Competencia desleal

Centenares de candidatos que hicieron campaña antes de tiempo le están jugando sucio a sus contrincantes. Muchos le apostaron a golpear primero en la opinión pública pues igual tienen poco que perder.

Hoy algunas calles del país tienen vallas publicitarias de políticos, es fácil encontrar sectores empapelados de volantes invitando a votar por tal o cual persona y se ven vehículos con calcomanías de candidatos sonrientes. Aunque parece completamente normal porque ya están sobre la mesa varias candidaturas, es ilegal esta publicidad. Los candidatos que lo han hecho están infringiendo la ley que dicta que no se puede hacer publicidad electoral sino hasta tres meses antes de las elecciones, es decir sólo a partir del 28 de julio.

No son casos marginales. El Consejo Nacional Electoral (CNE), que es la autoridad encargada de investigar y sancionar el tema, ya tiene 400 denuncias para investigar.

Entre los denunciados están Alejandro Char, que aspira a la alcaldía de Barranquilla y puso una valla con la leyenda “eCHAR pa’ lante... una propuesta de ciudad”; y Alonso Salazar, candidato a la Alcaldía de Medellín, que ubicó unos pasacalles con la pregunta “¿Sabe usted quién trabajó con Fajardo y quiere seguir con su obra”. Ninguno de estos anuncios hace alusión directa a los candidatos, pero la interpretación que dan a la ley en el CNE es que este tipo de anunciado no son permitidos.

La campaña de Salazar difiere de esta posición. “La norma no solo permite, sino que ampara la publicidad política. Entendiendo que el debate de las ideas es parte de la razón social de los movimientos ciudadanos. Por eso hubo algunas manifestaciones del grupo. Pero en ningún momento hicimos lo que sí está prohibido, que es invitar a votar por un candidato, ni se hizo alusión a ningún cargo de elección popular”, le dijo a Votebien Alejandro Gómez, gerente de la campaña del candidato.

La ley es clara frente a la definición de propaganda electoral: todo recurso que incite al voto (vallas, camisetas, botones, panfletos, carros decorados, etc). Aunque no se digan nombres ni cargos, si los ciudadanos asocian un mensaje con un candidato y si después de una recolección de pruebas el CNE determina que el candidato es el autor de los mensajes, se falla en su contra. Puede enfrentar una multa entre 8 y 82 millones de pesos.

Pese a que pareciera muy fácil de resolver una investigación sobre el tema, la CNE no siempre la tiene fácil a la hora de encontrar los responsables. Por ejemplo hace algunos meses apareció en Bogotá una valla que decía “Bogotá necesita una vieja berraca”, que algunos ciudadanos que denunciaron le atribuyeron a Leonor Serrano. Sin embargo la candidata a la Alcaldía de Bogotá ya fue desvinculada del caso después de asegurar que no fue ella la que la puso. “Agradezco que el CNE me graduara de vieja berraca. En el fondo de mi alma se que el que puso la valla se refería a mi”, le dijo a Votebien. Aun así, Serrano tiene otra denuncia, también sobre publicidad electoral fuera de tiempo. Los magistrados tendrán que determinar si corresponde al mismo caso o a otro.

Pero en estas elecciones habrá algunos candidatos con pocas opciones de refutar las denuncias, pues son más directos con su publicidad. José Name, candidato a la Gobernación del Atlántico, tiene unas vallas con la leyenda “Orgullosamente... con José”; y Alejandro Char, que aspira a la alcaldía de Barranquilla, puso una valla con la leyenda “e’CHAR pa’ lante... es propuesta de ciudad”.

Lo mismo pasa con Mauricio Mejía, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. Tiene varias vallas en las calles en las que se lee “Mauricio Mejía... Bucaramanga es la vía”. Además de Mejía, Didier Tavera, candidato a la gobernación del departamento, tenía en diciembre una valla en la que le deseaba feliz navidad a los bumangueses y en otra más reciente invita a la celebración de los diez años de su partido, Convergencia Ciudadana. “No he violado el código electoral porque no tengo publicidad ni en vallas que relacionen mi nombre como candidato a la gobernación. Lo que sí hay es una invitación del partido Convergencia a la invitación a la celebración, y yo soy militante de éste”, dice el candidato.

Otros políticos denunciados son: Luis Alfredo Ramos, candidato a la Gobernación de Antioquia; Fredy Anaya, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga; Fredy Socarrás Reales, candidato a la Alcaldía de Valledupar; Fernando Vargas, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga; y Miguel Antonio Murgas, candidato a la Gobernación de La Guajira, y decenas de candidatos a concejos y asambleas por todo el país. Casos en los que aún no hay un fallo del CNE.

Por ahora sólo van tres sancionados por esta irregularidad en la campaña de 2007. Votebién conoció que uno de estos casos es el de Édgar Perea, candidato a la Alcaldía de Barranquilla. Tendrá que pagar 30 millones de pesos por pasar publicidad electoral suya desde el año pasado en la emisora Mar Caribe y por hacer proselitismo en su programa de deportes.

Todas estas denuncias fueron enviadas por los ciudadanos directamente al CNE o a las registradurías municipales, con las fotos o copias de la información electoral. Cada una se le asigna a un magistrado, quien tiene que liderar la recolección de pruebas en cada caso. Después, les formulan a los candidatos implicados un pliego de cargos que se les da a conocer para que ejerzan su derecho a contradicción y defensa. Después el CNE toma una decisión y determinan si infringieron la ley y cuánto tienen que pagarle al Estado. Es paradójico que a pesar de que esta infracción le da sin duda una ventaja en imagen a quien la comete, la multa solo se aplica de acuerdo a la norma, después de esperar “un tiempo prudencial”, con un plazo máximo de cinco años. Algo que resulta irrisorio si esta ventaja fue importante a la hora de posicionar un candidato en la opinión pública. Cuando recién inicia el periodo legal en que se puede hacer publicidad, no hay una respuesta clara del por qué tal cantidad de políticos, que frecuentemente se abrogan la transparencia y las buenas costumbres políticas, violen la norma y generen un juego electoral desleal. La respuesta para esta violación puede ser un poco pragmática. Si los candidatos hacen un análisis costo beneficio, pueden encontrar lucrativo saltarse la norma. Tal vez una sanción millonaria sea insignificante si el candidato gana las elecciones y se hace al poder. Y si a eso se le suma que las investigaciones no siempre terminan en contra de ellos, realmente tienen poco que perder. La ventaja que le da al candidato tramposo comenzar a sonar antes que sus contrincantes resulta entonces lucrativa en votos y en cierta medida impune. Al ser tan demoradas las investigaciones, ni siquiera los ciudadanos tiene como utilizar las sanciones que se colocan para saber si la persona que respalda ya ha demostrado en algo mínimo, que no es capaz de respetar las reglas del juego.