
El popular juego del chance significa multimillonarios dividendos en todo el país. De allí que sea un tema obligado en campañas electorales.
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Financiación
El azar tras el poder
Las concesiones para el manejo del popular juego del chance son tema de campaña en medio país. Bajo la administración de los nuevos gobernadores se decidirá si se amplían automáticamente los contratos vigentes o se convoca a licitación para buscar la mejor oferta. Un tema que agita el ambiente electoral.
Cuando se habla del negocio del chance y la política, es casi imposible evitar que la primera imagen que llegue a la mente sea la de la empresaria Enilce López, conocida como ‘La Gata’. Esta mujer oriunda de Magangué, en Bolívar, forjó un verdadero imperio en la Costa Atlántica alrededor de ese negocio y su influencia llegó a tal nivel que le alcanzó para que una de las empresas de la que es socia se convirtiera en una de las principales financiadoras de la primera campaña a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Hoy está tras las rejas investigada por un caso de corrupción, pero gracias a su emporio se le endilga gran influencia en la política regional.
Este negocio en la costa Caribe y otras regiones del país, tiene sobre sí el estigma de ser considerada una de las actividades que utilizaron los paramilitares para lavar sus fortunas. Por los caudales de dinero que maneja en efectivo, esto no sólo les permitiría su actividad de blanqueo, sino que además sería la punta de lanza para lograr entrar con su control a grandes ciudades.
De ahí que ahora que por lo menos diez contratos para la concesión del chance están próximos a vencerse, la expectativa alrededor del negocio sea tan grande, mucho más en medio de la contienda electoral para elegir a las próximas autoridades locales. No se trata exclusivamente de la Costa Atlántica, donde ‘La Gata’ tiene su fortín sino de todo el país donde el juego del chance es una costumbre arraigada en las clases populares.
Votebien logró establecer que durante la administración de los gobernadores que serán elegidos el próximo 28 de octubre, se tendrá que definir si se amplían los 24 contratos de concesión que hay en el país, o convocan a una licitación para buscar una mejor oferta. Sólo el próximo año serán diez los departamentos donde se tomará esta decisión. Y ya hay situaciones que generan inquietud.
Los casos más críticos son los de los departamentos de Guajira, Huila, Magdalena y Risaralda, donde los contratos vencen en el primer semestre de 2008 y los nuevos gobernadores tendrán en sus manos el futuro de estos multimillonarios negocios. Será una de sus primeras decisiones de gobierno.
No es una renta despreciable. El año pasado, los chanceros lograron acumular ganancias por 1.7 billones de pesos en 24 departamentos. El 12 por ciento de estos recursos, 205 mil millones de pesos, se destinaron a la salud, y el pago por el impuesto a las ventas alcanzó los 90 mil millones de pesos.
Estas cifras son motivo suficiente para que las alarmas estén encendidas alrededor de cómo el poder local del chance, puede inclinar la balanza en las elecciones próximas. El tema de las concesiones ha subido a las tarimas y especialmente se dice que está en las negociaciones bajo las mesas.
Las primeras señales vienen del Cesar. Es tanta la inquietud alrededor del tema que en este departamento donde la concesión apenas comenzó este año, que se generó una controversia en torno a la renuncia de un candidato.
A Guillermo Castro Daza, el candidato de la U a la Gobernación, le tocó salir a aclarar los rumores que se paseaban por toda la ciudad sobre el supuesto trueque de su renuncia y adhesión al candidato del Movimiento Político Independiente Libres, Arturo Rafael Calderón Rivadeneira, a cambio de una supuesta participación en el negocio del chance de la ciudad. Según él, decidió apartarse de la campaña por similitudes ideológicas y no por alguna clase de trato.
En el Quindío, uno de los dueños del negocio es candidato a la gobernación, y una de sus sobrinas es candidata a la alcaldía de Armenia. Para los otros candidatos representa una difícil competencia por la cantidad de recursos que se manejan en campaña. Para gobernador está postulado Julio César López Espinoza, del partido “Por un Quindío para todos”, a quien llaman en el departamento el ‘rey del bazuco electrónico’, en referencia a los juegos electrónicos o ‘maquinitas’. Y para la alcaldía de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, representando al Partido Liberal. Los dos candidatos están avalados por diferentes partidos, pero en la ciudad y el departamento es claro que están cubiertos por el mismo patrocinador: la empresa del chance.
Hay otros casos, en que son los actuales gobernadores quienes están determinando el futuro de las concesiones. En La Guajira, por ejemplo, el contrato de concesión vence en febrero próximo y por ello ya deberían estar listos los términos de referencia para la próxima licitación. Sin embargo, el tema se ha dilatado y parece ya una decisión que será una tarea del próximo gobernador.
El caso contrario ocurrió en Caquetá, donde el gobernador Juan Carlos Claros, declaró la terminación unilateral del contrato de concesión de la empresa Apuestas Unidas del Caquetá Ltda. El motivo que esgrimió Claros fue la necesidad de liquidar la Lotería del Caquetá y con ella todos sus activos y pasivos. Sin embargo, para Feceazar, el gremio que une a las empresas chanceras del país, es un atropello al concesionario y es claro que la forma como se ha manejado el tema no deja de generar suspicacias. Según ellos, en lugar de terminar el contrato, el gobernador hubiera podido hacer que Apuestas Unidas girara directamente a la dirección seccional de salud ó hacer una cesión de contrato para el proceso de recaudación.
Los representantes de la empresa de chance están buscando mecanismos para revocar la medida de la administración o, de lo contrario, demandarán por daños y prejuicios. La indemnización estaría cerca a los diez mil millones de pesos, una cifra que repercutiría de manera negativa en las finanzas departamentales.
En este caso la pregunta es por qué Claros apresura la nueva licitación de un contrato que vale 3.378 millones de pesos en plena campaña electoral.
Baltazar Medina, presidente de Feceazar, agremiación que reúne a las empresas concesionarias de apuestas y juegos de azar, es enfático en que jurídicamente el proceso de contratación de las concesiones está blindado y cualquier expectativa que se genere será muy difícil de cumplir. Para el representante de los chanceros, los ofrecimientos que se puedan hacer en torno al negocio del chance no son más que “triquilueñas políticas”.
Es claro que los negocios del chance han tenido influencia en la política del pasado y por ello fueron utilizados por quienes querían encubrir sus dineros ilegales en los volúmenes en efectivo que maneja el negocio. De ninguna manera se puede estigmatizar a todos los empresarios del sector que han demostrado su intención de legalizar y modernizar sus negocios, pero por los antecedentes es indispensable que las autoridades estén alertas sobre cómo los apoyos de estos comerciantes pueden inclinar la balanza hacia algún candidato.
07/09/2007 VOTEBIEN