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Transparencia
¡A rendir cuentas!
Algunas medidas para vigilar las campañas políticas representan un progreso, pero es bastante lo que falta.
Los recientes escándalos que han salpicado a sectores de la clase política hacen necesaria la imposición de normas que realmente otorguen un nivel mínimo de credibilidad al proceso electoral. Las elecciones de octubre serán una prueba de fuego para la legitimidad de la democracia colombiana ante la opinión pública nacional e internacional.
Aunque la necesidad de tener una legislación que garantice la transparencia en el sistema de financiación de campañas es apenas una parte de la complicada estructura que se requiere para alcanzar un sistema electoral decente, vale la pena evaluar los avances.
Uno de los objetivos del ambicioso plan de reforma constitucional que presentó recientemente el gobierno, y que termino por naufragar, era buscar mecanismos para evitar que los comicios fueran contaminados por las presiones de los grupos armados ilegales. La iniciativa incluía severos castigos a los partidos si se comprobaba el origen ilícito de los fondos de sus campañas. Pero el proyecto se cayó en el Congreso.
Aún así, el Consejo Nacional Electoral buscó corregir algunos errores de las elecciones pasadas en lo relacionado con la presentación de las cuentas que hicieron los partidos ante el Fondo Nacional de Financiación de Financiación de Partidos y Campañas. El 30 de mayo último expidió una resolución, la 0330, que obliga a los partidos a presentar una copia de las cuentas de cada candidato, además de los balances consolidados de todos los ingresos y egresos del Partido. Con esta medida se sigue dejando en manos del partido la responsabilidad de la transparencia de la financiación de sus miembros, pero también se busca que el Estado tenga un control más riguroso de los aportes que cada candidato recibió. Pero lo más importante, acerca a los ciudadanos con la posibilidad de revisar esta información, pues ahora sólo tendrán que acercarse, después de las elecciones, al Fondo para pedir una copia, y no a cada partido, como ocurría en 2006.
Sin duda esta resolución es un avance. Pero lo ideal es que las finanzas sean públicas antes de la elección, como ocurre en muchos otros países del hemisferio, Algunas organizaciones civiles ya han adelantado esfuerzos en este frente. Por ejemplo, la Misión de Observación Electoral lidera el ‘Pacto de Transparencia’, firmado, hasta el cierre de este artículo, por diez de los 16 partidos en contienda. Los partidos firmantes están obligados a hacer públicos sus patrocinios por lo menos un mes antes de las elecciones, para que así los electores sepan quiénes están detrás de cada candidato, antes de votar. Esto es clave si se tiene en cuenta que cada candidato asume de cierta forma un compromiso con las empresas o los particulares que lo financiaron y por ello puede ocurrir que las decisiones que tome en su cargo beneficien a un patrocinador, aún en detrimento de la comunidad. Eso es lo que se busca prevenir.
Lo ideal también sería que los electores pudieran conocer información detallada sobre el patrimonio de cada uno de sus candidatos. No hay avances concretos en este tema, y es natural que los candidatos sean celosos con la información por todos los problemas de seguridad que enfrentan en el país. Pero podría ser un buen adelanto para la democracia. Así los electores y las organizaciones civiles podrían hacerle un corte de cuentas a los candidatos, si fueran elegidos, conocer su patrimonio al fin de su mandato y así evitar sospechas de enriquecimiento ilícito.
Los avances realizados hasta el momento son bien recibidos y serán un punto a favor de la transparencia que tanta falta le hace al proceso electoral. Esto no significa que las campañas queden completamente blindadas frente a manejos perversos en el ejercicio electoral. Por eso es importante que la sociedad civil se apersone del control del ejercicio democrático. Sólo así se logrará una verdadera madurez política.
