 2003, estuvieron penetradas por organizaciones armadas particularmente paramilitares, en amplias zonas del país. Las denuncias documentadas de los medios de comunicación sobre participaciones electorales cercanas al 100% y en los cuales candidatos con poca o nula trayectoria y desconocidos en la región, obtenían casi la totalidad de la votación de la región en zonas dominadas por el paramilitarismo, les ha permitido a estas organizaciones alcanzar una importante representación en el Congreso, en las Asambleas y dominar muchos concejos municipales y Alcaldías, y por ende, acceder a importantes recursos públicos. Se requiere en consecuencia, el desarme efectivo de los grupos paramilitares, el desmantelamiento de sus aparatos militares y organizativos y una aplicación de las normas legales que impidan a todos aquellos acusados de delitos como asesinato, narcotráfico, masacres, expropiación de tierras, desplazamiento forzado, intervenir en actividades políticas. Se hace necesario un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que defienden un Estado Social de Derecho, para introducir reformas y sobre todo prácticas políticas que impidan a estas organizaciones criminales utilizar los canales políticos existentes.

3. ¿Qué medidas adelantará usted para profundizar en la reforma política, considerando que ésta atraviesa estratégicamente la lucha contra la corrupción por su relación con los riesgos que genera el clientelismo, la ausencia de responsabilidad política de los partidos, la falta de un verdadero estatuto de oposición, y la aún débil cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía?

El control político sobre los actos de la administración es un requisito indispensable en una estrategia anticorrupción. Desafortunadamente, desde el Frente Nacional, el congreso colombiano ha tenido un marcado tinte “oficialista”, en la medida en que cualquier denuncia sobre corrupción o de graves falencias en la conducción de una entidad del Estado, se asume, o bien como un ataque al sistema político o como un ataque injustificado, a la dignidad presidencial, concitando así, la solidaridad de los partidos en el gobierno. No se acepta la controversia, el análisis crítico, lo cual estimula los actos de corrupción en la medida en que sus autores cuentan de facto, con la solidaridad de la bancada oficial.

Solidaridad que responde a la necesidad que tienen los parlamentarios en un régimen político, marcado por el particularismo y clientelismo, de contar con la benevolencia de los respectivos Gobiernos para poder atender su clientela y poder mantenerla en el tiempo, única forma de garantizar su permanencia en la vida política. Razón por la cual la oposición política legal ha sido siempre marginal a lo largo del último siglo y medio. Razón por la cual bajo mi mandato, se reforzará la reforma política para preservar la independencia del poder legislativo sobre el ejecutivo que incluye entre otras medidas disposiciones sobre bancadas mucho más eficientes que las vigentes actualmente, para evitar el transfuguismo político. Límites mas estrictos a los recursos destinados al financiamiento de las campañas electorales, financiamiento público de las campañas –por lo menos el 80%- y prohibición a las personas jurídicas de realizar aportes, en dinero o especie a las campañas electorales, y a las personas naturales se les prohibiría hacer aportes superiores a 20 salarios mínimos mensuales, todo lo cual permite una competencia electoral más equilibrada, evita la contratación de empresas electorales y la cohorte de corrupción que conlleva.

Adicionalmente, se requieren normas más estrictas y mecanismos más expeditivos para sancionar las violaciones a las leyes electorales tales como: la compra de votos, la intimidación a los votantes, a los jurados y el fraude. Se hace necesario, igualmente establecer la carrera administrativa a los altos funcionarios de la rama ejecutiva, para sustraer la alta dirección del Estado a las pujas clientelistas.

El llevar a cabo las acciones antes enunciadas permitiendo la existencia de un control político efectivo sobre las acciones de la administración y una oposición en capacidad de ser alternativa de poder.

4. ¿En qué se diferenciará la política de lucha contra la corrupción de su gobierno de la que existe actualmente? ¿Cuál será su propuesta institucional para hacer viable y efectiva su política anticorrupción?

El gran problema de corrupción es el denominado de “cuello blanco”, que liga a una parte del mundo político, una parte del mundo empresarial y una parte de la alta burocracia del Estado. En la última década se han hecho avances muy importantes en materia legislativa para sancionar a los funcionarios que reciben sobornos, para tipificar los delitos sobre el patrimonio público. Igualmente, hoy se cuenta con una Procuraduría y una Contraloría General de la República independiente de los manejos de la clase política e independiente del ejecutivo y con mayor capacidad técnica fruto en gran medida de la Constitución política de 1991. Sin embargo, muy poco se ha avanzado en la sanción a los particulares que sobornan a funcionarios públicos para obtener contratos, ganar licitaciones, modificar disposiciones legales, reglamentos, etc. Bajo mi Gobierno se presentarán al Congreso proyectos de ley para corregir estas falencias, que comprenderán entre otras disposiciones las siguientes:

i) Qué posibiliten al ejecutivo la cancelación de los contratos –cualquiera que fuera el estado de los mismos- y hubieran sido obtenido a través del pago de sobornos.
ii) Multas a las empresas que hayan pagado sobornos por un monto varias veces la suma de los beneficios obtenidos fraudulentamente.
iii) Inhabilidad para contratar con el Estado, de forma directa o a través de consorcios, por una década.
iv) Los ejecutivos y las juntas directivas de las empresas que paguen sobornos a los funcionarios públicos para lograr beneficios en la contratación serán objeto de sanciones penales y multas equivalentes a lo devengado por ellos durante un año.

Adicionalmente, la Presidencia de la República, en coordinación de los organismos correspondientes, monitoreara a las oficinas de control interno de las diferentes entidades del orden nacional de la rama ejecutiva, para velar la transparencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.

5. ¿Usted mantendrá en el plan de desarrollo partidas globales para ser distribuidas regionalmente (antes "auxilios parlamentarios") que ascendieron a 1 billón de pesos en el presente cuatrienio? Si la respuesta es afirmativa, qué mecanismos prevé para la distribución y ejecución transparente de dichos recursos?

Dentro del plan de desarrollo se destinarán partidas y controles para cofinanciar proyectos con las entidades territoriales que beneficien una región o a un conjunto de municipios. Es necesario mantener estas partidas globales para poder llevar a cabo obras que no pueden ser financiadas únicamente por un municipio o que van a servir a varios municipios. Sin embargo, estas obras deben ser parte integrante de los planes de desarrollo regional y municipal y estar enmarcados en las estrategias generales del plan de desarrollo. Lo cual es diferente al mecanismo vigente hoy en día, en el cual se financian obras al capricho de los parlamentarios que apoyan los proyectos gubernamentales. Una vigilancia espacial se realizará sobre los recursos destinados a estos proyectos para evitar desviación de fondos, baja calidad en las obras y la construcción de “elefantes blancos” cuyo único propósito es la captación de fondos públicos para el enriquecimiento ilícito de funcionarios y contratistas.