Bogotá
Relaciones peligrosas

El maridaje entre políticos y transportadores tiene la movilidad de la capital al borde del caos. ¿Qué ha caracterizado esa relación?

Uno de los problemas más graves que el próximo alcalde de Bogotá enfrentará será el de la movilidad. Tendrá que chatarrizar buses y eliminar rutas en las vías principales, entre otras medidas drásticas para frenar el caos. Por eso es clave identificar desde ya qué tipo de compromisos obtendrá este gobernante con los transportadores durante su campaña.

El tema cobró vigencia en estas elecciones después de que Juan Carlos Flórez, candidato a la Alcaldía de Bogotá, propusiera que ninguno de sus contrincantes, ni él, recibieran financiamiento de los transportadores. Todos estuvieron de acuerdo, excepto Diego Arango, el candidato conservador. ¿Cuál es el problema de que reciban dinero de este gremio?

El del transporte es un negocio legal, no hay duda. Pero un gobernante debería gozar de total independencia a la hora de tomar decisiones que pueden afectar este lucrativo negocio. Esto no ha pasado. “El transporte público es una manguala entre los mandamases del transporte y los políticos”, le dijo Flórez a Votebien. Esta relación se daría con la donación de dinero de los transportadores a las campañas, con el préstamo de los buses el día de las elecciones para transportar votantes, y por los supuestos intereses que los políticos tienen en el negocio. “Hay una leyenda urbana y es que importantes congresistas y concejales son dueños de buses y otros vehículos de servicio público. Por eso también favorecen desde sus instituciones a los transportadores”, agregó el candidato.

La relación puede ir de tiempo atrás. La desaparición del tranvía a mediados del siglo pasado y la posibilidad frustrada de tener un metro en la ciudad se la adjudican a la presión que los transportadores hicieron a través de sus representantes en el Congreso y el Concejo.

Los dos últimos alcaldes rechazaron el apoyo de los transportadores para marcar una distancia. “Ni ahora ni nunca he recibido dinero ni de contratistas, ni de proveedores, ni de empresas que tengan negocios con el Estado. Esa ha sido una política clara en mis campañas”, le dijo el ex alcalde Enrique Peñalosa a Votebien. Seguirá la misma filosofía en estas elecciones.

Igual el también ex alcalde Antanas Mockus. “Nunca tuve apoyo de los transportadores. Una vez uno me llamó a decirme que me tenía tres mil votos y lo único que le respondí fue ‘suéltelos’”, le dijo a Votebien.

La historia de Luis Eduardo Garzón es diferente. En la mitad de su mandato tuvo que enfrentar una verdad que puso en duda su independencia. En su campaña para la Alcaldía recibió 224 millones de pesos de Carlos Delgado, un influyente transportador. Delgado fue uno de los mayores financiadores de la campaña. Garzón salió de inmediato a decir que el dinero no fue donado sino prestado y que ya había sido devuelto. Pero el escándalo caló en su imagen.

En ese entonces ya estaba claro que uno de los puntos débiles de la administración Garzón era la movilidad. La chatarrización no marchaba y las calles estaban cada vez más llenas de buses, viejos y nuevos. Además, la corrupción al interior de la Secretaría de Tránsito y Transporte (hoy de Movilidad) era un hecho. Algunos empresarios del gremio transportador admitieron haberle pagado a funcionarios de la STT para matricular buses y otros vehículos de servicio público.

Además, el rol que Delgado jugaba en la toma de decisiones de la STT era cada vez más comentado. Algunas fuentes consultadas por Votebien aseguraron que importantes funcionarios de esa oficina eran cuotas del transportador. No se descarta que funcionaran para él.

El señor Delgado

Carlos Delgado es fundador de tres importantes empresas del gremio. Dos cubren el corredor que comunica a Bogotá con Soacha y la otra es Transcar, que opera en Bogotá. Aunque no posee la mayor cantidad de buses y rutas, ha utilizado toda suerte de medidas legales para garantizar la supervivencia y éxito de su negocio, por lo que ha ganado un poder político con el que se han beneficiado sus colegas en el sector.

A finales de la administración Mockus, Delgado ganó una tutela que le permitió ampliar su cupo de buses. A través de esta figura legal fue posible el llamado “carrusel de Delgado”, en el que el transportador amplió el cupo de buses de su empresa para vendérselo a otras transportadoras, por lo que ganó varios miles de millones de pesos. De esta forma entraron a la ciudad más de 1.700 buses entre 2002 y 2004.

