Colombia: clientelismo vs. participación civil

Por: María Teresa Ronderos.*

En esta campaña electoral para elegir autoridades locales se puede apreciar con una nitidez pocas veces vista la gran paradoja de la democracia de Colombia, antigua y estable pero a la vez corroída y obsoleta.

En el país profundo, de tugurios y poblados rurales atrasados, los ciudadanos sienten que sus gobernadores y alcaldes ya están elegidos de antemano por los políticos de siempre, que cosechan en elecciones la repartija que han hecho entre sus clientelas de cargos y contratos y trafican descaradamente con las necesidades de la gente pobre, comprándoles su voto por un mercado o unas medicinas. Es el círculo perverso del clientelismo: entre peores gobernantes son, la gente tiene menos acceso a los servicios básicos y peor calidad de vida, y más debe recurrir a ellos para que les resuelvan sus problemas con favores personales.

A ese viejo vicio de las clientelas se le ha sumado en los últimos años el de la violencia. Ya hoy sabemos que en las últimas tres elecciones -2002, 2003 y 2006- ha habido injerencia de guerrillas y, sobre todo, de paramilitares. Decenas de políticos de la Costa Caribe, y algunos al oriente del país, hicieron alianzas secretas con jefes paramilitares para que, a punta de amenazas y de fusil, prohibieran a sus críticos participar en el certamen; también amedrentaron a los ciudadanos y los obligaran a votar por ellos. Hoy hay 15 congresistas, dos ex gobernadores y muchos otros ex alcaldes y ex concejales y diputados presos por esta razón.

En un análisis minucioso que hizo la Misión de Observación Electoral (MOE) de estas elecciones anteriores, descubrió que en 328 municipios, casi una tercera parte de los que tiene el país, hubo pruebas de fraude electoral. El riesgo de trampa en estas elecciones persiste. Siguen las presiones armadas a muchos candidatos que han tenido que retirarse. Tanto así que a escasos 15 días de haberse iniciado oficialmente la campaña, ya han sido asesinados 50 aspirantes a diferentes cargos.

Varios políticos continúan manejando la campaña desde la cárcel. En Sucre, uno de los departamentos donde los paramilitares causaron sufrimientos enormes a la población con masacres y desplazamientos forzados, claramente con la complicidad de los políticos tradicionales, ya se comenta a viva voz acerca del Pacto de la Picota (la prisión nacional en Bogotá en la que están presos varios políticos), gracias al que se han designado quiénes serán los elegidos en octubre próximo.

Y las mismas autoridades de control han hecho pública una lista de 269 candidatos a las elecciones de octubre próximo que están inhabilitados para ocupar cargos públicos porque han recibido sanciones penales, disciplinarias, fiscales o porque han perdido su investidura en cargos anteriores. La ley dejó un ostensible vacío que permite que estas personas condenadas se presenten a las elecciones y las ganen. Luego vendrá una larga disputa judicial entre el Estado y ellos para lograr que no ocupen sus cargos.

*Asesora editorial de Semana.

09/10/2007 VOTEBIEN.COM