VoteBien - Elecciones 2007

Directora de Congreso Visible

La reciente jornada de inscripción de candidatos y de listas para los comicios del próximo 28 de octubre demostró una vez más que los cambios normativos, en particular las reformas que hacen referencia al sistema electoral y a los partidos políticos, toman tiempo para producir los resultados esperados. Pero ante todo, que la efectividad de estas transformaciones depende en buena medida de la voluntad y del compromiso político de los actores del sistema político –gobierno, dirigentes y miembros de los partidos, candidatos y autoridades electorales- de cumplir y hacer cumplir las normas.

Medidas como el umbral, las listas únicas, la prohibición a la doble militancia, las consultas para escoger candidatos, la fórmula d’Hondt, la organización del trabajo en las corporaciones públicas, entre otras, pretendían subsanar la pérdida de credibilidad y legitimidad de los partidos y mejorar su capacidad de representación. No obstante, se mantuvo la posibilidad, estipulada en la Constitución de 1991, de que candidatos avalados por un determinado número de firmas pudieran inscribir sus candidaturas, para dar cabida a quienes no se sintieran representados por los partidos políticos existentes.

En las elecciones legislativas de marzo de 2006, la aplicación de estas normas arrojó muchos resultados acordes con las expectativas. Por ejemplo, la reducción del número de partidos políticos con representación en el Congreso de más de 50 a 12 partidos en el Senado o la derrota de los candidatos que le apostaron al personalismo, hicieron pensar que el proceso de modernización, institucionalización y democratización del sistema de partidos y de los partidos era irreversible.

No obstante la campaña electoral para los comicios de octubre de 2007, el proceso de confección de las listas y de selección de los candidatos por parte de la mayoría de las colectividades, la avalancha de candidatos inscritos con el aval de “un número significativo de ciudadanos”, el gran número de aspirantes inhabilitados y el regreso triunfal de la feria de los avales, demuestran que estamos más cerca de las prácticas políticas del pasado que de la renovación que la reforma del 2003 pretendió impulsar. El problema no radica en las normas, sino en quienes tienen la responsabilidad de divulgarlas, aplicarlas y hacerlas cumplir.

Por ejemplo, la mayoría de los partidos y movimientos no utilizaron mecanismos democráticos para escoger a sus candidatos, sino que el director único, o en el mejor de los casos un pequeño grupo de “notables”, tomó las decisiones respectivas, haciendo uso del poder del “bolígrafo” de tan ingrata recordación. De igual manera, fueron numerosas las alianzas entre partidos o movimientos políticos que durante los últimos cinco años han estado en orillas opuestas del espectro político, unos en la orilla de la oposición y otros en la del uribismo, y que sin mayores explicaciones, más allá de las obvias conveniencias electorales, aparecieron apoyando a un mismo candidato. Seguramente esto va a producir no poco desconcierto entre el electorado, Por otro lado, cerca doscientos cuarenta y cuatro movimientos avalados por firmas de ciudadanos inscribieron candidatos. Se dirá que son una expresión democrática, que ellos representan a quienes no se sienten identificados con los partidos y que son más cercanos a las realidades regionales. Sin desconocer que en algunos casos seguramente esto es cierto, no lo es menos que en muchos otros, detrás de estos movimientos se mueven los intereses de la “vieja política”, o sectores cercanos a actores al margen de la ley, o simplemente personas que siguen favoreciendo el personalismo en el ejercicio de la política. Finalmente, no deja de llamar la atención la inscripción de candidatos por este medio con el discurso de la antipolítica y antipartidos, pero que acabaron acompañados por los partidos que critican.

En este contexto, no faltarán quienes digan que las reformas fracasaron y que por esta vía promuevan medidas conducentes al debilitamiento de los partidos y de instituciones democráticas como el Congreso y que le apuesten al desprestigio de la política. Por esto, los ciudadanos que creen en ésta como un medio para la realización del bien público y de los intereses colectivos antes que de los intereses particulares, tienen el derecho de exigirles a los partidos que apoyaron las reformas de 2003, a los líderes partidistas, al gobierno y a las autoridades electorales que eviten que se reversen los logros alcanzados y que, por el contrario, los profundicen.
08/20/07