En las instituciones del distrito y la política local, Delgado se mueve como pez en el agua. Desde que era un funcionario de bajo rango del Intra tuvo un fuerte vínculo con el Partido Conservador. Fue concejal y reemplazó en el Senado al conservador Roberto Camacho después de su trágica muerte. Este año fue precandidato del Partido Conservador para la gobernación de Cundinamarca, pero perdió contra Carlina Rodríguez con una votación irrisoria.

Su poder no está en las urnas, pero sí en el financiamiento de los candidatos de éste y otros partidos. Cuando se desató el escándalo de Garzón, él aceptó haberle prestado el dinero y agregó que apoyó también a Uribe “con el 80 por ciento del transporte para su campaña en Bogotá", dijo ante los medios de comunicación.

Delgado también ha aceptado haber financiado a candidatos para la Alcaldía de Soacha y a concejales de Bogotá. Tal como lo confirmó a Votebien una persona cercana a él: “en círculos cerrados ha comentado haberle dado dinero a ocho o nueve concejales”.

En este grupo pueden estar Yamile Medina, Emel Rojas y Orlando Herrán, los tres representantes de los transportadores en el Concejo que fueron lanzados y elegidos por el gremio, dividido en 66 empresas. Ellos representan sus intereses, como hay otros que representan a las iglesias cristianas. Es una justa manifestación de nuestra democracia representativa.

El problema está en los demás, que con el dinero recibido adquirieron compromisos con el sector y harán valer sus intereses por debajo de la mesa y en oposición al bien ciudadano. Hoy no está claro quiénes son, pues los aportes de Delgado no aparecen en las cuentas de campaña.

A partir de las actuaciones de sus compañeros, los mismos concejales sacan sus conclusiones. La concejal Ángela Benedetti denunció el año pasado que un debate que propuso sobre Transmilenio fue saboteado por el presidente de la Comisión de Gobierno de ese entonces, Severo Correa, del Partido Conservador. “Tuve problemas para que me agendaran el debate cuando justo él, que representa al gremio de los transportadores, era el presidente de la Comisión”, le dijo a Votebien. De hecho, Delgado fue segundo renglón de Correa en varias oportunidades e iba a suplirlo hace dos períodos cuando el concejal pidió una licencia. Pero no se posesionó.

En casos como este es que la línea entre un comportamiento ético y uno dañino se hace más delgada. Cuando un ciudadano elige a su candidato espera que represente sus intereses, no los de la persona o empresa que le dio plata para la campaña. Sobre todo cuando va a funcionar a favor de un tema tan delicado como el transporte.

El 80 por ciento de los bogotanos usa el servicio público (diferente a Transmilenio) para transportarse . En solo pasajes, el negocio puede producir más de 7.000 millones de pesos al día y genera más de 25.000 empleos directos. Es lógico que los dueños del negocio quieran preservar su mina de oro, aunque vayan en contravía de la movilidad.

En 1993, cuando fue congelado el parque automotor, Bogotá tenía 16.300 buses, busetas y colectivos y 36.000 taxis. Actualmente, circulan entre 20 y 24 mil buses, busetas y colectivos y cerca de 56 mil taxis. Entre 6 mil y 8 mil de éstos deberían ser chatarrizados. No hay certeza sobre el número. Aunque la posibilidad de hacer un censo de vehículos del transporte público se ha puesto sobre el tapete en más de una oportunidad, ha sido frenada. Si se hiciera, quedarían al descubierto las dobles matrículas y otras prácticas irregulares que se amparan en la corrupción y los boquetes jurídicos. Los transportadores han sido obstáculos para iniciativas que como estas podrían corregir los problemas que pusieron a Bogotá al borde del colapso en el último tiempo.

Tal vez la historia juzgaría a Garzón diferente si no hubiera recibido dinero de Delgado. El caos en la movilidad hubiera sido simplemente un problema que nunca estuvo en la agenda, un vacío en la interpretación de las normas o un caso de corrupción aislada por parte de algunos funcionarios de la administración. Pero con dinero involucrado el problema pasó a ser de transparencia.

Por eso se abre el debate para estas elecciones. Ya Peñalosa dijo que nunca ha aceptado financiamiento del gremio y no lo hará en esta ocasión. Y Samuel Moreno, el otro opcionado para ganar las elecciones, aseguró ir en la misma onda de su contrincante: “no voy a aceptar dinero de transportadores, ni de personas que tengan algún interés en contratos y concesiones con Bogotá”, le dijo a Votebien. De cumplirse, este ya es un paso para que en el próximo período se logren verdaderos cambios.