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Democracia local en grave riesgo

Por: Patricia Fernández Correa*

“El único camino para lograr la paz es la democracia” Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo.


Es sin lugar a dudas la democracia lo que está en juego en Colombia y por supuesto en las regiones, es decir, la democracia local. Debemos, entonces, la sociedad en su conjunto, ser concientes del contexto sobre el cual se desarrolla el actual proceso electoral. Sobre todo en lo local, es allí, en las zonas más alejadas donde el ejercicio de las libertades se hace a veces casi un sueño, donde la vida misma se hace vulnerable, donde la constitución política con su consigna de Estado Social y Democrático de Derecho apenas si se vislumbra en un horizonte lejano y un camino largo por recorrer.

Cuando digo contexto, me refiero también a territorios, antecedentes, realidades, datos y hechos que evidencian la presencia de actores que influencian y tienen un peso relevante en el proceso. Me refiero a las autoridades electorales, de control, policiales, responsables de garantizar el libre ejercicio de elegir y ser elegido en condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad para todos, quienes deben entre otras implementar las medidas de seguridad pertinentes que permitan a los candidatos el libre desarrollo del proselitismo político y el contacto directo con las comunidades, propio del debate electoral.

A los partidos, movimientos políticos y candidatos, actores fundamentales en el proceso quienes tienen la responsabilidad, moral, ética y jurídica de representar y reflejar la verdadera voluntad de sus electores, bajo unos principios mínimos de transparencia, respeto y responsabilidad política en el ejercicio de lo público.

Reconocemos también la presencia de actores armados ilegales que históricamente han influenciado el ejercicio electoral valiéndose de practicas deplorables y condenables desde todo punto de vista: presiones, amenazas y secuestros como los que se han presentado en las últimas semanas en el departamento de Antioquia, contra candidatos a alcaldías y concejos por parte de grupos al margen de la ley que ponen en alto riesgo el libre ejercicio de la democracia y manipulan de forma directa la jornada electoral del próximo 28 de octubre.

La sociedad debe estar vigilante y acuciosa al desarrollo de todas las etapas del proceso electoral y estar presta a rechazar todas aquellas acciones u omisiones que vulneren el libre desarrollo de los comicios electorales próximos. Por ello, se debe rechazar de forma categórica y denunciar ante las autoridades correspondientes y la opinión pública regional, nacional e internacional, todos los actos que atenten contra la democracia y que presenta en Antioquia un balance hasta el momento de tres candidatos que han sido retenidos contra su voluntad por grupos armados ilegales, y amenazas conocidas contra otros cuatro candidatos a alcaldías en diversos Municipios del Departamento.

Entre los hechos conocidos se registra el secuestro de candidatos a la alcaldía de Anorí del partido Cambio Radical , Vigía del Fuerte del Partido Liberal y según los datos entregados oficialmente por las autoridades departamentales, el acto violento más reciente se presentó en el corregimiento El Cangrejo del municipio de Betulia, Suroeste antioqueño, donde hombres armados presuntamente de las FARC privaron de su libertad a León Darío Vélez Yépez de 28 años de edad, quien es candidato a la alcaldía de este municipio por el Partido Alas Equipo Colombia y de su familiar Carlos Alberto Yepes. A sí mismo, se han conocido amenazas a candidatos a alcaldías por el partido Liberal en Amagá y del Polo Democrático en Don Matías, Bello e Itagüí.

Si bien es saludable el hecho de que los candidatos Pedro Pablo Agudelo aspirante a la alcaldía de Anorí por el partido Cambio Radical y Hermenegildo Viera candidato a la alcaldía de Vigía del Fuerte por el partido Liberal, hayan sido dejados en libertad luego de permanecer secuestrados durante varios días, es necesario reiterar que no deja de ser preocupante e indignante que los grupos armados ilegalmente, retengan contra su voluntad a los aspirantes a cargos públicos, lo que pone en evidencia la ingerencia que buscan tener los actores violentos en la democracia local y sobre la cual hay alarmantes antecedentes.

Según los datos de la Federación Nacional de Municipios entre 1998 y 2007 han sido asesinados 69 alcaldes y 39 piden medidas de protección, mientras que la Federación Nacional de Concejales dice que en 2007 se presentó el asesinato de un concejal en el municipio de Nechí y otros 7 en diferentes municipios del país; en los últimos 4 años 258 ediles han perdido la vida en Colombia y otros 800 se encuentran amenazados.

Según se desprende del mapa de riesgos presentado recientemente por la Misión de Observación Electoral, Antioquia es uno de los departamentos con altas probabilidades de riesgo, ubicando 32 municipios vulnerables, 25 % del departamento y una participación del 26 % de riesgo en el concierto nacional a partir del análisis de variables electorales relacionadas con la manipulación del sufragio.

También llama la atención los niveles de abstención que presentan municipios como Ituango, Dabeiba y Murindó, que sobrepasan el 80% en las elecciones de 2006 y cabe la pregunta sobre qué es lo que hace que la participación sea tan baja en estos municipios y se aleje en tal medida del promedio nacional que está en 51.49% de abstención para el periodo en mención. Hasta ahora hablamos del análisis de los datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué podremos entonces esperar del mapa que será presentado próximamente y que analiza la información relacionada con las variables de seguridad y de actuaciones de los actores al margen de la ley?.

La democracia colombiana está en construcción y gravemente amenazada. Para defenderla y fortalecerla se necesita de un Estado que además de controlar efectivamente el territorio, garantice derechos, unos gobernantes que representen realmente a sus electores y una sociedad civil fuerte que proponga transformaciones, trabaje por ellas, reclame y denuncie. Todo esto, requiere de escenarios públicos amplios que permitan la expresión de las demandas y así mismo la negociación de los conflictos. Es lo que algunos pensadores llaman una sana re-politización de la vida cotidiana. Así se hará posible el sueño que el cronista Luís Tejada tenía poco antes de su muerte, el cual era que sus hijos vieran y gozaran un sol más justo y una tierra más benévola. He ahí el reto.

* Coordinadora Regional Antioquia Misión de Observación Electoral