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Regiones
El “top” del fraude
Hay varios lugares que a fuerza de trampa han ganado un lugar en las listas de riesgo electoral
Cuando llegan las contiendas electorales, es cada vez más habitual que las miradas se volteen con reserva a ciertos municipios donde hay antecedentes de fraude. Son aquellos lugares en los que, o bien de forma sistemática se hace trampa, o por alguna reciente situación irregular muy fuerte, quedó en la memoria como un lugar donde es mejor tener encendida todas las alertas.
Algunos de ellos se han convertido en clásicos de la corrupción electoral, donde operan desde las formas más ingeniosas para hacerse a los votos de forma ilegal, hasta las más rudas.
El listado lo encabeza Barranquilla. Allí las denuncias de trashumancia y compra de votos ya son parte del paisaje. Son muchas las historias de este tipo en la Arenosa, como la que sucedió en noviembre de 2005, cuando el CTI de la Fiscalía detuvo a varios “comisionistas”. Entre ellos, una mujer tenía más de 4.000 cédulas, de esas que van sin el dueño a inscribirse y se las devuelven meses después cuando, solitas también, van a votar.
La situación de esta ciudad industrial ha contagiado a gran parte del departamento. Hace cuatro años, el Gobernador de Atlántico, Fernando Char, pedía anular el proceso de zonificación por trashumancia dentro de la Capital. Por pertenecer a muertos o reclusos fueron anuladas 21.524 cédulas en los comicios pasados. En el diario El Heraldo, el ex ministro Armando Benedetti Jimeno denunció que hubo compra de unos 340 mil en Barranquilla.
Su vecina Cartagena, con diferente intensidad, tiene también decenas de historias que la han llevado a esa lista de riesgo. Es tan raizal esa práctica, que cuando mostraron imágenes de los funcionarios del candidato Nicolás Curi repartiendo ventiladores y mercados para ganarse la alcaldía de Cartagena, sus seguidores decían no entender el escándalo pues les estaban haciendo un favor.
Otros lugares han puesto a prueba los estudios de los más agudos análisis estadísticos. Como González, Cesar, donde en unos comicios prácticamente votó toda la población y los resultados milimétricamente se repartieron en dos candidatos. Un imposible estadístico teniendo en cuenta que en el país la abstención ronda en promedio el 60 por ciento de la población. Luego de esta situación es habitual que desde Bogotá se nombren delegados Ad Hoc, para supervisar lo que allí suceda.
Junto a este municipio cesarense aparecen además trece poblaciones que en las elecciones del 2003 duplicaron el promedio de votación nacional: una está en Córdoba, cuatro en Sucre y ocho en el Magdalena. Entre éstas, Remolinos, donde luego se encontró que el destituido Registrador Municipal pedía a los jurados firmar las planillas en blanco que él luego, amablemente se encargaba de llenar.
No puede quedar por fuera Magangué, Bolívar, donde en esta oportunidad de nuevo será reforzada la vigilancia por parte de las autoridades y los veedores de todo tipo. En sus poblados rurales prestaron el “servicio gratuito” de votación a domicilio que incluía previa marcación del tarjetón y toma de huella dactilar. Allí también se encontraron cientos de cédulas deambulando sin su dueño.
De otro lado El Difícil, Magdalena, tiene un camino arduo para quitarse de encima la marca de ser uno de los lugares donde los paramilitares hicieron de las suyas en las elecciones al congreso en 2002. Allí el jefe paramilitar “Tolemaida” presionó unos resultados que hoy tiene tras las rejas a varios congresistas. También hubo una concentración irregular de votos en Remolino, Chivolo y Pivijay.
Ahora, cerca de las elecciones de octubre, cuando atosigan las denuncias por traslado de votos en 576 de los 1.098 municipios de Colombia, cabe reflexionar sobre dónde han estado las autoridades ante tamaños despropósitos. Por ejemplo, el año pasado sólo 95 personas, 20 de ellas en la jornada electoral, fueron procesadas por la Fiscalía en 15 regiones. Una cifra muy pequeña para el volumen de denuncias de irregularidades que se han presentado.