Veedurías
El papel aguanta todo

La proliferación de esfuerzos para blindar estas elecciones no impedirá que los tramposos hagan lo suyo si los ciudadanos y los partidos no se ponen la camiseta.

En el país ideal, ni los gobernadores ni los congresistas tienen vínculos con grupos al margen de la ley. Tampoco, los políticos llegan al poder por haberles regalado tejas y mercado a los votantes. Y mucho menos, los narcotraficantes financian candidatos que después le pagan el favor haciéndose los de la vista gorda frente a sus negocios. Está claro que Colombia dista de ser este país ideal. Los tramposos aún gozan de gran libertad e impunidad para sus fechorías y a la hora de responder, políticos y partidos se lavan las manos.

Es estas elecciones la historia podría cambiar -al menos un poco- por cuenta de algunas iniciativas de organizaciones civiles, de los medios de comunicación y del gobierno mismo que buscan transparentar el proceso. Todas son bien intencionadas y echan mano de los recursos disponibles para comprometer a los candidatos y, sobre todo, a los partidos, a jugar limpio. La inquietud es si serán realmente efectivas.

Quizás la iniciativa más fuerte es la Misión de Observación Electoral (MOE), una agrupación de organizaciones civiles e internacionales que a través de tres estrategias hace un gran esfuerzo a favor de la democracia: El principal es tener por lo menos diez mil veedores en todo el país que le harán seguimiento a juego limpio de los candidatos. También están publicando unos mapas de riesgo que llaman la atención sobre regiones con alta posibilidad de fraude o constreñimiento, entre otras variables, y además son los promotores de un pacto de transparencia que ya firmaron los 16 partidos. En este último, los partidos políticos se comprometen a rechazar la violencia para hacer política, a hacer una campaña libre de injurias y ataques contra los demás candidatos y partidos, y a hacer público el financiamiento de sus candidatos antes de las elecciones.

La otra gran iniciativa es por cuenta del gobierno, con el proyecto ‘Voto Limpio’. Por un lado, busca comprometer a los alcaldes y gobernadores a que no utilicen recursos ni bienes públicos para política. Y por otro los insta a que reporten toda queja o denuncia que llegan a sus despachos sobre delitos electorales. Los 32 gobernadores del país ya firmaron el compromiso y hasta el momento lo han hecho 648 alcaldes municipales de un total de 1099.

También comprometió a los partidos a los 14 partidos firmantes (el Partido Liberal y el Polo se negaron aduciendo que están en la Oposición) a ponerle como condición a sus candidatos que antes de inscribirse entregaran una declaración juramentada ante notario en la que certifiquen no tener alianzas con organizaciones criminales, ni haber recibido financiamiento ilícito.

Hay otros esfuerzos regionales. Por ejemplo en Caldas y Valle del Cauca también hay pactos de organizaciones locales que comprometen a los candidatos a portarse bien. Así mismo, universidades en Pereira y Cali, para citar algunos casos, hay observatorios que siguen de cerca el proceso electoral.

Hay iniciativas que van más allá, como el caso del aplicativo que la organización Transparencia por Colombia le donó al Consejo Nacional Electoral para que los candidatos organicen mejor sus cuentas a la hora de presentarlas al Fondo de Campañas.

A la hora de la firma de todos estos compromisos los políticos y los representantes de los partidos aparecen sonrientes y orgullosos en las fotos. Pero a la hora de cumplir, no se les ve tan diligentes. Por lo menos eso parece con por lo menos tres hechos recientes que tienen que ver con los compromisos que adquirieron.

El primero de ellos tiene que ver con lo acordado con Voto Limpio ¿Será que en los partidos firmantes tienen las declaraciones juramentadas de cada uno de sus cerca de 67 mil candidatos? Es poco probable. Y eso lo sabe el gobierno. “Sin hacer un sondeo entre los partidos, creemos que este compromiso no se cumplió del todo”, le dijo a Votebien la viceministra del Interior, Maria Isabel Nieto.

Otro hecho es el silencio de la mayoría de los partidos luego que se conoció el listado de los 269 candidatos inhabilitados por situaciones penales, disciplinarias y fiscales, donde ninguno de los 16 partidos se salvó de tener candidatos inhabilitados. La respuesta de los partidos frente a sus candidatos con problemas, vino en la mayoría de los casos como reacción a la presión de la Procuraduría, la Registraduría, los medios de Comunicación y el mismo Gobierno. Al cierre de este artículo solo se habían manifestado el Partido Liberal (que le quitó el aval a los 16 candidatos que tenían antecedente penales y les dieron un plazo de un mes para que los diez candidatos con situaciones fiscales se pongan al día); Cambio Radical (que le quitó el aval a 17 candidatos); y Alas, que aparece en la lista de la Procuraduría con 28 candidatos, anunció que recibió la renuncia de 14 candidatos y espera que los otros 14 renuncien antes del viernes, de lo contrario les retirará el aval. Anuncios similares hizo la U y Cambio Radical. Hay que esperar que se concreten.

