Lo que sigue, la rendición de informes de Campaña 28 noviembre
¿En qué va el proceso de rendición de ingresos y gastos electorales en estas elecciones territoriales de 2007?

Por: Adela Constanza Díaz*

En Colombia, el tema electoral y como parte de este el de la Financiación de las Campañas ha ido desarrollándose con dos caras: La modernidad y la ineficiencia. Para analizar el proceso, recordemos que la creación del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Movimientos Políticos y de Campañas Electorales se dio en la reforma a la Constitución en 1991 a ejemplo de otras democracias, para asegurar entre otros aspectos, el acceso a corporaciones públicas de cualquier ciudadano habilitado en condiciones de “equidad” como candidato, al establecer unos limites en los recursos de campaña a invertir, al tener que regirse a una tabla de “Topes” que es actualizada para cada elección por el Consejo Nacional Electoral según tipo de Corporación y tamaño del municipio y que además, les permite acceder a líneas de créditos especiales en los bancos (que en la práctica no es tan fácil para muchos candidatos), donde, si se violan estos topes trae como consecuencia multas y en caso de ser elegido según últimas normas, trae como consecuencia la perdida de la curul.

En un plazo no mayor a un mes del debate electoral los candidatos deben presentar un informe de ingresos y gastos al Fondo de Campañas, en este caso el plazo es el 28 de noviembre, en unos formatos que varían levemente cada elección y cuyas cifras se organizan bajo unos códigos de contabilidad especial creada por la ley para estos casos, estos informes deben estar firmados por cada candidato y acompañados con la certificación de un contador con tarjeta profesional vigente, además desde el año 2006 para ser presentados al Fondo, los Partidos durante ese mes deben consolidar la información de estos candidatos en “informes consolidados” por cada lista presentada a Corporaciones Públicas (Asamblea, Concejo, JAL) o por cada cargo uninominal (Alcaldías y Gobernaciones) a presentarse en otros formatos creados para tal fin donde además registrarán información financiera sobre su participación en cada campaña, la cual el Fondo cruzará con la información anual que le presenta cada Partido sobre sus gastos de funcionamiento en este caso del año 2007 y hacer seguimiento a las inconsistencias. Los formatos del Partido deberán ser firmados por el representante legal anexando a cada informe el dictamen del Auditor del Partido y los informes recibidos de cada candidato. En caso de grupos de ciudadanos la entrega al Fondo se hará a través de un responsable en caso de listas o el propio candidato si es un cargo uninominal.

En el Fondo de Campañas, se ocupan de revisar estos informes para lo que la ley les otorga de uno a tres meses para la reposición de gastos luego de recepcionados, tiempo absurdo para revisarlos, certificarlos y pagarlos convenientemente con la infraestructura del Fondo aún con outsourcing, dada la particular “casuística” que se presenta ante los vacío legales, por lo general más de un 80% de los informes son devueltos para su complementación en caso de encontrar inconsistencias, para dar una idea del volumen que allí se maneja, para las elecciones de 2003 se revisaron algo más de 10.000 informes de las cuales algo como 7.000 tenían derecho de reposición y para estas, el total de informes son algo así como 86.000 mil consolidadas en 15.000 informes más o menos, dado que para esta oportunidad aunque no tienen derecho a reposición, las JAL deberán entregar informes.

Se prevé un gran número de devoluciones por parte del Fondo ante debilidades atribuidas a los partidos y movimientos políticos para organizarse lo que yo explicaría solo en cierta forma a la falta de oportunidad en la emisión de las normas por parte de los responsables en el Estado. La Ley prevé que quien no presente informe será sancionado con multas que se aplican según el resultado de las investigaciones administrativas a cargo del Consejo Nacional Electoral. En caso de ser certificados estos informes, se revisa si además el candidato tiene derecho a reposición -que es la semifinanciación del Estado- y ocurre en aquellas campañas y listas que logran estar por encima de un porcentaje determinado de votos válidos para la correspondiente Corporación, un candidato tiene como derecho a reposición el valor del voto según corporación o cargo al que haya aspirado multiplicado por el número de votos válidos depositados por él y un cálculo particular según su participación en la lista, pero sin exceder este valor a los gastos en los que incurrió el candidato, es decir que un candidato al Concejo en Bogotá pudo por votación tener derecho a $40 millones que no supera el tope determinado que corresponde a $200 millones, pero si reporto gastos por 20 millones es decir una cifra menor a la reposición solo se le reconoce estos gastos pues de esto se trata el espíritu de la norma y si tuvo gastos mayores sin superar el tope es decir $80 millones solo se reconocerá hasta el monto de reposición es decir los $40 millones. Pero como la Ley indica que es el Partido quien rinde los informes, la reposición llega al Partido quién de acuerdo a sus estatutos toma un porcentaje de administración como aporte de sus avalados para complementar la financiación del funcionamiento que cada año hace el Estado para la realización de sus proyectos institucionales.

