PROPUESTA DE ÁLVARO URIBE PARA ACABAR LA CORRUPCIÓN
1. La tendencia internacional es a preservar la independencia de las entidades responsables de producir y divulgar las estadísticas oficiales. ¿Cómo garantizar la independencia del DANE teniendo en cuenta que la confianza del público en éstas es fundamental en una democracia?
Los Departamentos Administrativos son cuerpos técnicos por definición, de ahí que no cuenten con función política. Existen avances muy importantes desde el punto de vista de diseño institucional que logran profundizar la independencia entre las instancias políticas y las instancias técnicas, como en el caso de aquellas responsables de la producción de información estadística nacional.
En este sentido, se podría fortalecer el Dane en el ejercicio de sus funciones, así:
- Crear juntas temáticas para la validación de metodologías de generación de información y de cifras estadísticas producidas por el Dane. Estas juntas serían conformadas por expertos en los distintos temas.
- Asegurar los recursos suficientes que garantice la calidad y la oportunidad de la información estadística.
- Continuar con la vinculación de técnicos idóneos en los diferentes temas que garanticen la transparencia y el adecuado manejo metodológico en la generación de cifras.
2. ¿Cómo va a garantizar la transparencia en las próximas elecciones territoriales del 2007, considerando las debilidades de nuestro sistema electoral y los riesgos de intervención de grupos regionales y locales al margen de la ley que participan del actual proceso de desmovilización?
La transparencia en las elecciones depende de múltiples actores institucionales y, en este sentido, el país puede estar seguro que dentro del ámbito funcional que corresponde al Ejecutivo en el nivel nacional, se ejecutarán las acciones conducentes para proveer seguridad en la jornada electoral.
El Estado colombiano ha venido implementando varias estrategias en materia de transparencia electoral: la primera es el desarrollo del Proyecto de Modernización Tecnológica (PMT) de la Registraduría General del Estado Civil, el cual busca mejorar el sistema de información sobre la ciudadanía. Dentro de este proyecto se resalta el programa de cedulación para los ciudadanos que permite tener información digitalizada y depurada del censo electoral. El PMT cuenta hoy con recursos superiores a los US$ 130 millones, los cuales complementan inversiones realizadas.
Otra de las estrategias es el fortalecimiento del papel que cumplen los organismos de control en las jornadas electorales, encargados de vigilar el proceso electoral; así como la participación de veedores internacionales en este proceso, como organismos externos de vigilancia y control. Así mismo, se darán a conocer a la ciudadanía los mecanismos de denuncias en la eventualidad que se presenten irregularidades en el proceso electoral.
En cuanto a la participación e incidencia de los grupos al margen de la ley desmovilizados, está prohibida categóricamente su intervención dentro de los procesos electorales, como una de las condiciones para acceder a los beneficios de la desmovilización (Ley 782 de 2002 y Ley 975 de 2005). Su incumplimiento, quita los beneficios otorgados por las leyes.
Es importante mencionar que la política de seguridad democrática ha permitido el desarrollo de procesos electorales transparentes y con garantías para todas las fuerzas políticas que en ellos participan; un ejemplo claro de esto, son las votaciones del referendo y de las pasadas elecciones para Congreso, en las que se garantizó la participación democrática y la seguridad a los movimientos abstencionistas y de oposición.
3. ¿Qué medidas adelantará usted para profundizar en la reforma política, considerando que ésta atraviesa estratégicamente la lucha contra la corrupción por su relación con los riesgos que genera el clientelismo, la ausencia de responsabilidad política de los partidos, la falta de un verdadero estatuto de oposición, y la aún débil cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía?
El gobierno nacional ha estado comprometido con una reforma política que garantice el cambio de ciertas costumbres políticas que se evidenciaron en el país en la década pasada. Como muestra de esto, durante este gobierno, el Congreso de la República aprobó la reforma política (Acto Legislativo 01 de 2003) después de intentos fallidos en gobiernos anteriores. Esta reforma, está cambiando de manera estructural la forma de hacer política del país, mediante la modificación del modelo de asignación de curules para corporaciones públicas, el establecimiento de un umbral electoral, y la obligación que los partidos políticos funcionen como bancadas. Como resultado de estas medidas, se han fortalecido los partidos políticos tanto en su estructura interna como en el mecanismo que utilizan para canalizar las demandas ciudadanas.
Como complemento de estas reformas, y para garantizar la participación y los derechos de los grupos de oposición, se promovió la aprobación en el Congreso de la República de la Ley de Garantías, que permite velar por los derechos de los partidos y movimientos que participan en las elecciones dentro del nuevo marco impuesto por las reformas al sistema político colombiano.
Para afianzar este propósito, se promoverá la creación y consolidación de sistemas de información que permitan el control y la veeduría ciudadana, como complemento a los mecanismos tradicionales de participación ciudadana.
4. ¿En qué se diferenciará la política de lucha contra la corrupción de su gobierno de la que existe actualmente? ¿Cuál será su propuesta institucional para hacer viable y efectiva su política anticorrupción?