De otro lado está también el anuncio de la Contraloría, Procuraduría y de Planeación Nacional de tener mayores controles en la administración de los recursos del Sisben, con los que se subsidia la salud de los más pobres. ¿Acaso los gobernadores y alcaldes no se habían comprometido a no dar mal uso de los recursos públicos?

Esta última iniciativa, aunque con una motivación positiva, no deja de ser un tanto exótica pues es una verdad de Perogrullo que los funcionarios no deben utilizar los recursos públicos para hacer política. “Es cierto que lo que contempla el pacto está en la ley, pero lo que se busca es hacerlo más evidente y que los funcionarios no tengan como excusa que no sabían que ese era un delito”, explicó Nieto.

¿Puro tilín tilín?

Pese a que pareciera que el cumplimiento de los compromisos está por ahora demorado (en la más optimista de las interpretaciones), no está todo perdido.

En la práctica recién comienza la etapa dura del periodo electoral, y los partidos y políticos firmantes aún están a tiempo de cumplir. De no funcionar estas iniciativas, sólo ellos serán los responsables.

Por su parte quienes han participado de la convocatoria de estos pactos, deben velar e instar para que se cumplan, y con la misma energía con que han convocado, presentar a quienes cumplen y a los que no lo hacen. Así se hizo con los inhabilitados y esto ya empieza a arrojar resultados.

Las medidas para acompañar los pactos resultan muy convenientes. Por ejemplo el gobierno ayudó en la conformación de la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel). Instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral, entre otras, que antes estaban desligadas, pero que tenían funciones concretas frente al fraude electoral. Ahora se unieron para canalizar las denuncias y procesarlas. Su existencia supone que habrá una mayor eficiencia a la hora de tramitar las denuncias sobre delitos electorales. Ahora los colombianos tendrán que marcar solo un número (el 01 800 912 005) para hacer denuncias contra funcionarios públicos haciendo proselitismo, presión de grupos armados, trashumancia, inscripción irregular de cédulas y candidatos con vínculos sospechosos, entre otras irregularidades.

Las múltiples iniciativas demuestran que hay un interés por parte de diversos actores para que estas elecciones estén libres de los vicios tradicionales. Solo hay un antecedente de un esfuerzo así. En las elecciones del 98, después del escándalo del 8.000, algunas organizaciones como la Fundación Social, la Conferencia Episcopal y la Andi se unieron al diario El Tiempo para seguir la financiación de los candidatos a la presidencia que sucederían a Ernesto Samper. Pero después de esto el impulso se acabó y hasta ahora, cuando resultó otra coyuntura similar, los veedores volvieron a cobrar vigencia.

No hay la menor duda del aporte que hacen. Pero no por eso los colombianos pueden creer que todo estará resuelto. Los alcances de estas iniciativas son mínimos sin la voluntad de los partidos políticos y el seguimiento de los ciudadanos, quienes tendrán que informarse sobre los resultados de estos procesos antes de votar. “Lo peor que podría pasar es que se crea que estas elecciones serán perfectas”, advierte la politóloga Elisabeth Ungar, por lo que recomienda no dormirse en los laureles.

De nada sirve que la MOE haga unos mapas para mostrar cuáles son los municipios del país en riesgo de fraude, si los organismos de control no toman las medidas de caso para evitar los fraudes y los tramposos se inventan nuevas formas de fraude para saltarse los controles.

Así mismo, no hay pactos que valgan si los principales jugadores de estas elecciones, los partidos, no llevan a la práctica a lo que se comprometieron en el papel y velan por el juego limpio. Depende de ellos. No hay ninguna ley ni sanción que los obligue a cumplir. “Al firmar nuestro pacto los partidos adquirieron de manera voluntaria un compromiso ético con la ciudadanía. Y así mismo, de manera voluntaria, esperamos que lo cumplan. Si no, la MOE les va a recordar en qué están fallando y finalmente serán los ciudadanos los que se enteren de esto”, explicó por su parte Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Igual pasa con el aplicativo de Transparencia. Los partidos no están obligados a utilizarlo y, si lo prefieren, pueden mandar sus cuentas en la misma desorganización sospechosa en la que algunos suelen hacerlo. Pero esta decisión tendría poca presentación ante sus electores.

Todos estos proyectos son, por lo tanto, apenas un paso en la dirección correcta. Crearlos y comprometer a los partidos y funcionarios públicos es apenas el punto de partida. Lo que sigue es que efectivamente todos cumplan con lo que se comprometieron, y que, por otro lado, los ciudadanos verifiquen que así sea y con su voto le cobren a los candidatos y partidos incumplidos que con la seriedad con la que respondan demuestran si son de aquellos que se quedan sólo en promesas.

08/31/2007 VOTEBIEN.COM