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¿Aprendieron los partidos y movimientos políticos de la experiencia de la parapolítica?
Paola Zúñiga Valcárcel
Coordinadora de Proyectos de Política y Justicia
Transparencia por Colombia
El escándalo desatado por la revelación de los nexos entre políticos y paramilitares, y que hoy tiene en la cárcel a un número considerable de congresistas, alcaldes y gobernadores, contribuyó a profundizar la crisis por la que ya venían atravesando los partidos y movimientos políticos colombianos.
El fenómeno de la parapolítica incrementó la desconfianza ciudadana en las organizaciones políticas y produjo una desilusión generalizada frente al sistema de representación, causando daños irreparables en la esencia misma de la democracia colombiana.
Considerando que la ley 130 de 1994 facultó a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica a “postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno”, resulta evidente que parte importante en la tarea de prevenir la infiltración de intereses delincuenciales en las corporaciones públicas y en los cargos de elección popular, está en manos de las mismas organizaciones políticas.
Si bien la ciudadanía tiene el deber de ejercer su derecho al voto de manera conciente y responsable, los ciudadanos carecemos de información suficiente sobre el perfil de todos y cada uno de los candidatos que aspiran a ocupar cargos de elección popular y, por tanto, confiamos a los partidos y movimientos políticos, a quienes suponemos más y mejor informados, la labor de evaluar las cualidades y condiciones de quienes aspiran a detentar el poder en los distintos niveles del Estado.
Si los partidos y movimientos políticos, como dice nuestra legislación, son instituciones que contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, se presume que dichas organizaciones tomarán las medidas necesarias para asegurar que sus candidatos gestionarán con responsabilidad los asuntos públicos y reunirán las condiciones que los hagan acreedores de la confianza ciudadana.
Los partidos y movimientos políticos al otorgar avales certifican la honorabilidad de sus candidatos, la coherencia de sus propuestas políticas, y sus capacidades para ejercer dignamente la función pública. Por ello, cuando se producen fenómenos como el uso (o abuso) del poder público para satisfacer intereses particulares legales o ilegales, gran parte de la responsabilidad es atribuible al partido que avaló la integridad y seriedad del elegido.
Mientras algunos partidos adoptaron e hicieron públicas medidas para prevenir que a sus filas ingresaran candidatos cuya integridad pudiera ser cuestionada en el futuro, otras organizaciones políticas se mostraron más laxas frente a las condiciones para expedir avales, llegando incluso a ofrecerlos mediante vallas y anuncios radiales y televisivos. Así las cosas, no sorprende que ya haya candidatos inscritos para los próximos comicios que se encuentran inhabilitados para ejercer cargos públicos por hechos graves de corrupción, y aún así, recibieron el aval de distintas organizaciones políticas.
Este es tan sólo un ejemplo de la escasez de medias preventivas que impera al interior de las organizaciones políticas, y que ratifica la necesidad de que partidos y movimientos políticos se conviertan en guardianes de la honorabilidad de sus candidatos y actúen como “filtro” para evitar el ingreso a la vida política de aquellos que, lejos de querer representar el interés ciudadano, pretenden atentar contra las instituciones y los valores democráticos.
Hoy, cuando no hay duda acerca del daño que produjo sobre la democracia y la gobernabilidad la relación entre políticos y actores ilegales, vale la pena preguntarle a los partidos y movimientos políticos si fueron lo suficientemente cuidadosos y responsables en el otorgamiento de avales; si estudiaron debidamente los antecedentes y condiciones de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular bajo el amparo de sus organizaciones; y si están dispuestos a responsabilizarse por quienes actuarán en su nombre.
El tiempo dirá si los avales otorgados por los partidos y movimientos políticos se enmarcaron dentro de un proceso serio, riguroso y responsable, o si por el contrario, desde las mismas organizaciones políticas se abrió la puerta para el ingreso a la vida de pública de intereses ilegítimos, corruptos o criminales.
08/24/2007