Visto así el proceso, esta bien diseñado, sin embargo, con las evidencias presentadas desde hace más de diez años en varias elecciones que han tenido y tiene a varios funcionarios elegidos o no, con líos en la justicia por una inadecuada financiación no evidenciada en los informes, sino por otras fuentes, estos informes se convierten en un canto a la bandera pues nunca reflejaran irregularidades, entonces en la practica ha venido funcionando con unos grandes vacíos bien normativos y/o en la aplicación de los procesos para garantizar y visibilizar efectivamente la transparencia de los ingresos de las campañas como lo reporta Transparencia y la MOE con su Pacto con los Partidos que al 22 de octubre debieron visibilizar los donantes de sus campañas y si se tiene en cuenta que ya a casi veinte años de su implementación, son miles de millones los que el Estado o sea los ciudadanos hemos dado en reposición de gastos de campaña para garantizar la equidad y el fortalecimiento de la democracia, es ya justo exigir a la Organización Electoral, al Congreso que no ha estudiado las propuestas presentadas y en general al Estado una reforma seria en este sentido, que debe comenzar a debatirse desde ahora y no dejarse cuando no quedan sino cinco meses para su implementación pues dejamos todo convenientemente para última hora implementando Leyes inconsistentes que terminan siendo solo paños de agua tibia sumiéndonos cada vez más en el desarrollo y en un falso discurso de modernidad y avance.

No hay sino que mirar las pocas estadísticas que tiene la organización electoral porque ni esto se ha generado perdiendo una valiosísima información para la toma de decisiones, pero que indican como a la fecha el Fondo tiene en carácter devuelto algo más del 50% de las cuentas por elecciones previas a 2007 es decir sin certificar por no presentarse de manera completa, aunque estas cuentas puedan corresponder al 20% del presupuesto por tratarse en su mayoría de cuentas con mínima reposición o sin ella y sin embargo la Ley no dice nada al respecto, una resolución reciente del Consejo da dos meses para que estas sean devueltas con correcciones vamos a ver que pasa y lo más grave, el gran porcentaje de los investigados en el Consejo son los candidatos más pequeños donde se aplica que la falta de pedagogía de la norma no los exime de su cumplimiento. Es más, los expertos en participar a estas contiendas, saben que con solo presentar y no sobrepasar los topes así el informe de rendición de ingresos y gastos este mal presentado quedan eximidos de cualquier sanción y por ello se desentienden de los requerimientos del Fondo. Solo los que tienen una reposición de gastos significativa que es un poco menos del 30% de candidatos, se esmeran porque sus cuentas sean certificadas para acceder a la reposición rápidamente, situación que espera el Fondo se supere no haciendo pagos parciales a listas pese a la presión de los partidos, pero que muy seguramente no podrán hacer ante la presión de los candidatos con compromisos pendientes en los Bancos y que de no girarse causarán intereses a cargo del Estado si se esperan a que todos los candidatos cumplan con los requerimientos.

Una afortunada decisión del anterior Consejo Nacional Electoral para las elecciones de 2006 ratificada y de alguna manera mejorada aunque tardíamente emitida por el actual a través de la Resolución 330 de 2007 solo a cinco meses de la fecha de la elección, y que obliga a los Partidos y Movimientos Políticos a implementar correctamente la Ley 130 de 1994 de modo que estos deberán consolidar los informes de ingresos y gastos de campaña por las listas de Corporaciones y presentarlas conjuntamente con los informes de cargos uninominales al Fondo de Campañas debe entenderse como una oportunidad de fortalecimiento institucional que obliga a implementar prácticas y herramientas gerenciales ubicando en sus cuadros directivos más que locuaces políticos, responsables estrategas.