Le eficiencia y la transparencia son elementos indisolubles en un programa de lucha contra la corrupción. Organizaciones públicas eficientes y transparentes tienen una menor probabilidad de ser capturadas y por tanto, la ocurrencia de actos corruptos se reduce. Es indispensable crear vínculos entre dos programas: el encargado del eficiente funcionamiento de las organizaciones públicas (PRAP) y el encargado de la lucha contra la corrupción (Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción).
En este mismo sentido, es necesario avanzar en la consolidación y creación de capacidades institucionales en los gobiernos locales que lo requieran, en las diferentes etapas de la función pública tales como formulación de política, planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación.
Por otra parte, dada la importancia y el monto de los recursos y bienes que se proveen a los territorios con recursos del SGP, regalías y rentas cedidas, se deberá avanzar en la profesionalización de los órganos de control para que se instaure modelos de control por riesgos (supervisión objetiva) y no por organizaciones (supervisión subjetiva). Se realizarán auditorías focalizadas sobre la ejecución de recursos del SGP, para determinar los cuellos de botella del flujo de esos recursos.
Por otra parte, es necesario que a través de las comisiones regionales de moralización se diseñen y promuevan mecanismos de coordinación entre los entes de control y fiscalización, para que se cree un equipo interinstitucional “élite”, encargado de conocer y dar una opinión integral sobre la situación de una localidad determinada y para que adelante la investigación conjunta y simultánea.
Igualmente será necesario instaurar programas de prácticas delatorias que conducirán a incrementar la probabilidad de detección de prácticas corruptas.
Para que las prácticas corruptas sean cada vez más costosas se debe incorporar el concepto de "muerte política a los corruptos", de tal forma que las personas que hayan participado en las prácticas estén inhabilitados para postularse a cargos de elección popular en cualquier nivel de la administración.
En la etapa preventiva, es necesario fortalecer los procesos de presupuestación por resultados de los municipios, al menos en lo que hace referencia a los bienes y servicios provistos con cargo a los recursos del SGP, las rentas cedidas y las regalías. Igualmente, se requiere consolidar los sistemas de información municipal para monitorear los avances en la ejecución y su consecuente efecto en la provisión de los servicios.
En la actualidad, el gobierno está implementando diversas estrategias en desarrollo de la política de anticorrupción, las cuales se deberán profundizar y fortalecer. Entre estas estrategias, se encuentra: i) el fortalecimiento de los sistemas de información; ii) la implementación del nuevo sistema de control interno; iii) la promoción del control social y ciudadano, mediante los Pactos de Transparencia; iv) la puesta en marcha del Plan Nacional de Control Social; v) el seguimiento a los recursos de salud; vi) la profundización de los procesos de modernización y fortalecimiento de los organismos de control.
De acuerdo con los planteamientos hechos a través de la Visión Colombia II Centenario, es indispensable avanzar hacia una sociedad informada. “La información constituye un factor productivo necesario para mejorar el funcionamiento de los mercados, al tiempo que hace transparentes, participativos y eficientes los sistemas políticos y el funcionamiento de los gobiernos. De igual forma, promueve la equidad al contribuir a hacer efectivos los derechos y deberes ciudadanos, lo que aumenta las posibilidades de elección y mejora las decisiones y oportunidades de los ciudadanos.”
Es indispensable avanzar en la creación de registros administrativos que sean públicos, garantizando un mayor control en el uso de los recursos. El uso de la información permite administrar eficientemente los programas sociales, evaluar la efectividad de las políticas públicas y mejorar el proceso de rendición de cuentas a la comunidad. Adicionalmente, la información mejora los procesos de planeación, presupuestación y ejecución de las políticas públicas.
5. ¿Usted mantendrá en el plan de desarrollo partidas globales para ser distribuidas regionalmente (antes "auxilios parlamentarios") que ascendieron a 1 billón de pesos en el presente cuatrienio? Si la respuesta es afirmativa, qué mecanismos prevé para la distribución y ejecución transparente de dichos recursos?
En este gobierno no se han asignado auxilios parlamentarios.
La asignación y distribución de proyectos regionales mediante el programa de Audiencias Públicas fue una muestra de cómo la participación ciudadana y la concurrencia de los diferentes niveles del gobierno, permiten una mejor definición y focalización de los proyectos de inversión según las necesidades de las comunidades. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C022 de 2004, consideró que este mecanismo estaba dentro del marco normativo colombiano descartando la existencia de auxilios parlamentarios.
Dados los favorables resultados del proceso, es necesario continuar con este tipo de mecanismos de asignación participativa de proyectos prioritarios de cada región.
Para garantizar la transparencia en la distribución y ejecución de los recursos se deberá proponer un esquema de acompañamiento a los proyectos por parte de las entidades involucradas y de la ciudadanía. Igualmente para la asignación de recursos se deberán definir criterios regionales y de equidad.
