Opinión
Elecciones en la región Caribe 2007

Por:Weildler Guerra Curvelo*

Gran parte de los habitantes del país sigue con atención el curso que pueda tomar el proceso electoral de octubre en la Región Caribe. Se espera, quizás, que marque un cambio de rumbo en las prácticas políticas no solo en los siete departamentos continentales, sino en otras zonas de riesgo electoral en el país. Cerca de nueve millones de colombianos allí asentados miran con incertidumbre su futuro y este sentimiento se origina tanto en las tensiones sociales y ambientales derivadas del modelo económico predominante, como de la débil vigencia de reglas de juego democráticas, la inequidad en materia de derechos fundamentales y las amenazas que se ciernen sobre la existencia y continuidad de la región misma como referente territorial.

El destape de la estrecha relación de algunas elites políticas subregionales con grupos armados ilegales ha estimulado la generación de estereotipos que se originan en ocasiones desde el centro del país y, en otras, desde la misma región. De esta manera las posiciones de algunos sectores sociales del Caribe colombiano sobre el tema oscilan entre no aceptar ninguna responsabilidad de la dirigencia regional y culpar al centro del país por lo sucedido, hasta la extrema autoflagelación que excluye a aquel de toda responsabilidad.

En términos ideales se esperaba, al menos, un amplio proceso de reflexión y contrición de los distintos actores sociales, políticos y económicos involucrados. Pudo obtenerse una respuesta más vigorosa de censura de parte de la sociedad regional para castigar estos comportamientos atroces y, en consecuencia, haberse propiciado un proceso de renovación de dichas elites con la aparición de figuras políticas innovadoras que contasen con posibilidades de éxito electoral.

No ocurrió así. Es altamente probable que en algunos de los departamentos caribeños pragmáticos y experimentados barones electorales ocupen dichos espacios de renovación y se de un salto hacia tiempos ya olvidados. En otros, cuadros de reserva de menor perfil que sus antecesores encarcelados mantendrán, sin duda, el control de alcaldías y gobernaciones. Suspendido, al menos provisionalmente, el proyecto de un completo control político regional algunos clientelistas armados están interesados en la consolidación de órdenes locales autoritarios y tienen la mira puesta en varias gobernaciones como en algunas capitales departamentales.

¿Por que no se produjo entonces la esperada reacción de la sociedad regional del caribe continental frente a esta deformación de las instituciones? Podrían ensayarse diversas respuestas. Se ha hablado con fundamento de la debilidad histórica de la economía regional y del carácter premoderno de las organizaciones y prácticas políticas . Sin embargo, es probable que muchos habitantes de este territorio tengan la percepción de que la continuidad de este complejo y vigoroso fenómeno, escapa a la sola voluntad regional.

En diversos sectores existe la convicción de que el paramilitarismo no es exclusivo de nuestra región, no tuvo su origen en ella y es mucho más que un simple componente de una estrategia antisubversiva. Es visto como una herramienta de un proyecto homogenizante de país, estimulado desde una variante montaraz del centro, que en asocio con algunas élites subregionales, pretende imponer su propia definición económica, cultural, geográfica y política de modernidad y de colombianidad. En este proceso de uniformidad nacional las diversas comunidades del Caribe no solo perciben armas sino sutiles elementos de violencia simbólica como ponchos y cabalgatas.

La posible coacción de los grupos armados no es la única ni principal barrera para que se desencadene un proceso renovador. Los efectos deformadores de un clientelismo flexible y, en ocasiones, creativo desestimulan la participación política de importantes sectores sociales. Los financiadores profesionales de las campañas desquilibran las oportunidades de nuevos lideres provenientes de la academia, la cultura, el sector empresarial o de variadas organizaciones sociales. Prácticas electorales de antiguo arraigo están vivas en la región: suplantación de electores, trasteo de sufragantes, empleo de dineros ilícitos y compras de votos, entre otras.

De lo anteriormente expuesto se derivan, entre otras, dos graves consecuencias para los habitantes del Caribe Colombiano, La primera de ellas es que las instituciones formales en gran parte de la región seguirán siendo ineficientes. En la mirada clientelista, como ha dicho Duarte (2003) , una institución es eficaz solo si es útil a los propósitos políticos del grupo que la controla, no porque cumpla sus objetivos sociales e institucionales; en segundo lugar, la existencia de ordenes sociales autoritarios priva a muchos habitantes del caribe colombiano de los derechos y libertades de los que otros habitantes del mismo Estado Nación disfrutan sin problemas.

No todo es, sin embargo, desolador. Departamentos como el Atlántico se destacaron este año a nivel nacional por su excelente desempeño fiscal como resultado de una acertada gestión y también por un acumulado histórico de buenos manejos iniciado en 1992. Es deseable que esas conquistas tengan continuidad. En Cartagena y otras ciudades capitales se presentan candidaturas cívicas o ambientalistas que enriquecen las opciones disponibles para los electores

El Caribe colombiano debe ser visto también como una reserva de la imaginación. Más allá de la simple descalificación moral sobre el clientelismo y el paramilitarismo se requiere entender desde las ciencias sociales sus complejas dinámicas y conexiones para actuar sobre estos fenómenos como ya lo hacen aplicados investigadores oriundos de la región . Por todo ello es deseable que la mayoría de sus ciudadanos pueda constituirse en octubre en parte activa y crítica de cualquier enfoque unidimensional y autoritario sobre su bienestar, su democracia y su libertad.

*Antropólogo e Investigador regional

09/24/2007 VOTEBIEN.COM