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Orden publico
Cambio de estrategia
De las elecciones marcadas por la violencia guerrillera, se ha pasado a las marcadas por el voto forzado por los paramilitares
Carurú y Taraira son dos distantes municipios del Vaupés, que fueron los únicos donde la guerrilla logró impedir las elecciones en 2006. Es quizás el nivel más bajo en la última década en que este grupo al margen de la ley logró con su accionar violento interferir por completo la participación democrática de la gente. Porque a pesar de los anuncios de que no va a hacer nada para afectar el proceso electoral, siempre algo sucede.
De nada les sirvió a las Farc detonar en 2003 carros bomba en Caquetá, Cauca y Bolívar; quemar automotores, material electoral y hostigar sedes militares y de Policía en esos y otros lugares. Para esas elecciones territoriales, a pesar del “paro armado”, hubo más electores. En circunstancias parecidas, subió la votación en Guaviare respecto al 2002 y aunque en Rivera, Huila, a pocos días de las votaciones la columna “Teófilo Forero” asesinó a ocho concejales, el 39 por ciento de los amedrentados salió a sufragar.
No hay duda de que los resultados del años anterior muestran una invaluable labor de las autoridades para darle garantías a la gente. Y los ciudadanos vienen reaccionando a esto.
En contraste en otras zonas del país, en especial en la costa norte, ya es de amplio reconocimiento cómo se lograron abultadas votaciones mediante la coerción y la trampa paramilitar. No dejar votar y obligar a votar, se han convertido así en dos caras de la situación de orden público del país.
No es fácil predecir qué nos deparan estas elecciones. Aún sin que exista un concepto definitivo, son alarmantes las declaraciones de Juan Pablo Cepero, del Consejo Nacional Electoral, cuando dijo que “prácticamente ningún departamento del país se salvó de la trashumancia, que no tiene antecedentes en la historia electoral.” De hecho, el CNE reportó que en 576 municipios, más de la mitad en Colombia, hubo trasteo de inscritos para los comicios de octubre.
Suficientes razones para que las autoridades y la ciudadanía no bajen la guardia para anticiparse a la estrategia que seguro buscaran los grupos armados ilegales para interferir con la libre decisión de la gente.