Las campañas electorales en el Valle del Cauca están siendo amenazadas.
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Orden público
Valle bajo fuego
Con tres políticos asesinados y varios amenazados, las campañas en el Valle del Cauca están en máxima alerta buscando que guerrilla, Águilas negras y narcotraficantes, no las arrinconen.
“En cada discurso me juego la vida”, dice Antero Viveros un líder cívico del barrio Lleras de Buenaventura, que aspira llegar al concejo del puerto. Es difícil poner en duda sus palabras. Se trata de una ciudad en guerra donde paramilitares, narcos y guerrilla, tienen en jaque al Estado. Prueba de ello son los 130 muertos por cada 100.000 habitantes, que la ubica como la urbe más violenta del país. El temor de este candidato no es un caso aislado ni fruto de las condiciones particulares de su entorno. El problema es mayor si se tiene en cuenta que esta situación cada vez empieza a ser más común en otros municipios del departamento.
Sólo en el mes de julio fueron asesinados tres candidatos en Sevilla, Buga y Buenaventura. Otros tantos fueron amenazados como es el caso de Alba Leticia Chávez, candidata a la alcaldía de Yumbo, que prefirió no inscribirse pues teme por su vida o las amenazas que denunció Héctor Copete, aspirante a la alcaldía de Buenaventura, que le han impedido participar en actos públicos. Los violentos no han respetado ni a los funcionarios del propio gobierno departamental. Hace dos semanas Stella Domínguez, secretaria de educación del Valle, fue amedrentada por hombres armados mientras adelantaba una jornada pedagógica con los maestros en El Dovio. Cuando salía huyendo de este municipio, un camión trató de sacarla de la carretera.
Las autoridades ya conocen todos estos casos, pero hasta ahora no hay una respuesta clara sobre lo que está pasando en el Valle. Las alarmas están encendidas al punto que Griselda Restrepo, secretaria de Gobierno del departamento, advirtió que “existen denuncias por amenazas y muertes de candidatos en Yumbo, Palmira, Sevilla y Buga, por eso le pedimos a los aspirantes que sientan que no cuentan con las garantías de seguridad para ejercer su labor proselitista, que lo manifiesten, con el fin de hacer los estudios pertinentes”.
Su anuncio no es el único que por estos días sorprende a los vallecaucanos. Desde la casa de Nariño, sede del gobierno nacional, se emitió una directiva el pasado viernes 10 de agosto, exigiéndole a las Fuerzas Militares evaluar la situación de orden público y establecer zonas de alto riesgo. En la misma instrucción se indica que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, será el responsable de hacer los estudios de seguridad para los candidatos. ¿Qué poderes están tras las amenazas y los asesinatos de aspirantes y políticos en el Valle?
La respuesta parece tenerla Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior y Justicia, quien dijo al término de una reunión que sostuvo hace un par de semanas con los delegados de la Registraduría y los organismos de seguridad de los tres departamentos del suroccidente del país, que “mediante la intimidación a candidatos y la financiación de algunas campañas, guerrilla y narcotraficantes estarían tratando de interferir el proceso electoral en algunos municipios del Valle del Cauca”.
Según el funcionario, luego de evaluar la situación en la región se concluye que “hay problemas serios en la zona del norte del departamento y Buenaventura, sobre los cuales ya están trabajando los organismos de seguridad. Hay algunas amenazas, posible injerencia de dineros de procedencia ilícita y actuación de sectores del narcotráfico y de la guerrilla en algunos municipios de Valle del Cauca”, precisó Holguín.
Pese a los anuncios del ministro Holguín sobre las acciones de la fuerza pública y las garantías para el proceso electoral, la realidad en los rincones del Valle es otra bien distinta. “Hay zonas vetadas, donde sólo algunos candidatos pueden hacer proselitismo, y esto coincide con el predominio de los grupos armados ilegales. Por ejemplo, al norte sólo pueden ir los candidatos que son bien recibidos por los brazos armados del narcotráfico, los Machos y los Rastrojos, sobre la parte alta de las cordilleras hacen campaña los que no incomodan a la guerrilla. En el centro del Valle, donde están los paramilitares, y en el litoral pacífico, las cosas son más confusas, pero el riesgo es inminente”, señaló a Votebien un miembro de la inteligencia del ejército que pidió la reserva de su identidad.
El secreto a voces sobre lo que sucede en el Valle se ha ido develando poco a poco, no sólo por los anuncios del ministro del Interior y Justicia, sino por la denuncia que hiciera Angelino Garzón, gobernador del departamento. “Hay interferencia de varios actores, entre ellos las Farc, pero son el narcotráfico y las Águilas negras quienes más volumen de intimidación han conseguido hasta ahora”, dijo Garzón.
El burgomaestre preciso que las llamadas Águilas Negras están conformadas por desmovilizados de las autodefensas, que hoy están al servicio del narcotráfico, y aseguró que éstas operan en el Valle en más de nueve municipios. “El paramilitarismo en Colombia no ha desaparecido. Eso se refleja en la reorganización de los grupos ilegales. En el Valle esa aparición se viene dando desde finales del año pasado y principios de este”, indicó el mandatario Seccional. Garzón también afirmó que el rearme paramilitar se siente fuerte en Palmira, Pradera, Florida, Tuluá, San Pedro, Buga, Zarzal, Trujillo y El Dovio. “Esta es una información que hemos recogido sin necesidad de grandes despliegues de inteligencia, sólo hablando con los mismos pobladores de los municipios, que son los más afectados con lo que ven y tienen que callar por miedo”, dijo Garzón a los medios locales.
Sus declaraciones encendieron la polémica pues para varios alcaldes de los municipios mencionados fueron sorpresivas. Aseguran ellos que sólo se trata de rumores y no existen hechos que demuestren esa presencia. El coronel Ricardo Restrepo, comandante de la policía de Valle, afirmó que no tiene conocimiento de paramilitares en la región, “no hay hechos concretos que puedan confirmar esa información”, acotó el alto oficial.
Sin embargo, Garzón se sostuvo en sus señalamientos y fue más allá, aseverando que varios dirigentes sindicales e incluso del magisterio han denunciado que están siendo amenazados por estas organizaciones paramilitares. “Las autoridades militares, de Policía, organismos de seguridad y de justicia, deben enfrentar decididamente estas manifestaciones”, exigió el gobernador. En ese sentido le solicitó al alto gobierno fortalecer el pie de fuerza en zonas como el cañón de Garrapatas y Buenaventura, además de realizar las respectivas investigaciones ante la ola de denuncias.
Pese a los anuncios del alto gobierno en torno a que brindará garantías suficientes para el proceso electoral en el Valle, el ambiente de zozobra en varios municipios de la región, crece día a día. Más, luego de los primeros asesinatos de candidatos.
08/24/2007 VOTEBIEN.COM
