¿Cómo votar bien sin información sobre resultados en las entidades territoriales?

Por: Alberto Maldonado Copello

A pesar de los notorios avances en la gestión pública todavía las entidades territoriales están lejos de ofrecer a la ciudadanía un enfoque de gestión orientada hacia resultados en el cual se indique claramente cuál era la situación inicial y cuáles los logros alcanzados en cada una de las competencias a su cargo. Esta situación hace que sea muy difícil tener un conocimiento medianamente razonable sobre el verdadero alcance de la gestión de un alcalde o gobernador. Con frecuencia en sus informes de gestión y en sus ejercicios de rendición de cuentas es común que se presente una enorme lista de realizaciones en cuanto a productos y obras realizadas, pero ningún dato en concreto sobre el mejoramiento de las condiciones de vida o la reducción de la pobreza de sus habitantes. Por ejemplo, se ofrece información sobre el mantenimiento o dotación de las escuelas, o sobre la construcción de vías, pero ningún dato sobre la cobertura o la calidad educativa, o sobre la reducción en los tiempos de viaje. Esto ocurre incluso en las ciudades mayores donde a pesar de los grandes avances que es preciso reconocer, todavía los planes de desarrollo y los presupuestos tienen muchos más indicadores de acciones que de resultados.

Para votar bien es necesario solicitar a los candidatos que se presenten sus compromisos con referencia a metas con indicadores concretos. Esto no es nada novedoso pero desafortunadamente no se pone en práctica. En cada uno de los sectores y competencias principales ya existen indicadores para verificar los compromisos y los resultados, hace falta es usarlos. En concreto, ¿qué debería pedirse a un candidato? Que se refiera a indicadores como los siguientes:

Educación:
*Tasa de cobertura de la educación básica y media.
*Calidad según pruebas del ICFES y pruebas saber.

Salud:
*Tasa de cobertura de la afiliación al régimen subsidiado.
*Razón de mortalidad materna.
*Razón de mortalidad infantil.

Agua potable:
*Tasa de cobertura de acueducto.
*Tasa de cobertura de alcantarillado.
*Tasa de cobertura del servicio de aseo.

Infraestructura vial:
* Proporción de vías pavimentadas.
*Tiempos de viaje.

Estos son tan sólo algunos ejemplos pero en cada uno de los sectores a cargo de los municipios y departamentos existen o es posible construir indicadores que reflejen la situación actual y sirvan para conocer las metas que se fijan los candidatos. Según las disposiciones legales vigentes en estos sectores, todos los municipios y departamentos deben recopilar y organizar estadísticas sobre su desempeño que sirvan para que la ciudadanía pueda evaluar su gestión.

El papel del gobierno nacional para un mejor voto territorial

El gobierno nacional puede contribuir enormemente a mejorar la calidad de la votación territorial ofreciendo información comparativa sobre el desempeño de los municipios y departamentos. De este modo un ciudadano podría verificar cómo se encuentra su municipio en cobertura de acueducto en comparación con municipios similares y tener elementos de juicio para tomar su decisión con respecto a los candidatos.

Sin embargo, la nación no está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones legales en esta materia. Veamos algunos ejemplos.

La ley 617 de 2000 determinó en su artículo 79 que el Departamento Nacional de Planeación se encargaría de divulgar por lo menos una vez al año los resultados de la evaluación de la gestión territorial, con el fin de facilitar el control social. El DNP ha venido elaborando y divulgando el indicador de desempeño fiscal, lo cual es un insumo muy valioso y es preciso reconocer el esfuerzo realizado en este campo. Sin embargo, a la fecha, no ha publicado el primer informe sobre el desempeño integral de las entidades territoriales, que permita a los ciudadanos comparar la situación de sus municipios y departamentos.

En parte esto se debe a que el DNP solo recientemente inició la recopilación de información para construir este indicador; sin embargo, actualmente cuenta con la información para los años 2004 y 2005 y está procesando los datos para 2006, pero no los divulga a la opinión pública. Tenemos de este modo que uno de los bienes públicos por excelencia termina siendo apropiado y utilizado solamente por unos cuantos funcionarios y se le niega a la ciudadanía el derecho a información útil para controlar la gestión territorial y para ejercer en forma más responsable su derecho al voto.

De otra parte, la ley 715 de 2001, en su artículo 93 , ordenó la creación de un sistema de información territorial, coordinado por el DNP, la participación de los Ministerios con mayores recursos en el sistema general de participaciones y el apoyo del DANE y el Ministerio de Hacienda. A la fecha, tal sistema no existe, aunque cada sector y Ministerio ha venido haciendo esfuerzos particulares. Sin embargo, estas entidades no ofrecen a la ciudadanía información de fácil consulta que les permita comparar la situación de su municipio con otros municipios en materia de coberturas en educación, salud o agua potable. Por tanto, tenemos una situación en la cual el Gobierno Nacional no cumple con los mandatos legales en materia de información territorial y priva a la opinión pública de uno de los insumos principales para orientar su participación política y ciudadana.

09/28/2007