Evaluación final
Unas de cal, otras de arena

Una baraja de nuevos líderes llegó a alcaldías y gobernaciones en un contexto de violencia y economías ilegales. Pese a los avances, aún queda camino por recorrer.

Por Carlos Eduardo Huertas*

Artículo publicado en  Revista Semana el 15 de diciembre de 2007

Las elecciones regionales de 2003 fueron claves para la expansión de la influencia paramilitar en la política. Habían pasado los comicios para el Congreso y fue el momento en que las mafias asociadas al paramilitarismo y al narcotráfico decidieron de forma descarada 'agarrar' un puñado de administraciones locales. Para la época, en muchas regiones era pan de cada día la corrupción, la violencia y la debilidad del Estado. De ahí que las elecciones de 2007 fueran decisivas para saber qué tanto la sociedad les permitiría a las mafias seguir en su captura del Estado.

Los resultados fueron positivos. Pese a que los factores que hubo hace cuatro años se mantuvieron, los avances que se lograron para contrarrestarlos fueron determinantes para que el año termine con una sensación de optimismo de lo que sucedió en las urnas el pasado 28 de octubre.

Por un lado, fue decisivo el rol de las autoridades electorales. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría se tomaron en serio su papel. La primera estuvo atenta a resolver de forma oportuna las denuncias de trasteo de votos y por esta vía anuló la inscripción de 358.669 cédulas. Además, dio importancia a la vigilancia de la financiación de las campañas y llegó incluso a exigir un reporte previo a los candidatos sobre este tema. Por su parte, Juan Carlos Galindo, registrador nacional del Estado Civil, hizo lo propio. Desde la logística pre y poselectoral, hasta medidas sorpresivas de contingencia de la trampa, le permitieron salir por la puerta grande de la entidad.
No se quedaron atrás otros organismos estatales, como la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre situaciones de riesgo; la Procuraduría, que hizo lo mismo sobre candidatos inhabilitados y la Fiscalía que junto al gobierno, la Fuerza Pública y otras entidades, conformó un equipo especial para investigar delitos electorales.

El papel de la sociedad civil no fue inferior. La iniciativa con mayor despliegue fue la de la Misión de Observación Electoral, que con un batallón de voluntarios estuvo presente en 20 departamentos. Junto a ella, decenas de organizaciones locales y medios de comunicación promovieron debates, hicieron veeduría y alertaron sobre factores de riesgo que pudieran afectar las elecciones.

Toda esta movilización, remando para el mismo lado, trajo sus resultados: participó un 30 por ciento más de personas en estas elecciones que en las de hace cuatro años. En esta oportunidad 'la combinación de todas las formas de lucha democrática' es la única que puede cobrar como suyo el hecho de que haya habido cambios en lugares donde se consideraban indestronables ciertos poderes locales o donde había candidatos respaldados por grandes maquinarias electorales. Fue la situación de los ganadores en Atlántico, Cesar, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Villavicencio, entre otros casos, que, por lo que significó para sus comunidades, llegan con una suerte de mandato especial, en contextos donde las antiguas hegemonías políticas no se van a quedar quietas.

En otros lugares hubo satisfacción por la victoria de políticos de trayectoria, como el caso de Antonio Navarro en Nariño y el de Horacio Serpa en Santander, en contra de un contendor que despertaba mucha inquietud. Igual sensación hubo con el triunfo del Polo en Bogotá, donde hábilmente llegó con un candidato que supo mezclar simpatía con maquinaria.

Pero la esperanza que despiertan estos resultados no puede ocultar los problemas que hubo y los grandes retos que se tienen. Durante la campaña, el asesinato de 21 candidatos inscritos, principalmente a manos de las Farc, es algo que avergüenza cualquier democracia. En algunas regiones hubo chorros de dinero que incidieron en los resultados, entre otras, en la compra de votos, de la que no escapó ni siquiera la capital. Además, recursos públicos de programas sociales fueron usados para proselitismo, y en varias regiones las campañas cayeron en una guerra sucia que poco espacio dejó para las propuestas y los programas. Deja un sinsabor de que en general los candidatos no cumplieron los pactos que firmaron con diversas organizaciones, en especial en lo que tiene que ver con los orígenes de su financiación.

También son grandes lunares el hecho de que luego de los resultados hubiera concurridas manifestaciones en 34 municipios que en muchos casos terminaron en asonadas, y que no se pudieran realizar comicios en cuatro lugares. En algunos casos, como en el de Castilla La Nueva, Meta, por las dudas en la veracidad del censo electoral. La revisión en profundidad de este último es uno de los grandes retos que tiene la organización electoral.

La otra gran empresa que hay que acometer con urgencia es que el país se tome en serio la reforma política. En esta oportunidad, con la baja participación en las consultas internas de los partidos previas a las elecciones, y la desbordada cantidad de candidatos inscritos por firmas, quedó en evidencia lo poco efectivos que han sido los cambios hechos. Es tan importante y urgente lo que hay que hacer, que no es desproporcionado buscar que esta reforma tenga el respaldo de la misma movilización social que hubo para este período electoral.

En lo político no deja de ser llamativo el hecho de que partidos que han resultado muy comprometidos con la para-política hayan logrado resultados electorales como los que tuvieron. Por ejemplo, Alas Equipo Colombia, que pasó de tener 68 a 83 alcaldías; Apertura Liberal de 24 a 37, y Convergencia Ciudadana, de 21 a 72.

Es claro que con mayor presencia de la Fuerza Pública y tras la desmovilización paramilitar, se contuvieron las presiones armadas que hubo en 2003. Desafortunadamente, no es fácil concluir lo mismo en relación con el narcotráfico. Es ingenuo pensar que esto no tuvo nada que ver.

Tras un reportaje de Votebien.com en algunas zonas cocaleras, sumado a un análisis de los resultados electorales de todo el país contrastado contra los sitios de cultivo, procesamiento y distribución de coca, surgen coincidencias llamativas de algunos grupos políticos en zonas donde el narcotráfico es un factor determinante de toda actividad. Aun así, sólo con esta información es difícil ser concluyentes en relación con qué tanto influyó esta actividad ilegal, cada vez más dispersa en pequeños grupos. Como dice la analista Claudia López, sólo las actuaciones de los nuevos mandatarios dejarán en evidencia qué tanto ellos son objeto o agente del riesgo que tiene esta actividad sobre sus comunidades.

Con mayor libertad y participación, no hay duda de que en las elecciones regionales hubo un avance de la democracia, en especial en ciudades estratégicas. Pero esta satisfacción no puede nublar la perspectiva de los cambios que sólo saldrán adelante con la misma determinación con que la sociedad logró en esta oportunidad frenar en parte el avance de las mafias.

*Editor de investigaciones de SEMANA y editor general de Votebien.com