Controversia
La apuesta regional

La discusión sobre las transferencias será uno de los temas más relevantes del debate electoral

El Congreso reinicia actividades el próximo 20 de julio y tendrá que hacerse cargo del espinoso asunto de la nueva ley de transferencias, que es la que determina cuanto dinero le da el gobierno central a las regiones. Cualquier cambio para la repartición de estos millonarios recursos, por pequeño que parezca, representa una variación sensible en el presupuesto de los gobiernos regionales. Por lo tanto, la promesa de lograr que sean más grandes estas partidas, o en el peor de los casos, impedir que se reduzcan, constituye un argumento ineludible en el discurso de los candidatos y los partidos, que desde su posición intentarán presionar mejores condiciones para sus regiones.

El tema es de gran interés político, tanto que el presidente Álvaro Uribe ya tiene programada una gira por varios puntos del país para defender la posición del ejecutivo, buscando anticiparse a la controversia que sin duda habrá en época electoral. Son muchos los que ven con desconfianza la posición del gobierno, que interpretan como la intención de concentrar más poder, en detrimento de la autonomía de las regiones.  “Cuando uno discute sobre descentralización, está discutiendo sobre un modelo de Estado” le dijo el pasado mes de mayo a revista SEMANA la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería, subrayando que la discusión sobre las transferencias es un debate que no se limita a un asunto fiscal.

Un primer hervor de la discusión que vendrá, se dio el pasado 3 de julio en un evento programado por Colombia Líder y la Fundación Konrad Adenauer,  en Bogotá. Allí varios alcaldes y gobernadores salientes discutieron sus inquietudes respecto a las medidas que tendrán que adoptarse. Como lo hizo Hugo Aguilar Naranjo, gobernador de Santander, que planteó que una reforma mal hecha, impide el desarrollo autónomo de las regiones..

El Gobierno asegura que una reforma generosa con las regiones podría agravar el déficit fiscal y que cualquier síntoma de desestabilización en las finanzas públicas espantaría a los inversionistas extranjeros. Algo que a varios mandatarios locales les suena contradictorio con los permanentes anuncios de lo bien que va la economía.

Quienes se oponen a la posición del Ejecutivo consideran que detrás hay una mirada de desconfianza hacia el poder regional por verlo propenso a la corrupción y politiquería. El destino de estos fondos es la inversión social y son frecuentes los malos manejos en los dineros que van para educación, salud pública y saneamiento básico.

Las posiciones son tan encontradas que incluso políticos cercanos al gobierno. Es el caso de Carlos Rodado Noriega, quien argumenta que de cada 100 pesos que se generan en el país, 81 los recauda el Ejecutivo Central, 12 los municipios y 7 los departamentos. A pesar de dicha circunstancia, no se puede crear una atmósfera en la que se cree que estas partidas son una donación. “Es  inaceptable que siquiera se considere que la inversión social sea la que provoca el colapso de las finanzas públicas” dice.

La expectativa del Gobierno  es que el debate de las Transferencias se resuelva en la próxima legislatura. Pero es fácil predecir que los actuales mandatarios buscarán dejarle el chicharrón a sus sucesores, que en medio de las elecciones presionaran mejores condiciones a través de sus congresistas.

Más pausada es la posición del candidato a la Gobernación del Valle, Francisco Murgueitio, que considera que el ofrecimiento del ejecutivo es sensato. “Aunque podría decir que las finanzas del Valle se resienten, es mejor una nación sostenible”, le dijo a Votebien. Murgueitio invita a “mirar las cosas en perspectiva” y respalda la propuesta del gobierno que en su opinión ofrece mejores garantías para la estabilidad.

En algunos casos, es posible que esta otra perspectiva en la que el candidato se alinea con el gobierno pueda ofrecer mejores dividendos electorales. De cualquier manera, el que triunfe buscará tener mayores recursos para cumplir con las promesas de campaña.  De ahí que este será un tema en torno al cuál girará en buena medida la discusión electoral, pues esa mejoría esperada haría que los gobernantes que se elegirán el próximo 28 de octubre dispongan de un poder político superior al de sus predecesores.