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Amazonas
Gobernador destituido quiere repetir
El candidato con más opción de llegar a la Gobernación del Amazonas ha sido investigado en por lo menos seis ocasiones durante los últimos años. Hoy tiene pendientes dos llamados a juicio y adicionalmente está inhabilitado para contratar con el Estado hasta finales de 2008.
Un candidato que no sólo ha sido investigado en múltiples ocasiones y tiene pendientes un par de juicios penales sino que además tiene en sus espaldas una destitución mientras fue gobernador, aspira hoy a repetir en ese cargo en el Amazonas. Su nombre no está en la lista de inhabilidades de la Procuraduría y por ello puede aspirar, pero a qué costo para un departamento con un alto endeudamiento y sus cuentas pignoradas por los próximos seis años?
Félix Francisco Acosta Soto tiene tras de sí una verdadera letanía de investigaciones penales y disciplinarias. La Corte Suprema de Justicia lo indagó por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público y la Fiscalía lo investigó por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes e interés ilícito de celebración de contratos. Por estas investigaciones no fue hallado culpable, pero está pendiente de dos juicios por enriquecimiento ilícito y fragmentación de contratos.
Por lo que sí fue encontrado responsable fue por sus malas contrataciones mientras fue gobernador, entre 1995 y 1998. La Procuraduría encontró que omitió licitaciones, realizó contrataciones no objetivas y poco transparentes y que sólo buscaba favorecer patrimonialmente al contratista. Por este hecho, la Procuraduría lo destituyó de su cargo como Gobernador y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta 2005. También está inhabilitado para contratar con el Estado hasta finales de 2008.
Acosta Soto es candidato a la Gobernación del Amazonas por el partido Convergencia Ciudadana. Siempre había representado al Partido Liberal, como Gobernador y como el primer alcalde elegido popularmente en Leticia; sin embargo, para las elecciones de octubre próximo ese partido le negó el aval. Pese a que es el candidato con más opción, son pocos los que en su región conocen de estas investigaciones en las que está involucrado su nombre.
Una de las investigaciones que más ha dado de qué hablar en Leticia ha sido la que la Corte Suprema de Justicia lleva en contra de Acosta Soto por fragmentación de contratos. Se trata de un contrato que dividió en 68 partes, con la excusa de cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, donde decía que era necesario aumentar las oportunidades de empleo. En este caso, ya la delegada de la Corte lo llamó a juicio y sólo está pendiente de la fecha de audiencia pública.
El largo historial de este hombre que aspira a llegar por segunda vez a manejar las riendas de la administración del Amazonas no le impide llegar a aspirar y ser elegido. En las listas de la Procuraduría no aparece su nombre, pues la única inhabilidad vigente es la de contratar con el Estado. Sin embargo, este no es el tema que más inquieta a los habitantes de Leticia. Para muchos de ellos es un malecón turístico que comenzó a construirse hace doce años, con una inversión de cuatro mil millones de pesos, que sólo muestra unos bultos de arena sobre la orilla del río.
Si Acosta Soto fuera elegido como gobernador, según la Procuraduría, sería posible demandar la elección por su inhabilidad para contratar. Para que este trámite no se demore los cuatro años de administración se puede realizar un proceso verbal abreviado que puede tardar una semana y que permite la suspensión temporal del demandado, mientras se produce una decisión definitiva.
Votebien.com buscó durante varios días al candidato Acosta Soto para conocer su posición frente a la polémica que despierta su candidatura, y para tener más detalles de los procesos, pero no obtuvo respuesta a los múltiples mensajes que dejó en su celular. De igual forma, buscó sin éxito una reacción del partido Convergencia Ciudadana.
En Amazonas son cinco los candidatos a la Gobernación. Quien gane en las elecciones de octubre tendrá el reto de manejar el departamento sin mayores recursos, pues las cuentas se encuentran pignoradas hasta el 2014; el departamento se encuentra en Ley 550 o de reestructuración administrativa y ni un sueldo se paga sin autorización del Ministerio de Hacienda. Pero también tendrá en sus manos millonarios proyectos sociales y ambientales que realizarán en la región los gobiernos de Colombia y Brasil e importantes obras que se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo.
09/14/2007 VOTEBIEN.COM