Necesidad de una reforma integral del sistema electoral colombiano

“Las reglas electorales vigentes están diseñadas para asegurar la realización formal de procesos electorales pero no para garantizar el ejercicio, en condiciones de libertad e igualdad, del derecho a la participación de los ciudadanos”.

Por: Antonio José Lizarazo Ocampo

Las elecciones que acaban de concluir han dejado en evidencia, una vez más, que nuestro sistema electoral necesita una reforma a fondo. Algunos pensaran que el problema no es tan dramático puesto que, al fin y al cabo, a pesar de reiteradas advertencias sobre riesgos y amenazas, los procesos electorales se realizan y cumplen el objetivo de elegir a las autoridades y corporaciones que la Constitución determina como de elección popular. La cuestión, sin embargo, no debe limitarse a verificar si tales procesos se realizan o no, sino, ante todo, si realmente, mediante los procedimientos electorales vigentes, se garantiza a los ciudadanos el derecho fundamental a participar en la conformación del poder político.

Las protestas violentas en algunos municipios del país al final de la jornada de votación del domingo 28 de octubre, censurables desde todo punto de vista, podrían constituir, en algunos de esos casos, manifestaciones de profundo malestar ciudadano con unas reglas de juego que no garantizan resultados electorales conforme a la voluntad popular expresada en las urnas. Diversas sentencias de nulidad electoral proferidas en los últimos años, entre ellas la de elección de Senado de la República en el 2002, han permitido confirmar denuncias de suplantación de electores, “trashumancia” electoral y otras formas de fraude, perpetrados no pocas veces con la participación o anuencia de personal vinculado a la organización electoral. Y no estamos hablando aquí de problemas que afectan la libertad e igualdad de los electores, como los derivados de la pobreza extrema, la corrupción y el clientelismo que se aprovechan de ella, ni de las acciones violentas de los grupos armados ilegales, cuyo análisis escapa a las pretensiones de este artículo.

Podríamos decir, entonces, que las reglas electorales vigentes están diseñadas para garantizar la realización formal de procesos electorales pero no para asegurar el ejercicio, en condiciones de libertad e igualdad, del derecho a la participación de los ciudadanos. El Código Electoral, en el cual se encuentran regulados los procesos de votación y los escrutinios, fue expedido en 1986 y corresponde a una época ya superada en Colombia. En efecto, dicho código es el producto de una compilación de normas electorales expedidas hasta 1985 , con algunas modificaciones posteriores, pero que en esencia expresa concepciones políticas y jurídicas muy diferentes a las que hoy rigen en nuestro país. La desactualización del Código Electoral se ha venido ampliando como consecuencia de sucesivas reformas constitucionales al régimen político y electoral, como las adoptadas en los Actos Legislativos 01 de 2003, 02 de 2004, 02 y 03 de 2005, mediante los cuales se adoptaron nuevas reglas electorales y se introdujeron cambios sustanciales al régimen de partidos; a la participación en política de los servidores públicos, incluida la reelección presidencial inmediata; a la financiación de las campañas; a las circunscripciones para la elección de la Cámara de Representantes y a la organización electoral.

No cabe duda, en consecuencia, que nuestro régimen electoral debe ser modernizado y puesto a tono con los valores y principios consagrados en la Constitución de 1991 y las reglas electorales introducidas mediante las mencionadas reformas políticas y electorales. Conviene tener en cuenta, sin embargo, que las reformas que se introduzcan al sistema electoral deben guardar armonía con el sistema de partidos y, estos a su vez, con el sistema de gobierno, por tratarse de componentes esenciales de nuestro sistema democrático. No parece conveniente continuar el camino de las reformas parciales, sin una visión de conjunto, impulsadas por la necesidad de responder a determinadas coyunturas políticas.

Por todo ello creo que no obstante los avances introducidos a partir de la Constitución de 1991, ha llegado el momento de repensar las reglas de juego de nuestro sistema democrático y de construir los consensos que se requieren para avanzar en las reformas.

11/09/2007 VOTEBIEN.COM