Bandas emergentes: amenaza latente para los comicios



Las elecciones de octubre están en riesgo. No sólo la guerrilla, asesinando concejales y amenazando autoridades locales, quieren ejercer presión sobre los comicios. Ahora, la alarma está encendida por las denominadas bandas emergentes, ese híbrido entre mafias, grupos paramilitares y bandas de delincuencia común. Así lo manifestaron organizaciones no gubernamentales y hasta la OEA.

El propio ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, resaltó su preocupación recientemente a través de los medios de comunicación. Según el alto funcionario, hay riegos en 37 municipios del país y por eso, activó el sistema de alertas tempranas para reforzar la seguridad en las regiones y anunció para los próximos días el inicio del Plan Democracia, estrategia de seguridad que busca garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Mientras tanto, las organizaciones especializadas en el conflicto y la propia OEA, prendieron las alarmas en torno al crecimiento de las bandas emergentes.

El jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de paz del organismo multilateral, Sergio Caramagna, alertó sobre cómo esos grupos se están convirtiendo en ejércitos "más relacionados con el narcotráfico que con el paramilitarismo".

Y eso, para los expertos, podría significar la posibilidad de lograr un poder de cobertura tal que no tendrían ningún problema para interferir en los ya cercanos procesos electorales. De hecho, el director de Indepaz, Camilo González Posso, aseguró que ya hay denuncias de presiones sobre los electores y candidatos en la Costa Pacífica (Buenaventura más exactamente), los Llanos Orientales e incluso en el Magdalena.

"Hay denuncias de todos los partidos políticos, del Liberal, del Conservador, sobre cómo se ha presentado en varias regiones trasteo de votos, corrupción y presiones de las mafias", dijo González Posso a Colprensa.

Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, aseguró que si bien las amenazas provienen principalmente de las Farc, le siguen las nuevas bandas de paramilitares (Águilas Negras y Los Rastrojos) así como grupos de narcotraficantes interesados en interferir en el proceso electoral.

"La guerrilla pretende demostrar que sigue teniendo poder en las zonas rurales, mientras que las autodefensas buscan imponer sus candidatos, lo mismo que los narcotraficantes, para después favorecerse de todo esto", expresó.

El objetivo, en concepto de Indepaz, es muy claro: "quieren ganar influencia en los poderes regionales, mantener las posiciones que ganaron en elecciones anteriores y a partir de ahora, consolidar su poder y tener control político, lo que les abriría las puertas para hacer sus negocios y lograr privilegios, infiltrando el Estado a todos los niveles".

Por lo anterior, para el director de Indepaz, el momento clave será a partir de agosto, cuando comiencen las inscripciones de candidatos. "Es necesario que la observación internacional de las elecciones se inicie desde principios de ese mes con el objetivo de observar las inscripciones, porque desde ese momento podría comenzar la presión de estas mafias y grupos".

Para sustentar sus afirmaciones, González Posso reveló el más reciente informe de la organización que preside, en la que asegura que actualmente, un total de 84 nuevas bandas, con alrededor de nueve mil hombres. Pero lo más preocupante, en su concepto, es que hay indicios de "uniones".

"Todas las bandas tienen entre 50 y 500 miembros. Pero hemos notado que se están integrando, haciendo alianzas, están en un período de transición. Entonces, o hay una intervención fuerte de la autoridad o esto estallará una nueva ola, muy violenta, de grupos emergentes", dijo González Posso.

ICG: No es claro si harán política

Otro organismo que ha manifestado su preocupación por éstas bandas emergentes es el International Crisis Group. En un informe reciente, la organización Internacional asegura que "uno de los peligros potenciales es que se conforme una federación de nuevos grupos y organizaciones criminales, similar a las AUC".

Agrega el documento que en la mayor parte de los casos el control sobre los civiles es velado y si bien mantienen la estrategia de intimidar a los habitantes de su zona de influencia, todavía no es muy claro si intervendrán de manera ilegal en política.

"No se sabe a ciencia cierta si los nuevos grupos piensan tratar de controlar a los candidatos en las elecciones de octubre de 2007 para alcaldes y gobernadores", explica el informe de ICG, elaborado en mayo de este año.

Pero no por eso deja de calificar como preocupante el surgimiento de las bandas emergentes. De hecho, resalta que mientras el Gobierno dice reconocer unas 22 y otras organizaciones hablan de más de 80, en ninguno de los casos el número de hombres es inferior a tres mil. "Están lejos de tener la presencia que tenían las Auc, que se ubicaban en 711 municipios", dice el informe y añade: "Son más pequeños y menos visibles, pero también son dinámicos en un entorno rápidamente cambiante".

Según ICG, algunas de esas bandas, incluso, estarían comandadas por el jefe paramilitar Vicente Castaño, actualmente prófugo de la justicia. "La Policía cree que está reconstruyendo partes de las AUC en su antigua zona de influencia, en la región de Urabá, se habla de reclutamiento, con epicentro en San Pedro de Urabá", dice el documento.



La guerrilla y los mandos locales

Pero el problema de las organizaciones emergentes no es el único que podría amenazar los comicios. Recientemente se han incrementado las denuncias y las alertas sobre la intimidación que las Farc adelantan contra alcaldes locales y concejales.

Según la Federación Colombiana de Municipios, al menos 200 alcaldes del país están en situación de riesgo por diferentes grupos armados, que pretenden mostrar fuerza ante las elecciones regionales del próximo 28 de octubre. Gilberto Toro, presidente de la agremiación, agregó que en 24 de los 32 departamentos se evidencian graves amenazas contra la dirigencia regional.

"De 1.100 alcaldes, se ha detectado peligro inminente sobre unos 200", señaló Toro, al agregar que la investigación fue hecha en lo que se denominó Mapa de riesgo de los municipios del país.

Según ese análisis, las Farc planean atacar concejales antes de las elecciones del 28 de octubre próximo, tal y como lo hicieron con el asesinato de los ediles de El Doncello, Caquetá, Ofelia Betancourt y Argemiro Medina, junto a Rosalba Betancourt, hermana de la primera.

A esta situación se suma el informe de la Defensoría del Pueblo, que señaló que los dos concejales asesinados conformaban un grupo de más de 270 políticos y familiares en situación de riesgo por amenazas en ese departamento.

Toro sostuvo que la seguridad de los mandatarios es complicada especialmente en Caquetá, Arauca, Meta, Tolima, Huila, Cauca y Nariño. Están en riesgo algunos alcaldes de Putumayo, Santander, Norte de Santander y de la Costa Atlántica.

El tema ya se le dio a conocer al Gobierno y por eso, pidió la Federación, es necesario reforzar la seguridad en los municipios más delicados para fortalecer el proceso democrático.

"El plan pistola es evidente y por eso hacemos un llamado a reforzar las condiciones de seguridad. Tres alcaldes, de Carmen de Apicalá, El Tarra y Sipí, no han podido despachar de los municipios. Por eso mañana haremos una reunión extraordinaria para analizar la situación", dijo Toro.


Colprensa