Sin embargo, herramientas como los Tribunales de Seguimiento Electorales y la Resolución de corte para cuentas de Gobernación y Alcaldía en ciudades capitales definidas casi en sigilo por el Consejo Electoral para el monitoreo de las cuentas, son positivas en la medida que se construya una mayor madurez de esta nueva responsabilidad de los partidos donde el Estado como mínimo emita la normatividad de forma oportuna para que las reglas de juego sean adecuadamente difundidas al momento de darse los avales. Una cosa es Bogotá y otra es la debilidad de algunos partidos en algunos de sus directorios y sedes regionales para transmitir sus procesos pues estos se activan solo en época electoral.

El importante debate al tema de la financiación de las campañas electorales que se ha dado a nivel mundial con el auspicio de los organismos internacionales que promueven la democracia y que tienen iniciativas en Colombia, estos han generado un clima importante y favorable entre los Partidos y Movimientos Políticos y la sociedad civil, que debe ser asumido por el Consejo Nacional Electoral y el Congreso para dejar de generar iniciativas inmediatistas y asumirlas bajo una efectiva formulación de proyectos, que permita el diseño de unos procesos técnicos apoyados en normas integrales, que superen las debilidades coyunturales del sistema actual, las cuales deben ser discutidas convenientemente entre todos los actores del proceso, que permita implementar no de manera fragmentada sino integral, procesos, capacitación y tecnología que permita una rendición y control de informes de ingresos y gastos inclusive en línea como desde el 2004 proponen dos Magistrados y que genere convenios con las entidades que se requieran para un cruce de información efectivo para el tema de donaciones y contribuciones. Es decir el debate al tema de la Financiación de las Campañas como otros temas electorales, debe exceder el debate en derecho aclarando si seguimos con la semifinanciación o pasamos a la total financiación y unos topes racionales a los gastos de propaganda e incluir el debate técnico y en él la ingeniería de procesos que determine recursos, cronograma y un mapa de actores y convenios completo para asegurar la transparencia y efectividad así como el uso racional de los recursos del Estado.

El corte a 28 de noviembre fecha límite para la entrega de informes nos dará el indicador de efectividad de la normatividad del Consejo Nacional Electoral y de los Partidos en su organización interna para enfrentar este interesante reto, así como, la posibilidad de que los Colombianos igual que al 28 de octubre pudimos conocer los resultados electorales podamos saber quienes entregaron informes, que al termino de los tres meses que el Estado da al Consejo Nacional Electoral-Fondo de Campañas para su revisión podamos saber cuantos de estos informes fueron efectivamente certificados y cuales devueltos, a los dos meses siguientes cual es el balance, conocer y evaluar la calidad del dictamen que de cada cuenta haga la auditoría externa y en los tres años siguientes al inicio de las investigaciones administrativas sus resultados, gracias a un Sistema de Información que esperamos esta vez esté implementado a tiempo en aras de la Transparencia y por que no, a unos partidos y movimientos políticos y a un Fondo de Campañas que en cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión generado por el Consejo Electoral en el 2003 y a una renovación de la Ley y la norma tengan certificada la calidad de sus integrales procesos.

Igualmente, esperamos ver la información en la página WEB del Consejo Nacional Electoral referida a los donantes de campaña, pues quien quita que usted aparezca donando en una campaña y no ser esto cierto. De todos modos, esto no pasa de ser mecanismos de control porque el fraude en la financiación tiene unos componentes más estructurales, la inequidad social, la poca capacitación en ciudadanía, la falta de una gestión social responsable de los funcionarios públicos de más alto nivel entre otros que espero algún día sean superados en Colombia.

* Ingeniero Consultor. Asesor en Calidad y Gestión Social Responsable para el sector público y privado.

11/09/2007 VOTEBIEN.COM